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Cuando un retrato oficial se convierte en un gasto inasumible
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá el próximo miércoles en el Congreso una proposición no de ley para limitar el coste de los retratos oficiales, que tradicionalmente se hacen los altos cargos al dejar sus puestos, e implantar “otros métodos de elaboración de dichas obras que resulten menos onerosos para el Estado”.
La iniciativa, que se votará en la Comisión de Cultura y que recoge Europa Press, se registró en septiembre de 2012, después de que se conociera que el cuadro el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos iba a costar 190.000 euros y que el que inmortalizará a José Bono como expresidente del Congreso asciende a 82.600.
Para la Izquierda Plural, el encargo de obras pictóricas “onerosas” en este momento de “recortes y restricciones económicas” genera un “evidente malestar” entre los ciudadanos. De hecho, recalcan que, tanto el mundo del arte como buena parte de la sociedad, han mostrado su “estupor” por el mantenimiento de esta costumbre.
La foto de Manuel Marín
A su juicio, “a estas alturas del siglo XXI”, la fotografía “resulta mucho más adecuada que un afectado y suntuoso retrato clavado en la pared de la institución de turno”. Argumentan que, siendo “más barata”, también serviría para mantener el “supuesto interés” documental y artístico, que en otros tiempos se le atribuyó al género del retrato “cortesano”.
Precisamente, el antecesor de Bono en la Presidencia del Congreso, el también socialista Manuel Marín optó por dejar su huella en la Galería de Presidentes del Palacio de la Carrera de San Jerónimo través de una fotografía que encargó a Cristina García Rodero y para la que se presupuestaron 24.780 euros, la tercera parte de lo que costará el de su sucesor.
Por todo ello, la Izquierda Plural intentará que el Congreso inste al Gobierno a “estudiar la posibilidad de racionalizar y reducir el capítulo de gastos destinado a la realización de retratos oficiales”. Su propuesta es que éste se reduzca “considerablemente”, que se limite el gasto dedicado a la producción de estos retratos y que se implanten “otros métodos de elaboración de dichas obras que resulten menos onerosos para el Estado”.
