Un mes de encierro en el hospital Doce de Octubre para exigir el acceso al Sovaldi de todos los enfermos

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C cumple este domingo un mes de encierro en el hospital Doce de Octubre de Madrid para reclamar el acceso a los nuevos fármacos para todos los enfermos. Tras treinta días con sus treinta noches entre las paredes del centro, los afectados acusan al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de hacer “demagogia y electoralismo” frente a este problema.

En declaraciones a Efe, el portavoz de la Plataforma, Mario Cortés, ha dicho que el anuncio del PP de finalizar el plan para abordar la hepatitis C antes de Semana Santa, cerca de las elecciones municipales y autonómicas, demuestra que “solamente buscan rédito electoral y están jugando con la vida de los enfermos”. El comité de expertos se creó hace justo una semana y emitirá su primer informe en 15 días. 

Cortés ha acusado a Alonso de hacer “demagogia y electoralismo” con los afectados por hepatitis C, puesto que, “ahora, debido a la movilización de los enfermos, el PP va a tomar las medidas que rechazó en el Parlamento el año pasado”, entre ellas, la puesta en marcha de un plan nacional contra la enfermedad.

El plan estratégico “llega demasiado tarde”, según el portavoz de la plataforma, quien ha señalado que los fármacos de nueva generación contra la hepatitis C llevan un año aprobados por la Agencia Española del Medicamento y ha recordado que hasta Semana Santa, cuando previsiblemente estará terminado el plan, van a seguir muriendo enfermos por no haber recibido los tratamientos.

Cortés ha subrayado que el encierro en el hospital Doce de Octubre se mantendrá de forma indefinida, tras afirmar el ministro que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene capacidad financiera para asumir el tratamiento con medicamentos innovadores de hasta 7.000 enfermos de hepatitis C, a pesar que, según los hepatólogos, hay entre 30.000 y 40.000 afectados graves.

Viajarán a Bruselas

Medio centenar de afectados viajarán a Bruselas el próximo 21 de enero para visitar el Parlamento Europeo y denunciar que España “deja morir a los enfermos de hepatitis C”. Una delegación de la plataforma mantendrá reuniones con representantes de distintos grupos parlamentarios europeos, como UPyD, Izquierda Plural, PSOE, Los Verdes y Podemos, para plantearles sus reivindicaciones.

En las entrevistas, solicitarán una partida urgente del Fondo de Cohesión de la Unión Europea para la hepatitis C en España en respuesta a una situación de “emergencia social”. Asimismo, propondrán una compra colectiva entre Estados miembros de la Unión para rebajar el precio de los nuevos tratamientos o que los países emitan licencias obligatorias sobre las patentes.

En España, según explicó el pasado 14 de enero el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, el tratamiento combinado de 12 semanas con medicamentos innovadores tiene un coste de 43.500 euros por paciente.

La plataforma ultima también una querella contra la ministra de Sanidad, Ana Mato, por omisión del deber del socorro a los enfermos de hepatitis C.

De nuevo en la calle

Esta reivindicación ha sido una de las protagonistas en la manifestación de la Marea Blanca que ha recorrido este domingo el centro de Madrid para exigir, una vez más el acceso universal a una sanidad pública y de calidad. 

“Les molesta que les llamemos asesinos, pero no hay otra palabra para definir lo que están haciendo”, ha dicho Jesús Escudero, portavoz y miembro de la MEDSAP, que ha recordado que, de las más de 4.000 muertes anuales por Hepatitis C que se contabilizan en el estado, “muchas son evitables”. “Denegar el tratamiento a los enfermos es como si hubiera un incendio y a los bomberos se les negara el agua para apagar el fuego”, insiste Escudero.

Los manifestantes también han protestado por el “incumplimiento” del contrato de Cruz Roja con la Comunidad de Madrid, que externalizó el servicio de transfusión de sangre de la región y por el tratamiento que se está dando a los enfermos mentales. 

El portavoz de la MEDSAP ha alertado, además, del peligro de que “en poco tiempo, los hospitales empiecen a suspender operaciones por falta de sangre” como consecuencia, explica, del contrato firmado con Cruz Roja en 2014 y que “está impidiendo al Centro de Transfusiones hacer una labor que hasta ahora era perfecta”.

Hasta 2014, era el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid quien suministraba el 90% de la sangre necesaria en la región, mientras Cruz Roja era responsable del 10% restante. Con la firma del nuevo convenio que entraba en vigor en enero del año pasado, la ONG pasó a hacerse cargo del 50% de las donaciones de la comunidad y de toda la recogida de sangre en la calle, un servicio por el que la Comunidad de Madrid ha pagado este año más de 9 millones de euros.