Cinco claves que demuestran que la Lomce marcará este curso aunque se acordó su derogación en el Congreso

La revocación de la Lomce ha sido aprobada en varias ocasiones en el Congreso. En noviembre se ratificó en la Comisión de Educación una Proposición No de Ley, impulsada por el PdeCAT, que instaba al Gobierno a impulsar “urgentemente” iniciativas para derogarla, así como paralizar “de forma inmediata, el calendario de aplicación y desarrollo de la normativa” y de las disposiciones que se aprobaron para su evolución, entre ellas las que regulaban las reválidas. 

Después de tres cursos implementada y ya instaurada en los currículos académicos, a pesar de las votaciones en la Cámara Baja, su revocación se hará esperar hasta que se apruebe una ley que la sustituya. El Congreso inició el proceso parlamentario para tumbar el calendario de implantación de la Lomce en noviembre del 2016, un año después esta normativa sigue vigente y los grupos políticos continúan enconados en negociaciones para llegar a un pacto educativo que siente las bases de una nueva normativa que sustituya a la polémica y criticada Ley Wert.

Fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción no creen que se llegue a aprobar un nuevo reglamento en esta legislatura, temen que el informe final que determinen sea solo un “acuerdo de mínimos” debido a la dificultad que se están encontrando para ponerse de acuerdo en temas como el papel de la escuela concertada o de la laicidad en el aula. Hasta entonces, la Lomce seguirá adelante. Estas son algunas de las medidas que están en vigor y que no tienen buena acogida entre la comunidad educativa. 

1. Reválida de Secundaria1.  

Aunque se ha convertido en una prueba mucho más descafeinada de lo que planeó el exministro José Ignacio Wert. El mes pasado llegaba al Consejo Escolar del Estado el proyecto de orden ministerial de las reválidas de 4º de la ESO. Esta prueba no afectará a la nota media y será muestral, unos parámetros alejados de lo que contemplaba la Lomce en sus inicios: sería necesario aprobar esta prueba para obtener el título. Aunque este borrador también abría la puerta a que las administraciones regionales puedan “hacer la evaluación final con carácter censal [a todos los estudiantes]”.

“Es bueno realizar evaluaciones de la educación, pero deben ser evaluaciones internas y realizadas por el mismo sistema educativo, no por agentes externos. En cualquier caso tiene que tener como meta la mejora del sistema educativo, no la fiscalización con otros intereses”, apunta sobre este examen Voro Benavent, portavoz del sindicato STEs.

Por su parte, desde la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) consideran que esta prueba es un “gasto innecesario”. “Quieren darle una vuelta con tal de no quitar algo que no apoya nadie en la comunidad educativa”, responde su vicepresidente. El Sindicato de Estudiantes también critica la decisión de mantener estas evaluaciones “en la recámara”, “por si pueden impulsarlas de nuevo” en el futuro, teme su secretaria general.

2. Religión cuenta en la nota media 

En Bachillerato esta asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas tradicionalmente más duras, como Dibujo Técnico o Francés. Una de las consecuencias que se han percibido tras la implantación de la Lomce es que el número de alumnos de institutos públicos que escogen esta materia ha aumentado, ya que en esta etapa postobligatoria esta asignatura influye en la calificación final que condiciona el acceso a la universidad. Pasando así del 23% de estudiantes de Bachillerato que cursaban esta materia antes de la entrada en vigor de esta normativa al 37%, según datos del pasado mes de marzo.

Sindicatos, asociaciones de alumnos y CEAPA lamentan que la religión cuente en la media. “La enseñanza de las religiones debe estar fuera del currículum”, incide Francisco García, secretario general de la Federación de la Enseñanza de Comisiones Obreras. Para Ana Garcia, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, “es un escándalo que en 2017 la religión influya en la nota”.

3. Pierde presencia la Filosofía en las aulas 

En 2017 el Partido Popular cambió de opinión en este tema. Su diputada Sandra Moneo, portavoz en la Comisión de Educación, reconoció que habían cometido un error al permitir que en la Lomce la asignatura de Filosofía perdiese presencia en el currículum educativo.

El Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en esta normativa la eliminación de Historia de la Filosofía –antes troncal y ahora optativa en 2º de Bachillerato– e hizo desaparecer Ética y Educación para la Ciudadanía en la ESO. Solo concedió mantener una materia general (Filosofía) en 1º de Bachillerato. “Tenemos que entonar el 'mea culpa'”, admitió Moneo y aseguró que en las negociaciones del pacto quieren recuperar esta enseñanza.

Desde la Red Española de Filosofía (REF) explican que algunas comunidades autonómas han ido reaccionado a la “expulsión” de esta materia de las aulas. Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura blindaron Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato como obligatoria en todas las modalidades. Conforme pasan los cursos, algunas comunidades están tomando esa misma decisión. El Ejecutivo de la Comunidad Valenciana anunció que comenzará con esa estrategia el próximo curso y en octubre el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) para que sus estudiantes preuniversitarios cursen esa materia de forma troncal.

4. Democratización de los centros 

Uno de los principios sobre los que pivotó esta reforma se centró en dotar a los directores de los centros educativos de “un mayor liderazgo pedagógico y de gestión”, tal y como recoge el texto de la normativa. Años después de la entrada en vigor de la Lomce, CEAPA ha constatado que esta modificación “ha expulsado” a muchas familias de algunos centros, ya que los consejos escolares de los centros (formado por un sector de estudiantes, padres y madres, profesorado y algunos representantes municipales) se han convertido en órganos consultivos. “Los consejos escolares tenían la capacidad de decidir la programación general anual. Ahora lo elige el equipo directivo”, incide María Rodríguez, responsable de Educación del CJE.

La comunidad educativa reseña que la Lomce da más poder a los gobiernos regionales a la hora de elegir a los responsables de los colegios e institutos, por lo tanto lamentan que de esta forma los centros estén gestionados según “el interés de la administración”. “Es fundamental el trabajo en equipo, tanto con los profesores como con las familias. No puede ser que haya directores que impongan sus decisiones. El método de trabajo debe ser cooperativo”, ratifica Benavent.

5. Implantanción de la FP Básica

La Formación Profesional Básica sustituyó a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Esta docencia se oferta a jóvenes que han cumplido 15 años y que tienen dificultades para terminar la Secundaria. En un principio la Lomce preveía que los alumnos que quisieran obtener el título de la ESO tendrían que examinarse al terminar el curso de la reválida diseñada para 4º de Secundaria.

Una vez que esa prueba fue derogada, los estudiantes de FP Básica sí que pueden obtener esa titulación sin tener que examinarse. Fuentes del Ministerio de Educación explican que los encargados de decidir si lo consiguen es el equipo docente que ha trabajado con los alumnos durante el curso, valorando el resultado del aprendizaje en una evaluación final. Por su parte, desde la Consellería de Educación del Gobierno valenciano aclaran a eldiario.es que la obtención del título no es directa ya que la “valoración se hace alumno por alumno y según los criterios comunes fijados en el inicio del curso”, en su caso por el departamento regional de enseñanza en una resolución.

Desde Comisiones Obreras critican que esta normativa “parte de la premisa que el que vale para estudiar puede ir a los itinerarios que llevan a la universidad y el que no tiene esas habilidades es derivado a la FP Básica”. El Sindicato de Estudiantes considera que esta propuesta es un parche para no invertir en educación inclusiva, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa española de abandono escolar temprano duplica la de la UE y el porcentaje de alumnos repetidores triplica la media de la OCDE.