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Opinión - ¿Y ahora qué? Por Marco Schwartz

El comisionista de las mascarillas Alberto Luceño escondía documentación falsa para hacerse pasar por agente del CNI

Alberto Luceño, uno de los empresarios investigados

Pedro Águeda

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El registro realizado en el domicilio del comisionista Alberto Luceño el pasado jueves dio como resultado la incautación de distinta documentación entre la que figuraba “una placa de agente de la autoridad [del] Centro Nacional de Inteligencia”, según consta en el acta policial de la intervención, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fuentes de la investigación consultadas por este medio aseguran que se trata de documentación presuntamente falsificada, como refuerza el hecho de que el investigado también tuviera “seis hojas” con “impresiones de imágenes de tarjeta” –según la expresión de la citada acta– de otros organismos como la Dirección de Seguridad Nacional o el Cuerpo Nacional de Policía. Estos documentos se encontraron en el despacho que Luceño tiene en su domicilio. La “placa del CNI” estaba concretamente dentro de un “portaplacas negro”. Los agentes del CNI no portan placa, como los policías, sino que se identifican como miembros del servicio de Inteligencia con una tarjeta de plástico.

El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ordenó los registros en la vivienda y la empresa del comisionista Alberto Luceño en busca de mensajes con el empresario malasio San Chin Choon que el imputado español hubiera ocultado a los investigadores. En un auto, Carretero justifica el registro en el hecho de que las afirmaciones que el “presunto” empresario malasio hace en un correo electrónico que envió al juzgado se contradicen con otros documentos incorporados hasta ahora en la causa. El juez expresa sus dudas sobre la “autenticidad” del citado mensaje, esto es, sobre su autoría.

San Chin Choon escribe en español y no lo habla

Carretero ordenó el registro a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que le expuso “una serie de datos y afirmaciones” del presunto San Chin Choon “que hacen sospechar de su autenticidad”. Se refiere, por ejemplo, a que Luceño defienda que había hecho negocios en 2018 con San Chin Choon cuando sus cuentas bancarias no recogen ingreso alguno en las fechas de las transacciones. También resaltan fiscal y juez que Luceño “no ha aportado a la causa su nombramiento” por parte de Leno (la empresa de San Chin Choon) como agente exclusivo, tal y como defendió en sede judicial.

En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción solicitando al juez el registro se pone de manifiesto que el correo de San Chin Choon “presenta varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna”.

Los comisionistas imputados, y especialmente Luceño, son los principales interesados en que el empresario malasio ratifique sus afirmaciones de que las comisiones fueron pactadas entre él y los intermediarios españoles y que éstos no inflaron artificialmente el precio de los productos que por valor de 16 millones de euros vendieron al Ayuntamiento de Madrid. Anticorrupción estima que el material inservible asciende a 4 millones de euros, con independencia del precio adulterado que se pagó por todas las mascarillas, test y guantes de protección.

El correo electrónico, continúa el fiscal Luis Rodríguez Sol, está redactado en inglés y San Chin Choon, según declaró el propio Luceño no habla tal idioma. Entre los errores que se destacan está incluir el término “indenfension”, del que el fiscal recuerda “que no existe en lengua inglesa”. “El término correcto podría ser 'defencelessness' o defenselesness', pero nunca 'indefension', o ni siquiera indefension, que sería una burda adaptación del término al castellano”, añade.

Otra de las palabras que señala el fiscal que no existe es “sojabean”. “El uso del término 'soja' con 'j', máxime cuando poco antes se ha escrito el término correctamente (soybean) apunta de nuevo a la autoría de cuya lengua materna es el castellano”, prosigue el fiscal. Además, el correo al juzgado está enviado desde una dirección de correo electrónico distintas a otras dos del “presunto” San Chin Choon que aparecen en documentación de la causa.

Por otra parte, el fiscal explicaba en su solicitud que el imputado Luis Medina y varios testigos del caso han presentado “numerosos mensajes de correo electrónico y de whatsapp que ayudan a comprender cómo tuvieron realmente lugar los hechos investigados” y añade: “Llama la atención que el señor Luceño, por el contrario, no haya aportado ni un solo mensaje que corrobore lo manifestado en sus declaraciones, cuando parece evidente que tuvo que cruzar varios mensajes con San Chin Choon u otros responsables de la empresa Leno, tanto para su nombramiento como agente exclusivo en 2018”, razona el fiscal. Entre la documentación incautada ha aparecido un “Anthony Webchat”. Luceño declaró que con quien él se comunicaba era con un tal Anthony –o Antony– porque éste sí hablaba inglés.

“El único motivo razonable que el señor Luceño ha podido tener para no aportar a la causa ninguno de estos mensajes es la de que contradirían la versión que hasta ahora ha dado de los hechos”, escribe Luis Rodríguez Sol en un documento fechado el pasado 12 de septiembre y que dio pie a la apertura de una pieza separada donde el juez ha incluido todo lo relacionado a los registros vinculados a Luceño y que permaneció secreta hasta que estos se practicaron la semana pasada.

Además de la documentación en soporte papel, los agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia y de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción se incautaron de varios ordenadores y dos teléfonos de Luceño en el registro de su casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la sede de la empresa Takamaka, en el madrileño distrito de Salamanca. Del ordenador que no pudieron volcar su contenido, como hicieron con los móviles, se decidió su precinto y retirada. Luceño, según constataron los agentes, utilizaba “multitud de cuentas de correo” con medidas de cifrado.

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