El Supremo critica el cierre total de una web sobre derechos reproductivos de las mujeres

El Tribunal Supremo ha estudiado por primera vez la capacidad de la Administración para cerrar una página web sin orden judicial y ha establecido que puede hacerlo siempre y cuando el contenido de la página no tenga que ver con la libertad de opinión o información, la medida sea proporcionada y se pueda retirar solo la parte que se considera ilegal. 

Los jueces han estudiado el caso de la página de Women on Web, ONG canadiense especializada en los derechos reproductivos de la mujer que, entre otras cosas, ofrecía la posibilidad de obtener medicamentos abortivos cuya venta está prohibida en España. Su web fue cerrada totalmente por la Agencia Española del Medicamento en 2020 por este motivo.

El Tribunal Supremo ha examinado el caso y entiende que la decisión de la Agencia fue desproporcionada, porque no se limitó a cerrar la parte de la web que ofrecía estos medicamentos, sino que cerró toda una página web llena de información sobre la interrupción del embarazo y derechos reproductivos de las mujeres. Esta medida debe ser proporcional, dice el Supremo, y en ningún caso afectar a contenidos de información y expresión. 

Dar a conocer estos medicamentos, dicen los jueces, “es indudablemente información, del mismo modo que aconsejar su utilización a determinadas mujeres es innegablemente expresión”, pero facilitar su obtención por vía telemática a cambio de dinero “no es ni lo uno ni lo otro”. Ese concreto aspecto de la página de Women on Web sí podía ser cerrado, pero no el resto. 

La Administración, zanja el Supremo, puede cerrar por su cuenta una web, pero “únicamente cuando el contenido de aquél no consista en ninguna información ni expresión”. Y lo ordene quien lo ordene, añade, la suspensión de una página “debe respetar el principio de proporcionalidad y, si es técnicamente posible, limitarse a aquella sección donde se recoge la actividad, la información o la expresión ilegales”.

Informa Alberto Pozas.