La exedil socialista que sustrajo más de 2.000 euros a una mujer incapacitada fue condenada a seis meses de prisión
La ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso (Segovia) Beatriz Marcos García que dimitió el pasado viernes a raíz de que eldiario.es publicase que se había apropiado de fondos de una anciana en la residencia donde trabajaba fue condenada a seis meses de cárcel por esos hechos.
El pasado mes de abril la entonces edil aceptó una sentencia de conformidad que la condenó a seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida, que la inhabilitaba para el derecho de sufragio pasivo y le obligaba a correr con el pago de las costas procesales. Beatriz Marcos García dimitió el pasado viernes tras publicar eldiario.es que había sustraído 2.315 euros a una mujer tutelada en la residencia donde trabaja. Según explicó ella misma, lo hizo porque pasaba “por una mala racha económica”. La ya exconcejala aseguró en un comunicado que dejaba su acta de concejal para defender sus derechos “como ciudadana”, mientras que el alcalde, José Luis Vázquez, definía la información de eldiario.es como “filtración interesada” y “hechos descontextualizados”. Ambos, alcalde y concejal, omitieron que la exedil ya había sido condenada por los hechos según prueba la sentencia en poder de esta redacción.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia, fechada el pasado 11 de abril, confirma punto por punto lo publicado por eldiario.es y desvela que la propia concejal aceptó los hechos que se le imputaban. “Por conformidad de las partes se declara probado” que Beatriz Marcos García, sin antecedentes penales, durante los años 2015 y 2016, como trabajadora de la Residencia Asistida de Personas Mayores de Segovia, donde tenía la obligación de administrar el dinero de una mujer tutelada por una fundación sacando 25 euros semanales de su cuenta, desde el 1 de abril de 2015 hasta el 11 de agusto de 2016 “fue reintegrando de la cuenta de la tutelada cantidades mayores de las autorizadas semanalmente”. En total sacó 2.315 euros “que la acusada hizo suyos para solventar problemas económicos personales”, recoge el fallo. Los hechos motivaron la iniciación de un expediente disciplinario “en el curso del cual procedió a la devolución de la cantidad apropiada en fecha de 27 de septiembre de 2016”.
El juez califica los hechos como un delito de apropiación indebida del que es responsable Beatriz Marcos en concepto de autor “por su participación material, voluntaria y directa”. La pena de seis meses de prisión queda suspendida por un periodo de dos años siempre que no delinca en ese plazo.
Beatriz Marcos llegó a asegurar a este diario que el asunto estaba “parado” y que no había ningún expediente disciplinario sobre ella, como el que había propuesto abrir la directora de la Residencia Asistida de Personas Mayores de Segovia. Al día siguiente, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León confirmó los hechos relatados por eldiario.es. El expediente sobre la auxiliar administrativa y concejal se abrió el 26 de septiembre de 2016.
Las mismas fuentes explicaron que “cuando unos hechos objeto de responsabilidad disciplinaria pudieran tener también repercusión de carácter penal, (como es este caso) la obligación de las administraciones públicas es dar traslado a la Fiscalía para que se depuren las posibles responsabilidades penales que pudieran existir. Eso obliga, por Ley, a suspender la tramitación de los expedientes disciplinarios hasta que la Justicia se pronuncie sobre si hay o no responsabilidad penal”. Así, el 4 de octubre de 2016 la gerente de Segovia presentó escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia por si los hechos fueran constitutivos de algún ilícito penal.
La Ley establece que hasta que no se pronuncie la Justicia las administraciones no pueden retomar un expediente disciplinario ni adoptar medidas disciplinarias en este sentido. “En estos momentos desde la Gerencia de Segovia se sigue esperando a que el Juzgado nº 5 de Segovia resuelva”, dijeron a través de un comunicado. Aparentemente, la Gerencia no tiene conocimiento de la sentencia contra Marcos García a pesar de que esta se dictó en abril.
Incumplió el Código Ético del PSOE
Marcos García no sólo incumplió la ley, también las normas de su propio partido. El código ético del PSOE aprobado en 2014 recoge en su artículo 5.2 que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado de auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”. Además, en el artículo 5.3 se estipula que cualquier persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías, y, en su caso ante la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad. Si la persona afectada no informara en los términos expuestos, será cautelarmente suspendida de militancia. Aparentemente, la exedil no informó en ningún momento de su situación judicial, ya que el alcalde, José Luis Vázquez, aseguró sentirse estupefacto ante lo publicado. El partido tampoco suspendió de militancia a la concejal condenada.
Marcos García trabajó desde 1985 hasta 1995 como administrativo en el Inserso y pasó en 1996 a la Junta de Castilla y León, según explica ella misma en el currículo colgado en la web municipal. En algunos periodos ha tenido tareas de “jefa de Administración”. Desembarcó en la política en 2007, con el cargo de responsable de Cultura. Desde 2011 era segunda teniente de Alcalde y concejal de Educación y Cultura.
