Abascal, Abogados Cristianos y los 'think tanks' de Trump: la internacional ultraderechista se confabula en Bruselas
La extrema derecha internacional se prepara para hacer desembarcar en el Parlamento Europeo uno de sus puntos de encuentro de mayor nivel. Rostros conocidos de la agenda ultra de una veintena de países se darán cita en Bruselas este martes convocados por la Red Política de Valores (PNfV, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones clave de este universo de actores ultras. Tras pasar por el Senado español hace un año, la séptima edición de su Cumbre Transatlántica contará con representantes españoles como el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Abogados Cristianos Polonia Castellanos.
Bajo el lema “Libertad de expresión VS expresión regulada: fortaleciendo los pilares la de democracia”, el foro servirá para que las figuras más destacadas de la ultraderecha conviertan Bruselas en epicentro del discurso reaccionario y compartan sus estrategias para intentar imponer su agenda. Son líderes políticos, religiosos y de organizaciones civiles que abogan por ilegalizar el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual y enarbolan teorías como la del Gran Reemplazo, un discurso popularizado en los últimos años por la ultraderecha según el cual se estaría intentando sustituir a la población blanca en Occidente por inmigrantes.
Todo ello va revestido en esta edición de “derecho a la libertad de expresión”. Se presentan como víctimas de la censura y la “cultura de la cancelación” frente a la “expresión pacífica” de sus convicciones, que aseguran que “cada vez más” se está viendo “estigmatizada como 'discurso de odio' o 'extremismo'”. Este enfoque “no es casual”, dice Wendy Vía, directora de la organización Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE), que lleva años monitorizando a estos grupos. Porque en el fondo sus apelaciones a la libertad de expresión “funcionan como herramienta política” para ocultar y legitimar “agendas reaccionarias” y “justificar ataques a los derechos humanos” casi siempre en nombre de la religión.
Dos familias políticas del Parlamento Europeo patrocinan la cumbre: los Patriotas por Europa y los Reformistas y Conservadores (ECR). A este último grupo pertenece el actual presidente de la Red Política de Valores, el eurodiputado croata de Movimiento por la Patria Stephen Bartulica, que sustituyó en el cargo al actual presidente electo de Chile José Antonio Kast. La red integra nombres de diferentes países y habitualmente fundadores o miembros de otras organizaciones locales: su presidente de honor es el exministro con José María Aznar Jaime Mayor Oreja y en su Consejo Asesor figura el exsenador del PP y alto cargo del Gobierno de Cantabria Javier Puente, pero ninguno de los dos aparecen en el programa de esta edición.
El plantel político europeo de los Reformistas y Conservadores estará integrado por asistentes como el exprimer ministro polaco Mateusz Morawiecki, del partido Ley y Justicia (PiS), dos eurodiputados de los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni y una de Identité-Libertés, el partido de Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen. De la mano de los Patriotas por Europa intervendrán Santiago Abascal y la eurodiputada Margarita de la Pisa de Vox y dos miembros de Fidesz, la formación del ultra húngaro Viktor Orban.
La presencia de líderes políticos no se limita al ámbito europeo. Repite tras pasar por la cumbre organizada por el Senado la miembro del Parlamento ugandés Lucy Akello, que según GPAHE contribuyó a la aprobación de una ley anti-LGBTI que establece la cadena perpetua para la homosexualidad en Uganda. El Parlamento Europeo recibirá además figuras relevantes de Latinoamérica como el exministro de Exteriores de Jair Bolsonaro, el brasileño Erenesto Araujo, que a la vez es uno de los asesores de la Fundación Disenso de Vox. Desde la Argentina de Javier Milei llegarán los diputados de La Libertad Avanza Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, que impulsa el proyecto del Gobierno de bajar la imputabilidad penal a los 13 años. También habrá políticos cercanos al presidente chileno electo, José Antonio Kast y legisladores de Paraguay, donde la extrema derecha está creciendo fuertemente en los últimos años.
“Para ellos esta batalla es clave, es cultural pero también legislativa, porque estos discursos para los que reclaman espacio y legitimidad no se quedan en discurso, sino que tienen voluntad de ser implementados, y por eso escenarios como el Congreso de los Diputados o el Parlamento Europeo son tan importantes”, reflexiona el historiador y experto en extremas derechas Steven Forti. “El objetivo es ocupar los espacios democráticos, tener visibilidad mediática y meter sus temas en la agenda política”, subraya.
“Los think tanks y estas redes y foros son la expresión de cómo se puede implementar y fortalecer esta agenda”, explica Forti, que hace hincapié en el tema del encuentro: “El concepto de libertad fue secuestrado por el neoliberalismo al mundo progresista, y ahora por la extrema derecha, que enarbola la libertad de expresión frente a la 'censura de lo políticamente correcto', el 'wokismo' y la 'agenda globalista' que están –según ellos– destruyendo los valores y los pilares de Occidente”.
Lobbies y cruzada judicial
La pata de las organizaciones de la sociedad civil está encabezada por The Heritage Foundation, considerado el mayor lobby ultra del mundo e inspirador de la hoja de ruta de Donald Trump. La fundación es autora del Proyecto 2025, un plan ultraconservador para “salvar Estados Unidos” del que el presidente intentó desvincularse. Sin embargo, la CNN reveló que hasta 140 personas que habían trabajado para él estaban detrás del plan. La influencia de The Heritage Foundation en la presidencia estadounidense llega hasta el punto de que el economista jefe del think thank ha sido elegido por el republicano como director de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Las jornadas vuelven a poner sobre la mesa la relación entre los grupos de ultraderecha en la Unión Europea y la Administración Trump, que ya celebró en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre “la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos” como “motivo de gran optimismo”. El Gobierno estadounidense sigue en su cruzada para tratar que las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses no tengan que responder a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. La norma protege la privacidad de los ciudadanos y obliga a los gigantes tecnológicos a controlar discursos de odio, por lo que ha sido criticada por el propietario de X Elon Musk haciendo referencia a que las reglas de moderación constituyen un “ataque” a la “libertad de expresión”.
Esta narrativa es la que reproducen los organizadores de la Cumbre Transatlántica, en la que también tendrá un papel clave la Alliance Defending Freedom International. Esta es la rama global de la ADF con sede en Estados Unidos, una organización que el GPAHE califica de “poderosa” y a la que atribuye un “papel fundamental” en la campaña que condujo a que el Supremo tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en el país. Su filial internacional, que participará en el foro de este 3 de febrero, ya organizó en el Parlamento Europeo el pasado mayo un evento en el que tildaba de “censura online” la DSA.
“En general cuando la extrema derecha habla de libertad de expresión, lo que reclama es una vía libre para discriminar, promover el odio xenófobo y a todo aquello que consideran distinto a su modelo de familia y de sociedad. Pasa con el trumpismo, o con la derecha de AFD cuando quiere seguir recuperando el legado nazi en su discurso, o el presidente Kast cuando niega el terrorismo de Estado de Pinochet”, sostiene Federico Finchelstein, historiador y catedrático en The New School (Nueva York).
“En concreto, la libertad de expresión que reinvindican estos extremistas con vocación fascista es la de odiar, discriminar y hacer que la democracia sea menos pluralista y tolerante de la diferencia”, remata Finchelstein, autor de varios libros sobre fascismos y populismos.
Se suman a las organizaciones norteamericanas varias que tienen en el litigio estratégico para tumbar derechos su principal actividad. Es el caso de la española Polonia Castellanos, la presidenta de Abogados Cristianos, una organización que utiliza los tribunales para intentar recortar derechos y que actualmente está inmersa en la batalla judicial para evitar que una mujer de Barcelona acceda a la eutanasia. Castellanos es parte del Consejo de Expertos de la Red Política de Valores (PNfV), en el que también está el asistente Jay Richards, de The Herritage Foundation. Ambos hablarán en una de las mesas redondas sobre medios de comunicación y cultura.
Que las organizaciones ultra a nivel global compartan rostros no es una excepción: los nombres van reproduciéndose en unas y otras hasta tejer un tupido mapa que no para de extenderse. A Bruselas viajará también Sharon Slater, cofundadora de Family Watch y férrea opositora al matrimonio igualitario, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o el aborto, como ya defendió en el Senado en la anterior cumbre. Y también Nedy Casillas, del Centro de Derechos Fundamentales, cuyo lema es “Dios, Patria, Familia”. Ambas son miembros de la Junta Directiva de la PNfV.
La fundación del partido húngaro Fidesz, que también contará con un representante, y el Centro de Derechos Fundamentales son dos de los actores húngaros señalados habitualmente como ideólogos de Víktor Orban. Se suma a ellos el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, que centra su actividad en la ofensiva judicial y en el lobby en el Parlamento Europeo contra los derechos sexuales y reproductivos. Gregor Puppnick, su director general y una de las figuras más activas del movimiento anti matrimonio homosexual en Francia, será uno de los ponentes.
Wendy Vía, de GPAHE, apunta a cómo este tipo de cumbres “desempeñan un papel clave” en la coordinación internacional y el aumento de influencia de estos grupos. Los foros suelen servir para compartir ideas y prácticas e intercambiar estrategias a modo de “centro de contactos” que les permita establecer alianzas y a los actores “más pequeños” aprender, adaptar y replicar estrategias legales desarrolladas por grupos más influyentes, apunta Vía en referencia a Abogados Cristianos.
Los progresistas se movilizan
El encuentro ha causado estupor entre los parlamentarios progresistas de la Cámara europea. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha impulsado el envío de una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que señala que “la concentración de la internacional fascista no debería ser financiada con fondos europeos ni celebrarse en las instalaciones del Parlamento Europeo”. La misiva, firmada por unos 30 diputados de los grupos políticos de la izquierda, verdes, liberales y socialdemócratas, denuncia que el Parlamento Europeo permita en sus instalaciones la celebración de un foro “a activistas que están en contra de la democracia”.
Entre los españoles firmantes de la carta se encuentran Estrella Galán, Jaume Asens, Pernando Barrena, Vicent Marzà, Isa Serra e Irene Montero. “Esas jornadas deberían estar prohibidas en una institución que se dice democrática. Una institución europea como el Parlamento no puede ponerle un altavoz al odio y a la violencia. Si se realizan, en ellas se cometerán delitos de odio contra las mujeres, contra las personas LGTBI. Por eso la Presidencia del Parlamento debería impedir su realización. Basta ya de normalizar el fascismo”, ha afirmado la eurodiputada de Podemos Isa Serra.
En la misma línea se ha expresado Iratxe García, presidenta del grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que se posiciona “rotundamente en contra” de la cesión del espacio a organizaciones “que tienen como fina atacar los principios y valores en los que se fundamenta la UE” y que son “absolutamente incompatibles con los objetivos de este lobby ultraconservador”. La líder de los socialistas europeos ha calificado de “lamentable” que el foro se organice con la ayuda de dos grupos de la Eurocámara y partidos como Vox, ante lo que ha hecho un llamamiento al PP “para que deje de dar cobertura a la extrema derecha” con sus pactos.
La misiva reclama “prohibir el evento de discurso de odio” en base a la Resolución sobre “el aumento de la violencia neofascista en Europa” y pide a la presidenta de la Eurocámara que “se respete” la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Código de Conduta del Parlamento, ya que el foro “ataca la dignidad e integridad” de mujeres y personas LGTBI. Sin embargo, la realidad es que la Cámara europea no recoge en sus estatutos la posibilidad de prohibir este tipo de encuentros.
A preguntas de este medio sobre la posibilidad exigida en la carta, el Parlamento Europeo se limita a especificar que “los eurodiputados, los grupos políticos y la secretaría del Parlamento organizan y acogen eventos regularmente” y que los participantes, si son representantes de determinados intereses, “deben estar previamente registrados en el Registro de Transparencia para poder acceder a las instalaciones del Parlamento”, como recoge en el reglamento.