La sucia historia de la limpieza de Madrid
La limpieza de las calles de Madrid es un servicio esencial cedido a empresas privadas desde hace lustros. Y a esa privatización han ido unidos distintos episodios de favoritismo, despilfarro de dinero público y, más recientemente, un recorte de puestos de trabajo detonante de una huelga y montañas de suciedad por las aceras y calzadas.
El relato que desemboca en el paro de trabajadores de noviembre de 2013; el de las imágenes de basura acumulada en esquinas, contenedores rebosantes y papeleras atestadas habría que buscarlo al inicio de la década de los noventa del siglo pasado. Durante las jornadas de huelga de este 2013 se ha repetido que la privatización de la limpieza madrileña fue un proyecto de la actual presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, de cuando era concejal de Medio Ambiente de la capital.
El proyecto, desde luego, era suyo pero bastante antes, en 1991, Aguirre ya acariciaba la idea de pasar a contratistas la limpieza. Clamaba que costaba lo mismo limpiar “siete distritos con funcionarios que 14 con empresas privadas”. Aguirre esgrimía un argumento que ha ido repitiendo en su carrera política: “Al ciudadano no le importa si el servicio se presta directa o indirectamente”.
Lo cierto es que, antes de privatizar el servicio en 15 distritos, Aguirre se topó en 1993 con una huelga de más de un mes y 14 distritos convertidos en vertederos. Los trabajadores reclamaban a la concejalía de Aguirre aumentos salariales de hasta el 7%. Cinco años más tarde, Madrid fue adjudicando concursos por distritos. Ningún funcionario montaría reivindicaciones, puesto que desde entonces esa limpieza estaba “externalizada”.
Con los concursos comenzaron a llegar los movimientos sospechosos entre la Administración y las empresas que buscaban su parte del pastel. Ya en 1996 –aunque con Aguirre fuera del Consistorio–, en el concurso para contratar una empresa que limpiara el distrito de Chamberí y parte del de Moncloa, el pliego de condiciones otorgaba más puntos a las contratistas que ya se habían establecido en el Ayuntamiento madrileño (por entonces, Dragados-Urbaser, Cespasa y Fomento). Y eso que los concursos estaban sólo recién estrenados.
No mucho después, el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), hizo un nombramiento quizá no muy relevante. Colocó al frente de la Concejalía de Limpieza Urbana y Desarrollo a una de las caras nuevas del PP: Alberto López Viejo. Proveniente del Clan de Becerril, puso en marcha un Servicio de Limpieza Urgente (Selur), que ya arrancó privatizado.
La manera de trabajar de López Viejo –imputado a día de hoy por la trama de corrupción Gürtel– queda ilustrada con la adjudicación del servicio a Urbaser en 2001. El contrato se firmó en abril de 2001 por 8,5 millones de euros. Sólo seis meses después, el concejal acordó de palabra subir el precio dos millones de euros más. Ese dinero no apareció en los presupuestos de 2002 ni 2003, hasta que López Viejo realizó un reconocimiento extrajudicial de crédito para que las arcas municipales se hicieran cargo de ese acuerdo verbal hasta 2011. Ese mismo año, el concejal se había convertido en diputado regional de Madrid y poco después pasaría al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid donde, presuntamente, abrió las puertas a la Gürtel.
En 2003, el grupo municipal socialista calculó que el pago público a empresas para la limpieza de calles se había multiplicado por tres en diez años. De los 65 millones presupuestados, las empresas habían terminado cobrando 161. Los socialistas dedujeron del estudio de los concursos de adjudicación que se daban ampliaciones de contrato al comprobar que las primeras versiones eran imposibles de cumplir para las empresas o que se hacían facturas extra no previstas en un primer momento.
Mantener las calles limpias de una ciudad es una competencia propia de los Ayuntamientos. Obligados por ley, los gobiernos locales no pueden desentenderse del adecentamiento de sus vías. Con una deuda de 7.000 millones de euros, cuadrar las cuentas se va convirtiendo en el principal objetivo del equipo de Ana Botella. Un supuesto ahorro de más de 200 millones de euros en la factura de la limpieza sirvió para diseñar un nuevo concurso para contratar empresas. El recorte terminó llenando de basura la ciudad durante once días.
