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La causa contra el fiscal general llega al Supremo

El juez rebaja al socio de Villarejo de un millón a 100.000 euros la fianza para salir de la cárcel

El comisario Villarejo en una imagen de la entrevista con Évole proporcionada por La Sexta

Pedro Águeda

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha rebajado a 100.000 euros la fianza de un millón impuesta a Rafael Redondo, socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, para salir de prisión, donde se encuentra desde el 6 de noviembre del pasado año por su presunta implicación en la denominada “Operación Tándem”.

De Egea adopta esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, con la que mantiene relevantes desacuerdos en la instrucción de la causa, y de la acusación popular, que ejerce Podemos.

Para el caso de que deposite dicha cantidad, el magistrado le impone como medidas cautelares las comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar domicilio y teléfono

En un auto, De Egea estima el recurso de la defensa de Redondo contra el auto del pasado mes de agosto en el que se le fijó una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel, mientras que rechaza los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y del partido político Podemos, que solicitaron que se le mantuviera en situación de prisión provisional incondicional.

Explica el instructor que las nuevas calificaciones jurídicas que esgrime el fiscal, como resultado del avance la de la investigación, se deducen de sus actividades anteriores a su detención, por lo que el argumento de la reiteración delictiva no puede ser un elemento para mantener la prisión provisional.

Añade que durante al tiempo que lleva Rafael Redondo en prisión provisional, las fuentes de prueba se encuentran bajo custodia policial y judicial, “por lo que en la actualidad no existe capacidad del investigado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba existentes en la causa”.

Respecto al riesgo de fuga, el juez De Egea ha valorado el arraigo personal, profesional y patrimonial del investigado, que además tiene bloqueadas sus cuentas y embargado todo su patrimonio, lo que desvirtúa ese riesgo de fuga.

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