Una marcha intenta frenar la política de caza de lobos del Gobierno
El lobo es una cuestión política. Su utilidad ecológica, su valor ambiental ya no se discuten, al menos, científicamente. Sin embargo, su protección o persecución encienden el discurso político. Declarado ''incompatible'' para la ganadería por múltiples organizaciones profesionales, el Gobierno del Partido Popular se ha alineado con esas tesis al planear, solicitar y alentar la desprotección legal de la especie y empujar hacia una fórmula concreta de gestión: la caza de ejemplares. Otras administraciones como el Gobierno asturiano y la Junta de Castilla y León han seguido políticas similares. Este domingo una manifestación por la protección total del lobo atraviesa el centro de Madrid.
1. La gestión letal, elección del Ministerio
La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha resumido su aproximación al lobo ibérico: “Que se pueda matar al sur del Duero”, donde los lobos están protegidos por la ley. No es más que una continuación de la línea marcada por su exjefe, Miguel Arias Cañete (ahora comisario europeo).
Esta opción política tomó una forma casi extrema en la última semana de febrero pasado cuando el PP aragonés solicitó oficialmente en las Cortes de Aragón que se declarara especie exótica invasora. Así podrían erradicarse los pocos ejemplares que parecen haberse adentrado en el Alto Aragón. “No se trata de cazarlo sino de devolverlo a su territorio”, explicaron al anunciar la propuesta.
Un paso más allá han dado los populares en Asturias. El diputado en la Junta General, Matías Rodríguez Feito, ha llegado a asegurar que “tenemos lobos metidos en las casas de la gente en Asturias” y que la “superpoblación” lo hace “incompatible con la ganadería”.
“El PP necesita tener cautivo el voto del mundo rural, y los sindicatos agrarios les han dicho que para eso se dediquen a matar lobos”, analiza Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. La afirmación puede extenderse si se mira al Principado de Asturias, donde el Gobierno del PSOE ha puesto en marcha un plan de gestión que permite batidas casi indiscriminadas si se detectan lobos en concejos donde se entendía que no estaban presentes.
2. El mantra: lobo y ganado son incompatibles
Las decisiones políticas han ido de la mano del siguiente mensaje desde el sector ganadero. El lobo ibérico hace inviable la ganadería. El ejemplo más reciente es el de los ganaderos de La Ribagorza en Aragón que, ante la aparición de ejemplares en suelo de la comunidad autónoma, han expresado este mes: “La reintroducción del lobo en el Pirineo puede suponer la práctica desaparición de la ganadería extensiva en las zonas de montaña”.
La organización ganadera Abaduero insiste también en la “incomptabilidad” del depredador con su negocio: “Las personas que se han quedado en el mundo rural viviendo de la ganadería, ven cómo sus animales son atacados por el lobo, se sienten impotentes ante la perdida de sus animales y los daños causados”.
UAGA (los ganaderos de Álava) aplican el mismo argumentario; “La actividad ganadera basada en el aprovechamiento de pastos es incompatible con la presencia del lobo y nuestra convivencia con él inviable y esto no se arregla con indemnizaciones”. La Alianza por la Unidad del Campo consiguió en 2014 que el pleno de la Diputación aprobase una declaración que decía que la provincia era “territorio libre de lobos”, algo que choca directamente con la ley que ofrece protección plena a la especie en ese zona.
3. La ciencia: cazar más no sirve para evitar ataques
Que la eliminación de todos los lobos evita los ataques de lobos es evidente. Pero la caza de ejemplares para diezmar sus poblaciones y, así, que acechen menos a los rebaños es algo que la literatura científica no muestra.
Un estudio sobre prácticas de gestión en la Unión Europea recientemente publicado por el Parlamento Europeo ha mostrado que a más eliminación, no hay menos ataques. Incluso pueden darse más.“La gestión letal [eliminación y caza] tiene poco efecto, o efectos contrarios, al resultado deseado: mitigar la depredación”.
De hecho, el análisis concluía que reducir los ataques a base de cazar lobos solo resulta efectiva si se realiza a tal escala que provocara, en definitiva, la extinción.
4. La Justicia empieza desmontar las medidas
La efectividad de la leyes medioambientales es lenta. Llegan muchas veces tarde. Pero, en el primer trimestre de 2018, la justicia ha anulado dos instrumentos de administración de la especie puestos en marcha por la Junta de Castilla y León (PP): el plan de gestión y el plan de caza. En ambos casos, los magistrados vieron injustificadas y sin argumentos científicos las medidas de control (caza) y los cupos de lobos que se podían matar a razón de 143 ejemplares al año. La sentencia ha llegado con cientos de lobos ya abatidos.
Además, la Fiscalía está investigando el plan de Asturias para manejar a este depredador por si las batidas de caza indiscriminadas constituyen una vulneración de la normativa ambiental.
5. La oposición
Con el cambio de panorama político en el Congreso de los Diputados, el año pasado, la cámara instó al Gobierno a extender la protección legal del lobo a todo el territorio español, al norte y al sur del Duero. También que las poblaciones sureñas fueran declarada en peligro. El Ejecutivo ha contestado al respecto: “Cabe indicar que el estatus legal se adecúa al señalado en las Directivas europeas que, de momento, no van a ser modificadas”. Esa decisión de la Comisión Europea ha venido a pesar de las propuestas del Gobierno para rebajar el nivel de protección de la especie. “Ignoran a la mayoría social y política que se manifestó a favor del lobo ibérico, y está eludiendo el mandato mayoritario de proteger al lobo”, ha explicado el diputado de Equo Juantxo López de Uralde.
