Ione Belarra critica el modelo de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y confía en poder cambiarlo
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha criticado este viernes el modelo de residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid y ha destacado la necesidad de mejorar la calidad del sistema para que no se repitan casos como los de Mariano Turégano García, un hombre de 82 años que el jueves relató las “lamentables” condiciones sufridas en un geriátrico de San Sebastián de los Reyes.
“El modelo residencial en manos de especuladores en la Comunidad de Madrid se entiende mejor cuando escuchamos a una de las personas mayores que lo sufren. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para cambiar este modelo para que nunca más tengamos que escuchar testimonios así”, ha escrito la ministra en su perfil de Twitter en referencia al mencionado caso.
Turégano García habló en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para denunciar ante los políticos las precarias condiciones del centro en el que reside junto a otros mayores, la Residencia y Centro de Día de Moscatelares. Allí aseguró que la comida que les sirven es “deleznable” y que muchos de sus compañeros tuvieron que ser hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación a consecuencia del sofocante calor que hacía dentro del centro, que depende de la Comunidad de Madrid.
Numerosos familiares de ancianos llevan tiempo denunciando la privatización de las residencias para mayores en esta región, pues muchas empresas encargadas de su gestión han reducido personal, han bajado la calidad de la comida y han recortado en mantenimiento, degradando así la atención de los ancianos.
Como ya contamos en elDiario.es, el Ministerio de Belarra tiene intención de reformar el modelo de residencias de mayores y para ello apuesta por transformar los cuidados, de forma que cada usuario tenga “un plan personal de atención y apoyos que recoja sus preferencias”. También quiere reducir las unidades de convivencia en no más de 15 personas y limitar a 120 el máximo de plazas por centro, aunque comunidades autónomas gobernadas por el PP y por el PSOE, así como Catalunya y Euskadi, han expresado sus dudas sobre este proyecto.
