La policía registra la vivienda y la empresa del comisionista de las mascarillas Alberto Luceño

Agentes de la Fuerzas de Seguridad registraron el pasado jueves el domicilio y una de las empresas de Alberto Luceño, imputado junto a Luis Medina en el conocido como 'caso mascarillas'. El registro se realizó por orden del juez Adolfo Carretero a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes del caso aseguran que el registro buscaba documentación que presuntamente ocultaba Luceño al tiempo que califican de “satisfactorio” el resultado de la diligencia.

La noticia se ha conocido como consecuencia de un auto en el que el juez Carretero dicta levantar el secreto sobre la documentación aprehendida en ambos registros, del domicilio y de la empresa Takamaka. Medina y Luceño están imputados por un delito de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y alzamiento de bienes. La fianza aportada por Luceño no alcanza a los más de 5,5 millones de euros que estableció la Fiscalía Anticorrupción.

El empresario Alberto Luceño y sus empresas no están sólo bajo la lupa del juez del caso mascarillas. También está siendo investigado por la Agencia Tributaria. Según reveló en junio su propio abogado ante el juez que investiga el caso, la AEAT le había comunicado semanas antes que están verificando si la empresa Takamaka, objeto del registro, que utilizó para canalizar las comisiones millonarias que cobró desde Malasia y salidas de las arcas del Ayuntamiento de Madrid, pagó todo el impuesto de sociedades que tenía que pagar en ese año 2020.

La empresa Takamaka fue constituida por Alberto Luceño el mismo año 2020, el de la comisión de 5 millones por el negocio de las mascarillas en el peor momento de la pandemia –Luis Medina obtuvo un millón– pocos meses después de empezar a cobrar las cantidades millonarias llegadas desde Malasia.

Un informe de Hacienda ya aportado al procedimiento reveló que tanto Luceño como su socio Luis Medina vaciaron sus cuentas bancarias tras cobrar las comisiones. Concretamente, Luceño transfirió 3,3 millones de euros a la sociedad Takamaka, desde la que gastó cientos de miles de euros en viajes, artículos de lujo y coches de alta gama, entre otras cosas.

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha desestimado un recurso de Podemos para que Luceño fuera imputado por delito a la Hacienda Pública. “No existen por el momento datos reveladores de indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública cometido por parte de la mercantil TAKAMAKA INVEST, SL ni por su administrador y socio único Sr. Luceño”, alega la Sala.

Los jueces de la instancia superior también añaden: “En tanto que la Hacienda Pública representada por el Abogado del Estado o por el Ministerio Fiscal, no den por finalizado un expediente administrativo de donde resulte la comisión de infracción penal (art. 305 y siguientes del Código Penal), no se puede investigar prospectivamente dicho delito”, en referencia al delito fiscal. Recientemente, el juez autorizó la personación de la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria-