Un ultraderechista acusado de abuso sexual declina asumir un escaño en la constituyente chilena

Santiago de Chile, 7 jun (EFE).- El ultraderechista Aldo Sanhueza, acusado de abusos sexuales, declinó este miércoles asumir su escaño en el Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de carta magna en Chile, por lo que queda automáticamente excluido de ser consejero en ejercicio.

Sanhueza, que se presentó a las elecciones por el Partido Republicano, no acudió a la ceremonia de instalación del nuevo órgano constituyente, que queda finalmente conformado solo por 50 consejeros.

A pesar de su renuncia, la extrema derecha sigue siendo la primera fuerza en el consejo, con 22 escaños de 50, y mantiene poder de veto en las negociaciones para la redacción de un nuevo texto que será plebiscitado el 17 de diciembre y que busca sustituir a la actual Constitución, heredada de la dictadura (1973-1990) y de corte neoliberal.

El oficialismo de izquierdas solo consiguió 16 escaños y la derecha tradicional de Chile Vamos logró 11 consejeros, mientras que el último escaño es para un activista mapuche elegido en el cupo reservado a los pueblos indígenas.

Sanhueza está acusado de abusos sexuales por hechos que se remontan a marzo de 2019, cuando una mujer denunció tocamientos en la vagina en un viaje en autobús a la ciudad de Concepción, al sur de Chile.

El candidato republicano fue detenido por la Policía e imputado por la Fiscalía por un delito de “graves ofensas al pudor”, lo que derivó en una prohibición de no acercarse a la víctima.

El caso saltó a la opinión pública en los días previos a las elecciones del pasado 7 de mayo y Sanhueza reconoció entonces que en el proceso judicial tuvo que aceptar los cargos “con el solo objeto de superar el incidente y dar vuelta a la página”.

Sanhueza anunció su renuncia el pasado 27 de mayo, pero esta no se pudo hacer efectiva porque aún no había tomado posesión de su cargo.

En un comunicado difundido en las redes sociales, el ultraderechista acusó a la izquierda de “usar” su caso para “deslegitimar” el nuevo proceso constituyente, que surgió tras el rechazo mayoritario el pasado septiembre en un plebiscito a una propuesta de carta magna elaborada por una convención de mayoría de izquierdas.

Los dos procesos constituyentes, el de 2022 y el actual, surgieron tras el estallido social de 2019, las mayores protestas desde el fin de la dictadura, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.