El Gobierno valora que la Audiencia exija a Fertiberia un aval para restaurar balsas de Huelva

El Gobierno ha valorado este jueves la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de requerir a la empresa Fertiberia el depósito “inmediato” de un aval de 65,9 millones de euros para la regeneración ambiental de las marismas de Huelva.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), han señalado a Efe, que disponer de un aval es una obligación que la Ley de Costas impone a los titulares de las concesiones extinguidas, para evitar, que un eventual riesgo medioambiental sobre el dominio publico se quede sin cobertura.

La Audiencia Nacional ha dado a Fertiberia el plazo máximo de un mes para que, “con carácter inmediato” ,constituya garantía mediante aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros, hasta la completa ejecución de los trabajos de regeneración ambiental de las balsas de fosfoyesos de Huelva.

El Miteco ha incidido en que durante el último año ha hecho numerosos intentos para lograr la efectiva constitución de ese aval, y ha requerido a esta empresa que cumpla con lo impuesto judicialmente y con lo establecido en la Ley de Costas.

La AN considera que, procede la íntegra desestimación de las pretensiones de Fertiberia, pues el importe de la garantía debe ser “sin paliativos ni demoras” de 65,9 millones de euros y no de 21,9 millones de euros como había pedido dicha empresa.

Fuentes ministeriales han valorado también que la Audiencia Nacional se haya manifestado en los mismos términos que el requerimiento de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de este departamento, que se había dirigido a la empresa, con ese objetivo, el pasado julio.

El Miteco ha subrayado que la resolución de la AN advierte también a la empresa de que , en el caso de no presentar el aval en los términos y plazo señalados, la Sala podría adoptar medidas coercitivas.

Fertiberia fue titular de una concesión en dominio público marítimo-terrestre para la explotación de balsas de fosfoyesos, que caducó en 2003 y el proyecto de regeneración de la zona que ocupó esa explotación está aún pendiente de declaración de impacto ambiental.