No encontrar la mesa y programas que no se entienden: problemas electorales de las personas con discapacidad que se repetirán el 26M

El 28A, unas 100.000 personas con discapacidad intelectual recuperaron el voto gracias a la reforma de la LOREG que había sido aprobada en octubre y que convirtió a España en el octavo país de la UE en regularlo. Una vez conseguida esa meta, a unos días del 26M el reto es otro que explica Fermín Núñez, responsable de comunicación estatal de Plena Inclusión: “Ahora aspiramos a que vaya acompañado de la garantía para esas personas de poder ejercerlo en igualdad”.

Desde esa institución han desarrollado un cuestionario acerca de la jornada del 28 de abril en el que han participado más de 1.000 personas que pudieron votar por por primera vez ese día, o que volvieron a hacerlo después de haber sido incapacitadas. Una suerte de balance del que extrajeron varios problemas que, a falta de tiempo, se podrán repetir el 26 de mayo. El 46,1% necesitaron ayuda para encontrar el sitio donde votar, ya fuera por parte de sus familiares o de voluntarios de alguna entidad. El 48% afirmaban haber tenido información accesible sobre el proceso electoral y los programas, pero casi el mismo porcentaje, el 45%, lo negaba.

Desde Plena Inclusión identificaron esos dos problemas a través de las encuestas, pero no es el único sistema: “En los simulacros y las quejas recibidas hemos detectado problemas para consultar los listados del censo electoral en relación con la mesa que toque –más lioso en las ciudades que en el área rural, por haber más censo–, y en que los plazos para reclamar cuando hay algún error son muy escasos”.

El cuestionario incluía también algunas respuestas libres, entre las que se leía tanto satisfacción (“me ha gustado votar”) como cosas más negativas: “Hay personas que me miran raro”. También ideas de mejora, como “poner una foto de cada político”, “más  información de los partidos minoritarios”, “que se pueda votar en cualquier mesa”, “personal especializado en cada colegio electoral”, “que pongan papeletas por colores y en orden”, “todo con lectura fácil y Braille”, “adaptar los programas, que no sean tan técnicos” o “la letra de las papeletas tiene que ser un poco más grande”.

Una de los más de mil personas que la han rellenado es Antonio Hinojosa, que tiene discapacidad intelectual y también trabaja en el área de Comunicación de Plena Inclusión. Tiene 25 años y nunca ha estado incapacitado, “siempre he votado de manera no coaccionada”, pero alude a la gran diversidad del colectivo, que a veces se ve reducida en el imaginario: “Pido accesibilidad cognitiva en todos los colegios. Yo soy muy autónomo y me oriento muy bien, pero hay muchas personas que no. Tienen que pedir ayuda, y eso resta garantías”.

Cómo se soluciona

¿Cómo han barajado desde Plena Inclusión sufragar esos vacíos? Una de las posibilidades sería como lo resolvieron en Tudela (Navarra), donde se colocó el 28 de abril cartelería informativa adaptada y hubo personal de Protección Civil y Cruz Roja para ayudar. Otra es, como han hecho desde Plena Inclusión, enviar información a los apoderados para que sepan cómo actuar.

Lo ideal sería, explica Núñez, que las administraciones involucradas –Ministerio de Interior, Instituto Nacional de Estadística y Junta Electoral– adaptasen todo el sistema, desde la publicidad institucional hasta las listas del censo. “Reivindicamos que se haga mediante Real Decreto, como el que regula el voto de las personas ciegas. Esa es la forma de obligar al equipo de logística electoral a hacerlo, para que no sea por mero voluntarismo, Por ejemplo, se incluya unas directrices en el manual de mesa. Modificar la legislación es lo que garantizará que el voto sea para todos libre, voluntario, y se ejerza de manera accesible y comprensible”.

Les gusta decir que cumplir con todas esas garantías, además de conllevar que se cumpla con los postulados de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, es “una devolución que se hace a toda la sociedad”: “Beneficiaría a todos. Corregiría problemas que surgen en el voto por correo, en el acceso al censo, al manual, medidas contra la brecha digital… La administración pública difundiría la información con un lenguaje más comprensible y haría los procesos más sencillos. No solo para el colectivo con diversidad funcional, también para personas mayores, con deterioro cognitivo o migrantes sin inmersión lingüística total”.

También solucionaría posibles cuestionamientos. Por ejemplo, las sospechas que recayeron en la victoria de Vox entre mujeres discapacitadas en una residencia de Ávila regentada por monjas. Una historia como esa, que contó El País, se evitará “cuanta más información comprensible haya. Lo que trasciende de ese caso es que las personas de ese centro estaban aisladas, sin posibilidad de informarse acerca del espectro político. Son más susceptibles de ser engañadas, pero eso no solo vale para personas con discapacidad. El condicionante para el voto libre no es la discapacidad intelectual, es el aislamiento y la falta de opciones para informarte”.

Desde Plena Inclusión no reportaron incidencias importantes durante la jornada del 28A. Lo que más les preocupa es la instrucción sobre discapacidad de la Junta Electoral por la que han pedido amparo al defensor del pueblo, pero que no se ha podido resolver antes del 26M, que daba permiso a las mesas para apuntar el DNI si ven que un voto no se ha realizado de manera libre. por tres cosas: “No se definen los criterios objetivos para considerar el voto ‘no libre’; no sabemos qué se haría con esos DNIs; y es discriminatorio al referirse solo a las personas con discapacidad”.