Ribera dice que recabará informes para ver cuándo se puede desmantelar Castor

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho hoy que todavía no ha encontrado los informes que el anterior Gobierno anunció que iba a recabar para saber cuándo se podría desmantelar el almacén de gas Castor, y se ha comprometido a encargarlos rápidamente, si no los hay.

Ribera, en respuesta a una pregunta del senador de ERC Miguel José Aubà sobre la fecha en que estarán disponibles los informes medioambientales que determinen si hay riesgo para desmantelar el almacén subterráneo marino, ha respondido que no lo sabe.

Ha recordado que, una vez que el anterior Ejecutivo dispuso de los informes de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts que le llevaron a paralizar de forma definitiva ese proyecto, el Ministerio de Energía anunció que recabaría informes técnicos para saber cuándo y en qué condiciones se podría desmantelar en condiciones de seguridad.

“A fecha de hoy no conozco esos informes. No los tengo. No los he encontrado”, ha dicho la ministra, que ha añadido que todavía no tiene constancia de “a quién se han encargado y en qué momento están”.

Teresa Ribera se ha comprometido a “averiguar dónde estamos” y a traer la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, así como a encargar “rápidamente” los informes, si no los hay.

“Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados”, ha añadido la ministra, que ha señalado que traerá los informes a la Cámara para escuchar las opiniones y recomendaciones de los parlamentario respecto a los pasos a seguir con el almacén.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.

El Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS -promotora del proyecto-, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.