Las comunidades rebeldes con la LOMCE serán mayoría y se alían para no implantarla

Paren las máquinas. El vuelco de poder en la España autonómica amenaza con detener la aplicación de la LOMCE antes aún de lo que sus críticos habían previsto. El nuevo mapa político muestra un dibujo donde el PP, único valedor de la ley pero que se valió de sus mayorías para sacarla adelante a toda prisa, va a pasar de gobernar en 11 comunidades autónomas a hacerlo en cinco en la que vive sólo el 25% de la población. Y a los nuevos no les gusta la LOMCE.

La ley ya contaba con la oposición de las cinco regiones donde no mandaban los populares, pero eran minoría. Ahora, los más que probables nuevos gobiernos de Valencia, Castilla La Mancha, Extremadura, Aragón e Islas Baleares (todos del PSOE con fuerzas de izquierda) y Navarra (Geroa Bai) anuncian o dejan entrever su rechazo a la ley y su disposición a detenerla. “Es importante paralizar [la LOMCE] antes de que empiece el nuevo curso escolar”, resumió en la Cadena Ser el futuro presidente castellanomanchego socialista, Emiliano García Page. No es probable que las reuniones entre comunidades y Ministerio acaben como la última, cuando los disidentes, 5 de 17, se levantaron de la mesa. Ahora serán 12. Derogarla no pueden porque la LOMCE es una ley estatal y no está entre sus atribuciones.

Pero las comunidades autónomas tienen las competencias en educación y en sus manos está aplicarla más o menos, desarrollarla, implantarla o jugar con el papel de las evaluaciones. Para esta campaña cuentan con el apoyo de la comunidad educativa: los cinco sindicatos mayoritarios se han manifestado contra la LOMCE repetidas veces y la plataforma La Educación que nos Une (formado por colectivos como Intermón, Ecologistas en Acción, o Yo Estudié en la Pública) publicó un manifiesto en el que aseguraba que “tras conocerse el resultado de las últimas elecciones (...) seguir con su puesta en marcha [de la LOMCE] sería un insulto a la ciudadanía”.

De fondo sobrevuela, además, el vacío de poder en Educación. El ministro, José Ignacio Wert, está a punto de marcharse. Su número dos, Montserrat Gomendio, ya lo hizo. A priori el nuevo titular no iba a tener mucho que hacer hasta noviembre, cuando se celebren las elecciones generales, porque el PP ya ha hecho las reformas que quería (y le ha dado tiempo). Ya tendrá ocupación.

Cataluña dispara

Fue la consejera catalana de Educación, Carmen Rigau, una de las Comunidades que lleva batallando contra la LOMCE desde que se empezó a hablar de ella, quien informó del proceso de convergencia que se está produciendo a raíz del cambio de poder. Rigau explicó que ha comenzado unos “contactos” con otras comunidades autónomas para pedir que se convoque una Conferencia Sectorial de Educación —órgano que reúne al Ministerio de Educación con las Comunidades— para debatir de nuevo sobre la LOMCE. El argumento de Rigau es que “la fragilidad política se ha incrementado” por la nueva debilidad del PP. “Queremos preservar el modelo educativo y hacer una acción política” para que el curso que viene empiece en septiembre igual que el actual, afirmó Rigau.

La ley empezó a implantarse a inicios de este curso que acaba en los años impares de Primaria: 1º, 3º y 5º. Según los plazos contemplados en la LOMCE, para este tocaba completar la primaria con los cursos pares (2º, 4º y 6º) y dar el salto al instituto con el mismo modelo: empezar este septiembre en 1º y 3º de la ESO y en 1º de Bachillerato, para concluir su implantación el curso próximo (2016-17) en 2º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

Este calendario, bastante forzado en cuanto a su aplicación y al ritmo al que se iban publicando los decretos que desarrollaban la ley, puede no cumplirse nunca. Las “prisas” del Ministerio en implantar la ley —una de las principales críticas prácticas desde las comunidades autónomas a la norma, más allá de las ideológicas— venían dadas, explican sus críticos, por el interés del Gobierno del PP de tener la ley ya en las escuelas de cara a las próximas elecciones. Toda la oposición parlamentaria se ha comprometido a derogar la LOMCE en cuanto el nuevo reparto de mayorías en el Congreso lo permita. Los nuevos partidos que entrarán (Podemos y Ciudadanos) también se han manifestado contra la ley: tiene los días contados. Pero al estar ya aplicándose, retirarla será más difícil, admiten unos y otros. Por eso este renovado interés en detener su implantación antes de que se asiente en el sistema.

Rechazo general

Cuando se confirmen los nuevos gobiernos autonómicos el frente anti-LOMCE se habrá extendido por España. El PSOE gobernará siete Comunidades, CiU una, el Partido Regionalista Cántabro otra, Geroa Bai Navarra y Coalición Canaria otra. Enfrente, el PP mandará en cinco regiones. Y los nuevos ya van anunciando su rechazo a la LOMCE. Pero van a tener que darse prisa. El curso empieza en septiembre, pero las preinscripciones en los colegios están hechas ya, la matriculación arranca en julio y los gobiernos autonómicos no están ni constituidos.

García Page, próximo presidente de Castilla La Mancha, ha aludido a “los problemas técnicos” que está generando la ley, fruto de las mencionadas prisas, que están “trayendo de cabeza” a las Consejerías de Educación para mostrarse favorable a “paralizar” la ley. “Los problemas de fondo” se solucionarán “porque el Gobierno de España va a cambiar a la vuelta de unos meses”, añadió.

El PSOE ha mostrado reiteradas veces su disposición a batallar contra la LOMCE. Lo ha hecho desde su pequeño reducto de poder hasta ahora (Andalucía y Asturias) y extenderá la confrontación al resto de regiones que va a gobernar. En Valencia no ha habido postura oficial, pero sus socios Compromís y Podemos se han manifestado en varias ocasiones contra la LOMCE. Queda por ver cómo queda plasmado en un futuro gobierno. En Extremadura (gobernará con los votos de Podemos), Aragón (Podemos más la Chunta Aragonesista) o Islas Baleares (Podemos y MES) ocurre tres cuartas partes de lo mismo, según fuentes de estos partidos. En Navarra, los partidos que pactarán para dar el Ejecutivo a Geroa Bai (Bildu y Podemos) también rechazan la ley del PP. Y en Cantabria, donde el Partido Regionalista Cántabro se apoyará en el PSOE  para gobernar, la postura es la misma.

Pero no son lo mismo las intenciones que los hechos, advierten las fuentes consultadas. La ley es estatal, recuerdan todos, y no es decisión autonómica derogarla. A nivel de normativa, pueden presionar en la Conferencia Sectorial. Y pueden tomar medidas. En el grupo de trabajo que negocia el acuerdo a tres en Baleares (PSOE, Podemos y MES) han acordado elevar a los partidos varias propuestas concretas para mitigar los efectos de la LOMCE. Con toda la prudencia que conllevan estos procesos hasta que estén concluidos, fuentes del grupo explican que se aprobará una proposición no de ley para hacer un frente común con las otras comunidades autónomas disidentes, se trabajará para que las famosas reválidas que impone la LOMCE no tengan efectos académicos ni sobre el centro ni sobre los alumnos o se velará porque los profesores de ciertas asignaturas que la ley margina (como Tecnología, Música o Plástica) no acaben en la calle, lo que parece su destino.