Los refugiados rohinyás esperan que La Haya haga justicia y falle contra Birmania

Muchos de los rohinyás refugiados en Bangladesh esperan que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya haga justicia y reconozca, en la vista que comienza este martes, el presunto genocidio que el Ejército de Birmania (Myanmar) cometió contra esta minoría en 2016 y 2017.

La Corte inicia esta semana, entre el 10 y el 12 de diciembre, las audiencias del caso, después de que Gambia, un país de mayoría musulmana, al igual que la minoría rohinyá, presentara el pasado 11 de noviembre una denuncia contra Birmania por presunto genocidio y limpieza étnica, los crímenes internacionales más graves.

Al frente de la defensa de Birmania se situará la líder de facto del país y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi.

DESEANDO VOLVER

Mientras, en los campos de refugiados de la minoría en Bangladesh, los líderes rohinyás confían en que la CIJ contribuya a poner fin al sufrimiento de los que continúan en Birmania y permita regresar a los que salieron del país.

“Somos conscientes del juicio (en la CIJ), pero el problema sigue siendo que nuestra gente está sufriendo en Birmania, ya que han sido torturados duramente por los militares. Espero que el veredicto nos sea favorable”, dijo a Efe Mohammad Jubair, uno de los responsables de la Sociedad Rohinyá Arakan para la Paz y los Derechos Humanos.

“Si obtenemos justicia del tribunal, entonces volveremos a nuestro país”, aseveró Jubair.

Un deseo que comparte otro líder de la organización, Moulavi Abu Tayeb.

“Escuchamos que hay una causa en marcha contra nuestro país y Aung San Suu Kyi en un país extranjero. Escuchamos que se discutirá sobre nosotros. Esperamos conseguir justicia y rezamos a Dios por ello”, afirmó Tayeb.

Cerca de 900.000 rohinyás viven en campamentos de refugiados en el sureste de Bangladesh, entre ellos los alrededor de 745.000 -entre ellos más de 400.000 niños- que huyeron del estallido de violencia en Birmania el 25 de agosto de 2017, al que había precedido otro periodo de represión tras el 9 de octubre de 2016.

En ambos casos se produjo un operativo militar orquestado por el Ejército birmano en respuesta a presuntos ataques de un grupo insurgente rohinyá contra puestos policiales y fronterizos.

Una misión de investigación de la ONU vio en el operativo militar de 2017 un ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio.

Desde entonces han fracasado dos intentos de repatriar a los rohinyás, que se negaron a regresar a Birmania hasta que se les garantizara su seguridad y la ciudadanía birmana.

El Gobierno birmano, que no los reconoce como minoría, los califica de inmigrantes ilegales procedentes del vecino Bangladesh y les niega la ciudadanía.

OTRAS CAUSAS ABIERTAS CONTRA BIRMANIA

Entretanto, la presión internacional contra Birmania aumentó con otros dos procesos legales abiertos contra el país.

Uno de ellos fue abierto en la Corte Penal Internacional el pasado 14 de noviembre, que aprobó el inicio de una investigación completa sobre los presuntos crímenes contra la minoría rohinyá.

Y otro, presentado un día antes ante un tribunal argentino por parte de una organización rohinyá, que señala a San Suu Kyi como cómplice de la persecución contra los rohinyás.

Los casos abiertos contra Birmania por los ataques a la minoría no están, sin embargo, en boca de muchos de los refugiados en los campamentos en el sureste de Bangladesh, donde las autoridades locales los han ido aislando cada vez más, quedando poco a poco incomunicados del exterior.

Así, el pasado septiembre los operadores de telefonía móvil de Bangladesh cortaron internet por completo en los campamentos a petición de las autoridades, que justificaron la decisión como necesaria para mantener la seguridad.

Por el mismo motivo, el mes pasado las autoridades bangladesíes anunciaron que habían comenzado la construcción de vallas con alambre de espino alrededor de los campamentos rohinyás, una labor muy criticada al limitar el movimiento de los refugiados.

“Ninguno de nosotros conoce ningún caso. No hemos sido informados al respecto y no oímos nada sobre ningún caso”, aseguró a Efe Mohammad Amin desde uno de los masificados campamentos bangladesíes.

Azad Majumder