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Dimite la edil socialista que sustrajo más de 2.000 euros a una mujer incapacitada en la residencia donde trabaja

Beatriz Marcos García (PSOE), auxiliar administrativo en la Residencia Asistida de Personas Mayores de Segovia, aseguró a este diario que el asunto estaba “parado”

La Gerencia Regional de Servicios Sociales confirmó esta mañana la judicialización del caso

La autora reconoció los hechos, devolvió el dinero y se excusó diciendo que pasaba por “una mala racha económica”

Residencia Asistida de Segovia. PODEMOS CASTILLA Y LEÓN

Residencia Asistida de Segovia. PODEMOS CASTILLA Y LEÓN

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso (Segovia), Beatriz Marcos García, ha presentado su dimisión esta tarde, tras conocerse que sustrajo más de 2.000 euros a una mujer en la residencia donde trabaja porque pasaba por “una mala racha económica”. Aunque Marcos aseguró este jueves a este diario que el asunto estaba “parado” y que no había ningún expediente disciplinario sobre ella, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León confirmó este viernes la existencia de una investigación en curso en manos de la Fiscalía. 

El expediente contra esta edil se abrió el 26 de septiembre de 2016, tal y como han asegurado a esta redacción fuentes de la Consejería de Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Las mismas fuentes han explicado que “cuando unos hechos objeto de responsabilidad disciplinaria pudieran tener también repercusión de carácter penal, (como es este caso) la obligación de las administraciones públicas es dar traslado a la Fiscalía para que se depuren las posibles responsabilidades penales que pudieran existir. Eso obliga, por Ley, a suspender la tramitación de los expedientes disciplinarios hasta que la justicia se pronuncie sobre si hay o no responsabilidad penal”.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia recibió un escrito el 4 de octubre de 2016 en donde se preguntaba si los hechos atribuidos a la concejal socialista podrían ser constitutivos de algún ilícito penal. La Ley establece que hasta que no se pronuncie la justicia las administraciones no pueden retomar un expediente disciplinario ni adoptar medidas disciplinarias en este sentido. En estos momentos desde la Gerencia de Segovia se sigue esperando a que el Juzgado nº 5 de Segovia resuelva.

24 horas después de que eldiario.es desvelase los hechos, Beatriz Marcos ha enviado un comunicado anunciando su dimisión para “evitar mayores perjuicios" a su “querida familia y vecinos, así como al ayuntamiento de San Ildefonso, al Partido Socialista Obrero Español” y a la residencia pública donde sigue trabajando. Marcos anuncia que ahora dedicará sus esfuerzos “a la defensa de los derechos” que le asisten en su “condición de ciudadana”.

Esta auxiliar administrativa en la Junta de Castilla y León, con plaza en la Residencia de Asistida de Personas Mayores de Segovia, era la encargada de retirar de las cuentas de algunos ancianos las cantidades que ellos les indicasen para sus gastos de bolsillo. Este cometido se había acordado verbalmente con la entidad bancaria para evitar los desplazamientos de personal al centro y facilitar las transacciones. Una Fundación que tutela a una de las residentes detectó en 2016 que se habían extraído cantidades más altas de lo habitual en la cuenta de esa interna. Tras revisar los movimientos de esa cuenta, se determinó que en el año 2015 se habían retirado 915 euros de más, mientras que en 2016 la cantidad ascendía a 1.400 euros por encima de la cantidad acordada, que semanalmente no excedía los 25 euros.

Los trabajadores sociales preguntaron a Beatriz Marcos sin recibir explicación. Tras comunicar los hechos a la directora de la residencia, Marcos reconoció que había pasado por una “mala racha económica” y que había sacado algo más de dinero de la cuenta de la residente, pero con la intención de reponerlo. En ese momento, la Fundación había detectado sólo las cantidades anormales de 2016, por lo que se ofreció a abonar esa misma tarde 800 euros, algo a lo que la Fundación se negó hasta revisar más años.

La Fundación había detectado un ‘agujero’ de 2.315 euros y ella aseguró que eran 2.215. A pesar de que devolvió el dinero, la dirección del centro propuso la apertura de un expediente disciplinario. Este jueves, Marcos García aseguró a eldiario.es que su expediente estaba “parado” y que se trataba de unos hechos dentro del “ámbito privado” a pesar de ser funcionaria y tener un cargo público en el Ayuntamiento. Solo un día después de publicarse los hechos, su dimisión como concejala estaba encima de la mesa del alcalde de La Granja de San Ildefonso.

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