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La marcha por la vivienda en Sevilla o cómo la izquierda reclama la revancha a PP y Vox tras su victoria en las andaluzas

Imagen de la manifestación por el derecho a la vivienda en las Setas de Sevilla, antes de iniciar el recorrido hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Junta.

Daniel Cela

Sevilla —
2 de octubre de 2026 22:17 h

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Banderas rojas, estrellas rojas de cinco puntas. Banderas blancas y verdes de Andalucía, banderas de la República, banderas de Palestina. La hoz y el martillo. Banderas de Adelante Andalucía, insignias del PSOE, de Izquierda Unida, pegatinas de CCOO y de UGT. “El pueblo unido jamás será vencido”; “Sevilla será la tumba del rentismo”; “Aquí están los antifascistas”.

El problema de la vivienda en España es transversal. El malestar social que atraviesa el país es transversal. Pero las movilizaciones no lo son. La multitud que este viernes se ha manifestado en el centro de Sevilla -unos 15.000 según el Sindicato de Inquilinas; 2.500 según la Subdelegación del Gobierno- representa indudablemente opciones políticas de izquierdas.

Medio centenar de personas se ha quedado al cuidado de las casi 100 tiendas de campañas que se concentran en las Setas desde el martes pasado, en señal de presión, y que decidirán en asamblea si permanecen allí o levantan el campamento y hacen un llamamiento a la huelga general.

En la manifestación había dirigentes del PSOE andaluz, de la coalición Por Andalucía (IU, Sumar, Podemos...) y de Adelante Andalucía en la comitiva que ha discurrido entre las Setas, en el casco norte de Sevilla, y el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, entre familias, muchos jóvenes, chavales empujando sus bicicletas, carritos de bebé, abuelos con sus nietos, líderes sindicalistas, líderes vecinales, riders con el puño en alto y la mochila a la espalda... todos expresando su indignación tras ver caer los dos decretos de vivienda en el Congreso. “Aquí somos más inquilinos que caseros, pero también hay pequeños propietarios”, dice María José, del Sindicato de Inquilinas.

España vive un momento político complejo en el que el Gobierno de turno, formado por la coalición PSOE-Sumar, está celebrando, de alguna manera, la conflictividad social que se ha desatado por el traumático desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, y que amenaza con una huelga general.

No hay precedentes de que una huelga general sea una buena noticia para un Gobierno, sin embargo, en la cúpula del PSOE andaluz, hoy comandada por la exvicepresidenta María Jesús Montero, creen que la coyuntura política que ha abierto el caso de Maricarmen y la votación del Congreso (el no de PP, Vox y Junts), abre una “ventana de oportunidad única”. Aquí quieren elecciones el 29 de noviembre, empezando por los alcaldes y candidatos socialistas, que llevan meses pidiendo a sus jefes orgánicos que le pidan a Pedro Sánchez que aleje las generales de las municipales lo más posible.

La multitud que hoy avanza por el centro de Sevilla, colorista, festiva, pacífica, afea a todas las instituciones su inoperancia para embridar el problema más capilar que sufre el país, según el CIS, enquistado después de ocho años de gobiernos progresistas. En la última década, los salarios se han revalorizado un 25%; el precio del alquiler un 80%.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se siente interpelado, pero no le tiemblan las piernas. Aquí, en la manifestación, no se oyen gritos de “Perro Sánchez”, aquí se grita contra el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, y contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por “permitir VPO a 350.000 euros”. De hecho, la marcha no camina hacia la sede del Gobierno en Andalucía, sita en la Plaza de España, sino a la sede de la Junta, en el Palacio de San Telmo.

“¡Los fondos buitres sois vosotros! ¡Vosotros sois los invasores!”, gritan un grupo de jóvenes, sujetando pancartas de cartón en alto. No hace ni cuatro meses que Andalucía celebró elecciones, con una participación histórica para unas autonómicas (casi un 65%), que dio al PP-A el mejor resultado de su historia (el más votado en las ocho provincias, a dos escaños de la mayoría absoluta), y propició el primer Gobierno andaluz PP-Vox.

Esas 15.000 personas que se han manifestado hoy en Sevilla, presumiblemente, acudieron a votar hace cuatro meses. La izquierda no fue derrota por la abstención ni por la desmovilización general. La “mayoría social”, a la que alude el Gobierno de Sánchez al interpelar a la oposición en políticas de vivienda, la “mayoría social” en Andalucía votó a Juanma Moreno.

Imágenes de la manifestación por las calles de Sevilla por el derecho a la vivienda. A 2 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).

El PSOE encaró las andaluzas como un “referéndum por la sanidad pública”, esperando espolear a su electorado con la indignación masiva que provocó la crisis de los cribados de cáncer de mama, y ahora se aferran a unas generales en clave de “referéndum por la vivienda”. “¡Aquí está la clase obrera! ¡Bonilla estamos en la lucha!”, grita la multitud. Una hora y media después de salir de las Setas, la cabeza de la comitiva ha llegado a su destino, dos kilómetros más allá. La marcha ha ido creciendo por el camino, sumando gente, y se planta ante el edificio barroco donde Moreno tiene su despacho con una imagen que hacía tiempo no se veía en las calles de Sevilla.

No hay precedentes de que una huelga general sea una buena noticia para un Gobierno, sin embargo, en la cúpula del PSOE andaluz, hoy comandada por la exvicepresidenta María Jesús Montero, creen que la coyuntura política que ha abierto el caso de Maricarmen y la votación del Congreso (el no de PP, Vox y Junts), abre una “ventana de oportunidad única”. Aquí quieren elecciones el 29 de noviembre, empezando por los alcaldes y candidatos socialistas, que llevan meses pidiendo a sus jefes orgánicos que le pidan a Pedro Sánchez que aleje las generales de las municipales lo más posible.

“El único hecho diferencial es Maricarmen. Es la chispa lo que ha cambiado el paisaje”, dice un alto dirigente del Gobierno de Moreno. En el entorno del presidente andaluz tenían muy claro que Junts tumbaría los dos decretos. O tenían más información o más intuición que Montero, convencida 24 horas antes de que al menos el primer decreto de vivienda, el más negociado con los independentistas catalanes, saldría adelante.

El caso de Maricarmen ha sacudido la política andaluza. A pesar de haber firmado un acuerdo de Gobierno con Vox que garantiza una estabilidad de cuatro años, el presidente de la Junta se ha visto obligado a improvisar nuevas medidas en materia de vivienda, empujado por el nuevo marco de la política nacional.

El jueves anunció en el Parlamento un nuevo bono joven de alquiler, idéntico al que regula el Gobierno central, y sufragado con fondos estatales. Moreno no teme al PSOE en Andalucía, pero tiene pánico a la “ideología”. No hay un solo día que no advierta en sus discursos contra el pulso ideológico, como quien menta al hombre del saco, para espantarlo. La ideología es la pulsión de las izquierdas. El conflicto social por la vivienda viene a impugnar un sistema que ha convertido un derecho constitucional en un valor de mercado, de especulación. En este momento raro de la política en España, la pregunta es: ¿quien representa hoy ese sistema? ¿El Gobierno o la oposición?

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