Sanciones de hasta un millón para quien tome represalias contra denunciantes de corrupción

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado este viernes que el Gobierno pondrá en marcha un anteproyecto de ley para dar más protección a los denunciantes de corrupción. La tardanza de España en ajustar su normativa a las directrices europeas sobre este asunto se había traducido recientemente en la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea.

Una norma que, tal y como ha explicado Llop, va dirigida al sector público pero también el sector privado y facilitar que quienes tengan conocimiento de casos de posible corrupción acudan a las autoridades sin miedo a las represalias. “Va a crear un clima de confianza en el seno de las organizaciones, el informante se relacionará de una manera más directa y de mayor confianza con su propia organización o con la administración”, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. 

Según la titular de la cartera de Justicia, existirán dos mecanismos: los canales internos y externos de denuncia, controlados por una autoridad independiente, y las sanciones. Estas sanciones, tal y como ha explicado Pilar Llop, “llegarán hasta un millón de euros” para los que tomen represalias contra las personas que informen sobre posibles casos de corrupción.

Informa Alberto Pozas.