Reportaje

San Chin Choon, un tal Anthony y la coartada fantasma de los comisionistas de las mascarillas

Pedro Águeda

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Demasiado obvio para que sea un invento, demasiado sospechoso para darlo por cierto, el papel de San Chin Choon en el caso mascarillas ha pasado de pintoresco a clave. ¿Existe el empresario malasio? Y si es así, ¿es en realidad quien ordena fabricar las mascarillas en China y paga las comisiones a Luis Medina y Alberto Luceño? El registro de la vivienda y la oficina de Luceño de la semana pasada intenta aclararlo.

Alberto Luceño alega que San Chin Choon, dueño de una empresa llamada Leno y con sede en Kuala Lumpur, fijó el precio del material vendido al Ayuntamiento, cobró y de ahí descontó una comisión para él y el “facilitador” de la operación, Luis Medina. Según esa tesis, rebatida por la Fiscalía, no hay estafa posible porque ni él ni Medina adulteraron el precio del material ni impusieron sus comisiones que dieron para comprar después coches deportivos, yates y hasta un piso de lujo en Pozuelo.

Lo cierto es que los 11 millones de euros de dinero público salieron de una cuenta del Ayuntamiento de Madrid en Bankinter a otra a nombre de la sociedad Leno, en el Malaya Banking Berghard. Y después, desde esa cuenta se realizaron transferencias a las de Luceño (5 millones) y Medina (1 millón) en España, según consta en la documentación del sumario. El Ayuntamiento nunca denunció la estafa, hasta que Anticorrupción interpuso la querella y se personó como perjudicado.

Hay demasiados aspectos de la tesis de Luceño que no cuadran a los investigadores. En su declaración ante el juez, el comisionista dijo que San Chin Choon no habla inglés y que solo le ha visto una vez, en 2018, cuando firmó supuestamente como agente exclusivo de Leno, hecho este que debería acreditar una documentación en la que según Fiscalía y juez se han falsificado firmas y fechas. 

En estos cuatro años, Luceño se ha relacionado con San Chin Choon a través de un tal “Anthony”, un ciudadano chino que sí habla inglés y que realmente no se llama así, pero que ha adoptado ese nombre pila anglosajón para, como es costumbre entre los nacionales del gigante asiático, facilitar su trato con los occidentales.

En Anthony pudiera residir la clave del misterio San Chin Choon, si es que el supuesto intermediario chino no se convierte, por contra, en un misterio adicional dentro del caso. Los registros de la casa y la empresa Takamaka arrojaron varias sorpresas, como la placa falsa del CNI que guardaba Luceño o la impresión de tarjetas de otros organismos, como la Dirección Nacional de Seguridad o la Policía Nacional. Pero también el hallazgo de un webchat con Anthoy del comisionista español, al que se investiga por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

¿Se referirán Luceño y Anthony a San Chin Choon en ese intercambio de mensajes? ¿Permitirá aclarar su contenido si el malasio es verdaderamente un empresario o un hombre de paja? Por el momento solo consta en el sumario el acta de registro con un inventario de lo que los agentes encontraron de posible utilidad para la investigación y el próximo martes está fijado en el juzgado el desprecinto de todo lo incautado el jueves 22 de septiembre. 

El escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción argumenta la necesidad de los registros a Luceño, el Ministerio Públicio reitera y amplía su posicionamiento sobre la estafa. El fiscal Luis Rodríguez Sol buscaba encontrar “mensajes intercambiados con los responsables de la empresa Leno que ayuden a comprender cuáles fueron las relaciones reales del investigado con ellos: si realmente él y el señor Medina eran agentes exclusivos o no de esa empresa, cómo se determinaron las comisiones que iban a cobrar, cómo se fijó la cantidad que se restituyó por la percepción de unos guantes de calidad inferior a la esperada, por qué se modificaron las comisiones inicialmente pactadas, etc…”

Pero la clave de la acusación fiscal a Medina y Luceño es mencionada por el fiscal a continuación: “Y, sobre todo, en qué medida el señor Luceño tergiversó esos datos [lo previamente acordado con fabricante y proveedor] en sus comunicaciones con los responsables del Ayuntamiento de Madrid, pues en esto habría consistido el engaño como elemento típico de la estafa”.

Esperando a San Chin Choon 19 meses

El caso mascarillas arrancó cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación en noviembre de 2020 a partir de un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), alertado a su vez por los bancos de los fuertes ingresos que de un golpe habían recibido Luceño y Medina. 

Seis meses después, en mayo de 2021, Anticorrupción se dirigió a las autoridades malasias para requerir por primera vez su cooperación para obtener la declaración de San Chin Choon, algo que reiteraron en noviembre de ese mismo año. Cuando el 31 de marzo de 2022, elDiario.es desveló la existencia de una investigación –secreta para todos menos para los investigados y el Ayuntamiento de Madrid–, la Fiscalía Anticorrupción aún esperaba una respuesta satisfactoria de Malasia. 

Para entonces, de la Fiscalía del país asiático había salido la respuesta a la petición española, aunque su recepción se produjo en abril. En el escrito, el jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la Fiscalíla de Malasia, Ramesh Gopalan, explicaba que había logrado localizar a San Chin Choon y requerido su colaboración, pero que éste se había acogido a su derecho a no declarar, de acuerdo a la legislación del país. 

Las 19 preguntas de Anticorrupción quedaban sin respuesta y la coartada de Luceño y Medina para intentar justificar sus comisiones y negar el engaño se desvanecía. Pero el pasado mes de julio, la cuenta de correo del juzgado número 47 de Madrid registró un mensaje en su bandeja de entrada que agigantó el misterio: alguien que se identificaba como el empresario malasio corregía a las autoridades de su país y aseguraba que había acudido a la policía malasia a contestar a las 19 preguntas.

El empresario aseguraba que su declaración “jurada” se produjo el 18 de abril de 2022, una fecha posterior a la respuesta enviada por el fiscal malasio a España. En su mensaje al juzgado, el presunto San Chin Choon decía no entender por qué esa declaración no fue remitida a España y añadía que había vuelto a declarar ante el mismo “comisario de juramentos”. En su mensaje al juzgado adjuntaba las 19 respuestas que supuestamente había dado a la comisión rogatoria de la Fiscalía Anticorrupción. 

En esas respuestas había explicación para todo lo que habían hecho Medina, Luceño y el propio San Chin Choon: el empresario malasio fijó el precio del material, pactó las comisiones con Luceño, Medina solo hizo de “facilitador” y la supuesta falsificación de firmas y fechas responde únicamente a un error con las plantillas. 

Si todo lo que San Chin Choon decía fuese verdad, no habría caso mascarillas. Pero a día de hoy, el juez Adolfo Carretero sigue refiriéndose a la persona que envió ese correo en julio como “presunto” San Chin Choon y los dos comisionistas españoles siguen imputados. El magistrado Adolfo Carretero ha advertido al remitente que si quiere declarar tiene que venir a España, que no va a organizar una videoconferencia desde Kuala Lumpur. San Chin Choon ha dicho que no puede desplazarse por “motivos laborales” y ha reiterado su ofrecimiento a acudir en fechas concretas a la delegación diplomática española, incapaz de acreditar en su caso si es quien dice ser.

Un remitente cuya “lengua materna” es el español, no el malasio

A la vuelta de las vacaciones de agosto, la Fiscalía Anticorrupción decidió intervenir en el embrollo. El fiscal Luis Rodríguez Sol redactó un escrito al juzgado solicitando la entrada y registro del domicilio y una de las empresas de Alberto Luceño en busca de la verdad sobre San Chin Choon, unas diligencias que había decidido no proponer en los seis meses del caso desde que éste llegara al juzgado. Se trataba de ahondar en la tesis de que detrás de ese correo se encuentra en realidad el propio Luceño. 

El juez formó una pieza secreta cuya existencia no se conoció hasta que la semana pasada se levantó el secreto de la misma, una vez realizados los registros. La pieza se abre con el escrito del fiscal justificando su petición, pero sirve también para conocer la insistencia del Ministerio Público en que, con San Chin Choon o sin él, hay motivos suficientes para acusar a Luceño y Medina de estafa y otros delitos. 

 Las sospechas sobre el origen del correo incluyen un análisis gramatical del mismo por parte de la Fiscalía. Rodríguez Sol explica que para referirse a la “indefensión” de los investigados, el autor ha recurrido al término “indenfension”, en lugar de “defencelessness”. Es uno de los errores gramáticales por los que el fiscal intuye que el correo enviado al juzgado ha sido redactado “por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna”.

Luis Medina y Alberto Luceño están acusados de los delitos de estafa agravada en concurso con uno de falsedad documental, blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes . Acreditar el delito de estafa resulta vital para que prospere el caso. Solo el delito de blanqueo requiere que los fondos procedan de un delito precedente, la estafa en este caso. El alzamiento de bienes también decaería sin estafa.

Por otra parte, la acusación popular recurrió a la Audiencia Provincial ante la negativa del juez de atribuir a los investigados un delito fiscal, pero ésta ha dicho que aún no hay indicios para ello y que atenderá lo que recoja un informe pendiente de la Agencia Tributaria. 

Por todo ello resulta para la instrucción tan relevante acreditar la estafa con vistas a sentar en el banquillo por ese y el resto de delitos a los dos investigados, solos o en compañía de presuntos colaboradores extranjeros. 

En su escrito, el fiscal recuerda los correos en que Luceño y Medina celebran las comisiones con un “¡Pa’la saca!”. “Delata la conciencia de los investigados de estarse aprovechando de la situación de necesidad e indigencia de los ciudadanos y de estarse lucrando de manera exagerada e injustificada a su costa”, escribe Luis Rodríguez Sol.

Demasiado obvio para que sea un invento, demasiado sospechoso para darlo por cierto, el papel de San Chin Choon en el caso mascarillas ha pasado de pintoresco a clave. ¿Existe el empresario malasio? Y si es así, ¿es en realidad quien ordena fabricar las mascarillas en China y paga las comisiones a Luis Medina y Alberto Luceño? El registro de la vivienda y la oficina de Luceño de la semana pasada intenta aclararlo.

Alberto Luceño alega que San Chin Choon, dueño de una empresa llamada Leno y con sede en Kuala Lumpur, fijó el precio del material vendido al Ayuntamiento, cobró y de ahí descontó una comisión para él y el “facilitador” de la operación, Luis Medina. Según esa tesis, rebatida por la Fiscalía, no hay estafa posible porque ni él ni Medina adulteraron el precio del material ni impusieron sus comisiones que dieron para comprar después coches deportivos, yates y hasta un piso de lujo en Pozuelo.

Lo cierto es que los 11 millones de euros de dinero público salieron de una cuenta del Ayuntamiento de Madrid en Bankinter a otra a nombre de la sociedad Leno, en el Malaya Banking Berghard. Y después, desde esa cuenta se realizaron transferencias a las de Luceño (5 millones) y Medina (1 millón) en España, según consta en la documentación del sumario. El Ayuntamiento nunca denunció la estafa, hasta que Anticorrupción interpuso la querella y se personó como perjudicado.

Hay demasiados aspectos de la tesis de Luceño que no cuadran a los investigadores. En su declaración ante el juez, el comisionista dijo que San Chin Choon no habla inglés y que solo le ha visto una vez, en 2018, cuando firmó supuestamente como agente exclusivo de Leno, hecho este que debería acreditar una documentación en la que según Fiscalía y juez se han falsificado firmas y fechas. 

En estos cuatro años, Luceño se ha relacionado con San Chin Choon a través de un tal “Anthony”, un ciudadano chino que sí habla inglés y que realmente no se llama así, pero que ha adoptado ese nombre pila anglosajón para, como es costumbre entre los nacionales del gigante asiático, facilitar su trato con los occidentales.

En Anthony pudiera residir la clave del misterio San Chin Choon, si es que el supuesto intermediario chino no se convierte, por contra, en un misterio adicional dentro del caso. Los registros de la casa y la empresa Takamaka arrojaron varias sorpresas, como la placa falsa del CNI que guardaba Luceño o la impresión de tarjetas de otros organismos, como la Dirección Nacional de Seguridad o la Policía Nacional. Pero también el hallazgo de un webchat con Anthoy del comisionista español, al que se investiga por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

¿Se referirán Luceño y Anthony a San Chin Choon en ese intercambio de mensajes? ¿Permitirá aclarar su contenido si el malasio es verdaderamente un empresario o un hombre de paja? Por el momento solo consta en el sumario el acta de registro con un inventario de lo que los agentes encontraron de posible utilidad para la investigación y el próximo martes está fijado en el juzgado el desprecinto de todo lo incautado el jueves 22 de septiembre. 

El escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción argumenta la necesidad de los registros a Luceño, el Ministerio Públicio reitera y amplía su posicionamiento sobre la estafa. El fiscal Luis Rodríguez Sol buscaba encontrar “mensajes intercambiados con los responsables de la empresa Leno que ayuden a comprender cuáles fueron las relaciones reales del investigado con ellos: si realmente él y el señor Medina eran agentes exclusivos o no de esa empresa, cómo se determinaron las comisiones que iban a cobrar, cómo se fijó la cantidad que se restituyó por la percepción de unos guantes de calidad inferior a la esperada, por qué se modificaron las comisiones inicialmente pactadas, etc…”

Pero la clave de la acusación fiscal a Medina y Luceño es mencionada por el fiscal a continuación: “Y, sobre todo, en qué medida el señor Luceño tergiversó esos datos [lo previamente acordado con fabricante y proveedor] en sus comunicaciones con los responsables del Ayuntamiento de Madrid, pues en esto habría consistido el engaño como elemento típico de la estafa”.

Esperando a San Chin Choon 19 meses

El caso mascarillas arrancó cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación en noviembre de 2020 a partir de un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), alertado a su vez por los bancos de los fuertes ingresos que de un golpe habían recibido Luceño y Medina. 

Seis meses después, en mayo de 2021, Anticorrupción se dirigió a las autoridades malasias para requerir por primera vez su cooperación para obtener la declaración de San Chin Choon, algo que reiteraron en noviembre de ese mismo año. Cuando el 31 de marzo de 2022, elDiario.es desveló la existencia de una investigación –secreta para todos menos para los investigados y el Ayuntamiento de Madrid–, la Fiscalía Anticorrupción aún esperaba una respuesta satisfactoria de Malasia. 

Para entonces, de la Fiscalía del país asiático había salido la respuesta a la petición española, aunque su recepción se produjo en abril. En el escrito, el jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la Fiscalíla de Malasia, Ramesh Gopalan, explicaba que había logrado localizar a San Chin Choon y requerido su colaboración, pero que éste se había acogido a su derecho a no declarar, de acuerdo a la legislación del país. 

Las 19 preguntas de Anticorrupción quedaban sin respuesta y la coartada de Luceño y Medina para intentar justificar sus comisiones y negar el engaño se desvanecía. Pero el pasado mes de julio, la cuenta de correo del juzgado número 47 de Madrid registró un mensaje en su bandeja de entrada que agigantó el misterio: alguien que se identificaba como el empresario malasio corregía a las autoridades de su país y aseguraba que había acudido a la policía malasia a contestar a las 19 preguntas.

El empresario aseguraba que su declaración “jurada” se produjo el 18 de abril de 2022, una fecha posterior a la respuesta enviada por el fiscal malasio a España. En su mensaje al juzgado, el presunto San Chin Choon decía no entender por qué esa declaración no fue remitida a España y añadía que había vuelto a declarar ante el mismo “comisario de juramentos”. En su mensaje al juzgado adjuntaba las 19 respuestas que supuestamente había dado a la comisión rogatoria de la Fiscalía Anticorrupción. 

En esas respuestas había explicación para todo lo que habían hecho Medina, Luceño y el propio San Chin Choon: el empresario malasio fijó el precio del material, pactó las comisiones con Luceño, Medina solo hizo de “facilitador” y la supuesta falsificación de firmas y fechas responde únicamente a un error con las plantillas. 

Si todo lo que San Chin Choon decía fuese verdad, no habría caso mascarillas. Pero a día de hoy, el juez Adolfo Carretero sigue refiriéndose a la persona que envió ese correo en julio como “presunto” San Chin Choon y los dos comisionistas españoles siguen imputados. El magistrado Adolfo Carretero ha advertido al remitente que si quiere declarar tiene que venir a España, que no va a organizar una videoconferencia desde Kuala Lumpur. San Chin Choon ha dicho que no puede desplazarse por “motivos laborales” y ha reiterado su ofrecimiento a acudir en fechas concretas a la delegación diplomática española, incapaz de acreditar en su caso si es quien dice ser.

Un remitente cuya “lengua materna” es el español, no el malasio

A la vuelta de las vacaciones de agosto, la Fiscalía Anticorrupción decidió intervenir en el embrollo. El fiscal Luis Rodríguez Sol redactó un escrito al juzgado solicitando la entrada y registro del domicilio y una de las empresas de Alberto Luceño en busca de la verdad sobre San Chin Choon, unas diligencias que había decidido no proponer en los seis meses del caso desde que éste llegara al juzgado. Se trataba de ahondar en la tesis de que detrás de ese correo se encuentra en realidad el propio Luceño. 

El juez formó una pieza secreta cuya existencia no se conoció hasta que la semana pasada se levantó el secreto de la misma, una vez realizados los registros. La pieza se abre con el escrito del fiscal justificando su petición, pero sirve también para conocer la insistencia del Ministerio Público en que, con San Chin Choon o sin él, hay motivos suficientes para acusar a Luceño y Medina de estafa y otros delitos. 

 Las sospechas sobre el origen del correo incluyen un análisis gramatical del mismo por parte de la Fiscalía. Rodríguez Sol explica que para referirse a la “indefensión” de los investigados, el autor ha recurrido al término “indenfension”, en lugar de “defencelessness”. Es uno de los errores gramáticales por los que el fiscal intuye que el correo enviado al juzgado ha sido redactado “por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna”.

Luis Medina y Alberto Luceño están acusados de los delitos de estafa agravada en concurso con uno de falsedad documental, blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes . Acreditar el delito de estafa resulta vital para que prospere el caso. Solo el delito de blanqueo requiere que los fondos procedan de un delito precedente, la estafa en este caso. El alzamiento de bienes también decaería sin estafa.

Por otra parte, la acusación popular recurrió a la Audiencia Provincial ante la negativa del juez de atribuir a los investigados un delito fiscal, pero ésta ha dicho que aún no hay indicios para ello y que atenderá lo que recoja un informe pendiente de la Agencia Tributaria. 

Por todo ello resulta para la instrucción tan relevante acreditar la estafa con vistas a sentar en el banquillo por ese y el resto de delitos a los dos investigados, solos o en compañía de presuntos colaboradores extranjeros. 

En su escrito, el fiscal recuerda los correos en que Luceño y Medina celebran las comisiones con un “¡Pa’la saca!”. “Delata la conciencia de los investigados de estarse aprovechando de la situación de necesidad e indigencia de los ciudadanos y de estarse lucrando de manera exagerada e injustificada a su costa”, escribe Luis Rodríguez Sol.

Demasiado obvio para que sea un invento, demasiado sospechoso para darlo por cierto, el papel de San Chin Choon en el caso mascarillas ha pasado de pintoresco a clave. ¿Existe el empresario malasio? Y si es así, ¿es en realidad quien ordena fabricar las mascarillas en China y paga las comisiones a Luis Medina y Alberto Luceño? El registro de la vivienda y la oficina de Luceño de la semana pasada intenta aclararlo.

Alberto Luceño alega que San Chin Choon, dueño de una empresa llamada Leno y con sede en Kuala Lumpur, fijó el precio del material vendido al Ayuntamiento, cobró y de ahí descontó una comisión para él y el “facilitador” de la operación, Luis Medina. Según esa tesis, rebatida por la Fiscalía, no hay estafa posible porque ni él ni Medina adulteraron el precio del material ni impusieron sus comisiones que dieron para comprar después coches deportivos, yates y hasta un piso de lujo en Pozuelo.