La CE propone reglas para reducir un 30 % coste de despliegue de banda ancha

La Comisión Europea (CE) propuso hoy una serie de normas para el despliegue de nuevas redes de internet de alta velocidad que, según sus cálculos, permitirían abaratar en un 30 % sus costes.

Entre otras propuestas, la iniciativa contempla que los edificios de nueva construcción estén equipados con la tecnología necesaria para tener una conexión de internet de alta velocidad, o que la infraestructura existente se utilice de manera más eficaz, precisó la CE en un comunicado.

La Comisión recordó que las obras civiles, como el cavar zanjas para introducir los cables de fibra óptica, suponen el 80 % del coste del despliegue de las redes de banda ancha de alta velocidad, y se mostró convencida de que su propuesta puede ahorrar a las empresas operadoras entre 40 y 60 millones de euros.

La vicepresidenta de la CE y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, afirmó que, “en la mayoría de los sitios, las leyes de hoy en día perjudican la competitividad de Europa”, en referencia a que las normas y prácticas administrativas a nivel nacional y regional “ralentizan” la creación de estas redes.

La Comisión explicó que la regulación propuesta hoy se basa en las “mejores prácticas” observadas en Alemania, España, Francia, Italia, Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, Eslovenia, Suecia y Reino Unido, y añadió que deja en manos de los Estados miembros asuntos organizativos.

Una de las principales novedades de la legislación que propone Bruselas es la obligatoriedad de que los edificios se construyan (o se renueven) con la equipación necesaria para que puedan conectarse a un servicio de internet de alta velocidad.

También defiende abrir el acceso a la infraestructura “en términos y condiciones justas y razonables”, que incluyan el precio, a los conductos, mástiles, instalaciones de antenas, torres u otras construcciones de apoyo existentes.

Otra de las ideas de la CE es poner fin a una coordinación de las obras civiles a su juicio “insuficiente”, permitiendo a cualquier operador negociar acuerdos con otros proveedores de infraestructuras, o simplificar el procedimiento por el que se conceden permisos, facilitando un solo contacto al que recurrir y reduciendo el tiempo de respuesta a un máximo de seis meses.

Además, la Comisión puso de manifiesto que, actualmente, hay “poca transparencia” sobre la infraestructura física apropiada para el despliegue de las nuevas redes de banda ancha, y que la normativa en algunos países “incluso desanima” a las compañías a colaborar con los operadores de telecomunicaciones.