La adicción compulsiva del Gobierno de Rajoy a los decretos leyes
A Mariano Rajoy parece no bastarle con tener mayoría absoluta: prefiere legislar por decreto. Su Ejecutivo ha conseguido igualar un récord histórico: 26 decretos ley en lo que va de año. El récord hasta ahora correspondía al año 1982, cuando se firmaron el mismo número de decretos. En realidad el Gobierno lleva firmados 27 porque, pese a tomar posesión el 22 de diciembre, al recién constituido consejo de ministros le dio tiempo a firmar su primer decreto ley en su primera reunión. Toda una señal del camino que iba a seguir.
La cifra de Rajoy es más significativa que la de 1982 por tres motivos. El primero, porque la cifra de 1982 la sumaron dos Gobiernos diferentes: el de Calvo Sotelo que firmó 21 decretos ley hasta el 28 de octubre, y el de Felipe González, que firmó cinco más hasta el fin del año.
El segundo motivo que da relevancia a la cifra es que el Gobierno de Rajoy ha conseguido igualar el récord en poco más de nueve meses, por lo que todavía quedan casi tres meses más para superar la marca. En total, y si los días festivos no lo remedian, quince semanas con sus quince posibles consejos de ministros. Quince oportunidades para que el Ejecutivo se supere a sí mismo.
El tercer motivo es realmente el más relevante: la abultada cifra de reales decretos ley se produce con una amplia mayoría absoluta en el Parlamento. Un real decreto ley en manos de un Gobierno con mayoría absoluta es un recurso casi impropio de la democracia: el Gobierno decreta algo y, cuando la medida llega al Congreso, sólo tiene que hacer uso de su mayoría absoluta para validar la nueva ley. Sin debate, ni enmiendas, ni discusión posible.
Según el artículo 86 de la Constitución, los reales decretos leyes se reservan para “casos de extraordinaria y urgente necesidad” ya que son herramientas legislativas muy poderosas: el Gobierno legisla directamente, sin debate ni enmiendas en el Congreso, que deberá en cualquier caso aprobar el texto. Esa garantía es útil en Gobiernos con mayoría simple, ya que un Congreso en el que se está en minoría puede tumbar el decreto ley no apoyándolo y obligando al Ejecutivo a tramitar el texto por la vía convencional, pasando por el Senado y, en caso necesario, volver al Congreso.
¿Cuáles son esos motivos “extraordinarios” y “de urgente necesidad”? El Gobierno insistió durante sus primeros meses de mandato en la necesidad de tomar medidas rápidas y efectivas para paliar los efectos de la crisis, pero los datos no han mejorado: la prima de riesgo española alcanzó máximos con este Gobierno y sólo bajó cuando las instituciones europeas se mostraron dispuestas a actuar, la cifra de parados no ha dejado de subir y se da por hecha la petición inminente de un rescate a Europa.
Mirados en contexto los datos son aún más reveladores. El Gobierno de Rajoy lleva en lo que va de año firmados más reales decretos ley de los que se firmaron en toda la segunda legislatura, la primera de González, que duró cuatro años en los que se firmaron 23, y la tercera legislatura, la segunda de González, que duró algo más de tres años y en la que se firmaron sólo 18. A poco que firmen más decretos alcanzarán en un sólo año al total de otras dos legislaturas: con dos más se igualaría la quinta, última de González y la más breve de la democracia, con dos años y nueve meses, y con cinco más se igualaría la cuarta legislatura, que duró casi cuatro años.
La de Rajoy es la cuarta mayoría absoluta de nuestra democracia, en diez legislaturas más la constituyente. Sólo una de las otras tres legislaturas con mayoría absoluta superan a la de Rajoy: la última de Aznar, y todo gracias a que en el último de sus cuatro años aprobó 20 reales decretos ley, ya que durante los tres años precedentes el ritmo había sido mucho más relajado: aprobó 9 en 2000, 7 en 2001 y otros 9 en 2002.
Al margen quedaría la legislatura constituyente, durante la que se redactó la Constitución, que tuvo en 1978 medio centenar de reales decretos ley motivados por el cambio de régimen, de estructuras y de sistema que vivía el país. En el lado contrario, hubo dos años en los que no se firmó ninguno: ni 1984 ni 1994, en ambos casos bajo Gobierno de Felipe González, conocieron decreto alguno.
