Unidos Podemos avisa al Gobierno de que tumbará el decreto del alquiler y negocia cambios para apoyar el de pensiones
“Pacta sunt servanda”. “Lo pactado obliga”. La frase la ha repetido varias veces en la tribuna del Congreso el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, como advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez de que debe cumplir íntegramente el acuerdo firmado por ambos en La Moncloa el pasado mes de octubre. Lo repetía este mismo miércoles la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, en una entrevista en eldiario.es. Y la primera demostración práctica puede llegar el martes, cuando los 67 diputados de Unidos Podemos voten en contra de la convalidación de dos de los principales reales decretos aprobados por el Gobierno: el del alquiler y el de las pensiones.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de diciembre un real decreto que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar los plazos de los alquileres, hacer los contratos más largos y, así, intentar restringir la subida de las rentas que pagan los ciudadanos por sus viviendas. Pero la norma no incluía un aspecto clave para Unidos Podemos: permitir a los ayuntamientos limitar el precio de los alquileres en “zonas tensionadas”. Es decir, allí donde más, y más rápido, suben los precios.
Esta medida se recoge en el acuerdo presupuestario negociado por el Gobierno y Unidos Podemos. El texto del documento indica que el desarrollo normativo se hará durante 2019. Pero el grupo confederal cree que este real decreto es la oportunidad para hacerlo.
Desde Unidos Podemos aseguran a eldiario.es que estaban negociando con el Gobierno su redacción. Unas conversaciones “inconclusas” ya que, según este relato, el Ejecutivo aprobó de forma “unilateral” su real decreto. Aquello supuso “una ruptura de la confianza entre las partes para hablar del tema de la vivienda”, según las mismas fuentes.
Los 67 diputados de Unidos Podemos votarán no al real decreto el próximo martes, lo que provocará, muy probablemente, que no sea aprobado.
eldiario.es se ha puesto en contacto con PP y Ciudadanos. El partido de Pablo Casado no quiere revelar el sentido de su voto. En el de Albert Rivera, por su parte, aseguran no haber tomado una decisión.
Fuentes del PSOE, por su parte, explican a eldiario.es que el Ministerio de Fomento está buscando la fórmula para poder acotar los precios del alquiler, pero que existen dudas de que se puedan limitar directamente, sino a través de figuras tributarias.
Este martes, el presidente del Gobierno se reunió en el Palacio de la Moncloa con representantes de las empresas más grandes de España (banca, constructoras y eléctricas) y de los principales fondos de inversión del mundo para trasladarles un mensaje de estabilidad, según publicó eldiario.es.
En el grupo confederal, que han tomado nota de esta reunión, zanjan: “Si el PSOE quiere contar con nuestros votos, solamente tiene que respetar la lógica de negociación y no romperla de forma unilateral”.
El decreto de pensiones, en el aire
Otra importante votación que se celebrará el martes en un Pleno extraordinario del Congreso es la de la convalidación del macrodecreto aprobado el pasado 28 de diciembre y que recoge la actualización de las pensiones. Pero no solo.
El decreto destaca la revalorización de un 1,6% de las pensiones para 2019 de manera general y un 3% en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas. Además, el texto regula también el incremento de las bases mínimas y máximas de cotización a partir de este 1 de enero, una mejora de la protección social para los trabajadores autónomos, la eliminación del contrato estrella del PP de “apoyo a emprendedores” y la prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), destinada a parados que han agotado otras prestaciones de desempleo.
Pero la norma incluye un recorte a las pensiones por invalidez permanente que no había formado parte de las negociaciones y que ha soliviantado a Unidos Podemos hasta poner en duda su apoyo en la votación del martes.
El Gobierno de Sánchez, sin consultar tampoco a los agentes sociales, limitó la cuantía mínima de la pensión por incapacidad permanente total al desvincularla del SMI, como estaba regulada hasta el momento en la Ley General de la Seguridad Social. Lo hizo a la vez que subía ese SMI a 900 euros.
El decreto acaba con el mínimo establecido para esta pensión –del 55% de la base mínima de cotización del Régimen General (que es el salario mínimo interprofesional)– y recoge que debe ser acordado cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
Sin blindar la revalorización de las pensiones
En el grupo confederal también rechazan que el decreto-ley rebajara su redacción inicial y que, en el último momento, no se haya ligado por ley la subida de las pensiones al IPC. Algo que también estaba recogido en el acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias.
El borrador de los días previos a su aprobación contemplaba la derogación expresa del índice del 0,25% y vinculaba por ley las pensiones al IPC. Pero la redacción final solo recogió la subida de las pensiones del 1,6% en 2019 y el compromiso de pactar un nuevo índice de revalorización en seis meses.
Este incumplimiento, sumado al recorte en las invalideces permanentes, ha puesto en duda el apoyo del grupo confederal al macrodecreto. eldiario.es ha confirmado de fuentes de Unidos Podemos que este mismo miércoles han informado al Ministerio de Trabajo de que, hoy por hoy, están en el no. Las mismas fuentes aseguran que la decisión definitiva no está tomada y que se mantienen las negociaciones con el Gobierno.
Más allá de estas dos cuestiones, en Unidos Podemos son conscientes de que otras medidas que también regula el decreto del 28 de diciembre son de especial urgencia, como la prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), que caducaba el 4 de enero.
Fuentes sindicales explican que la subida de las pensiones para 2019 estaba recogida en los presupuestos prorrogados de 2018, aunque en una disposición adicional. “Hay dudas jurídicas porque la interpretación que se impone es que las disposiciones no se prorrogan”, apuntan, aunque consideran que la subida anual no está en riesgo porque el Gobierno siempre podría aprobar una real decreto-ley específico solo con este punto, que no tendría problemas para salir adelante.
Otra de las cuestiones más urgentes que dependen del decreto-ley es la prórroga de un año de la llamada 'cláusula de salvaguarda' de la reforma de las pensiones de 2011, por la que los desempleados desde 2013 pueden jubilarse con condiciones de jubilación más ventajosas. Esta cláusula quedó limitada por Rajoy hasta el 1 de enero de 2019, lo que perjudicaba a miles de desempleados.
