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Cinco comunidades plantan a Educación por la nueva selectividad, que será tipo test y con 350 preguntas

Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y el País Vasco se oponen al formato diseñado por Educación para las reválidas

Los díscolos creen que el diseño de la prueba, que será única para todo el Estado, tiene un carácter centralizador, de control y que desprecia al maestro

Las Comunidades del PP hablan de falta de respeto y achacan el plante a medidas electoralistas por la cercanía de las elecciones. Wert asegura que la nueva prueba "garantiza la homogeneidad"

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A la selectividad le cuesta adaptarse al calendario académico europeo

La Selectividad desaparece con la LOMCE.

Cinco Comunidades Autónomas han solicitado al Ministerio de Educación que retire el proyecto de Real Decreto que regulará las pruebas de evaluación de final de etapa —las llamadas reválidas—, entre ellas la de final de Bachillerato que sustituirá, en un principio, a la Selectividad. Según el proyecto de Real Decreto que maneja el departamento que dirige José Ignacio Wert, la prueba de evaluación de final de Bachillerato será tipo test y constará de 350 preguntas. Todas las comunidades que no gobierna el PP —que suman casi la mitad del alumnado en España— han rechazado al modelo propuesto y así se lo han hecho ver al ministro en la cita justo antes de levantarse de la mesa.

"Invade competencias de las Comunidades Autónomas, supone una desconfianza en el trabajo del profesorado, no se sabe quién va a pagarlo ni a costa de qué...", adelantaron los consejeros de Educación de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias. En la reunión, cuando aún no se había comenzado con el primer punto del orden del día, el consejero canario ha leído un papel en nombre de los cinco disidentes, se han levantado y se han marchado de la cita. "Nos negamos a asistir como meros espectadores al continuo desprestigio al profesorado y la devaluación constante de las competencias de la autonomía que persigue la LOMCE", explicó José Miguel Pérez, el consejero canario.

Las Comunidades restantes, del PP, y el Ministerio de Educación han calificado el plante de "falta de respeto" y han hecho hincapié en que no es modo de plantear un diálogo abandonándolo. "Piden que se dialogue pero algunos solo quieren ser escuchados", ha afirmado tras la reunión el consejero castellanomanchego, Marcial Marín, en nombre de los 12 gobiernos regionales que se han quedado. Aluden también a motivos electoralistas, con las municipales y autonómicas a un mes vista.

El ministro afirmó tras la reunión que es "materialmente" imposible retirar los decretos porque forman parte del desarrollo normativo de la LOMCE y "no es susceptible de ser modificado". Además, según Wert, la prueba de final de ciclo es un ejemplo de "transparencia, un elemento que garantiza la homogeneidad y una garantía de que se cumplen los objetivos".

En la Conferencia Sectorial, a 18 bandas entre el Ministerio y los 17 consejeros autonómicos, también se ha tratado el nuevo decreto que fija las cuantías y nivel de renta para acceder a una beca el próximo curso. Las regiones disidentes también protestan por un sistema que, afirman, ha dejado fuera a muchos alumnos de los que se han tenido que hacer cargo los gobiernos regionales. El decreto para el nuevo curso es un calco del que se aplicó el año pasado y por el que Educación ya sufrió un gran desgaste porque baja las cuantías medias que perciben los becados y aumentó la exigencia de nota (hasta un 6,5) para mantener las ayudas. Wert afirmó sin embargo que para este año la media ha subido 100 euros, aunque no aportó más cifras.

Dos exámenes a cambio de uno

El proyecto de Real Decreto de Educación regula las  pruebas de final de ciclo de Primaria, ESO y Bachillerato, las conocidas como reválidas. Según el borrador, el grueso de los exámenes de ESO y Bachillerato tendrá formato test con cuatro posibles respuestas por cuestión y constarán de 350 preguntas divididas en tres bloques. El primero, con un máximo de 200 cuestiones, es para las materias troncales. El segundo, 100 preguntas, para las optativas, y el tercero (50), para las específicas elegidas por el alumno. Se elimina por tanto la respuesta abierta y elaborada excepto en el caso de la expresión oral, que sí la mantiene según explicó Educación. La nota obtenida en este examen —hay que superar el cinco para aprobar— supondrá un 40% de la nota final del alumno de Bachillerato (la que cuenta para acceder a la universidad), el mismo peso que tiene actualmente la Selectividad. La primera edición será el curso 2016-17, pero en esa ocasión no será imprescindible para obtener el título aunque sí computará para acceder a la universidad.

Las pruebas serán diseñadas por el Ministerio de Educación excepto la parte de las lenguas cooficiales allí donde las haya, pero aplicadas (y costeadas, con toda probabilidad) por las Comunidades Autónomas. Este elemento ya ha sido cuestionado por algunos expertos educativos, que cuestionan la viabilidad de que desde Comunidades como Cataluña o el País Vasco se acepte con naturalidad una prueba realizada en Madrid y que además tengan que pagar ellos. El decreto también establece que el examen será evaluado por personal externo a los centros. Educación pretende igualmente que las pruebas se realicen a la vez en toda España.

Las cinco Comunidades discordantes creen que el sistema es un despropósito cuyo objetivo real es controlar la educación desde Madrid. "Volvemos al examen único para todos. El objetivo es uniformizar y centralizar para en último caso controlar", sostuvo la viceconsejera vasca, Arantxa Aurregoetxea. Según los cinco representantes regionales lo que Wert quiere es controlar cómo se implanta el curriculum del Gobierno en el conjunto del Estado, "sin valorar las aportaciones de las Comunidades", y señalaron que el proponer un examen tipo test no se piensa en evaluar competencias sino conocimientos memorísticos. Además, los cinco lamentaron la falta de diálogo del ministerio —"no podemos hablar en las reuniones"—, y varios de ellos recordaron que han recurrido la LOMCE ante el Tribunal Constitucional por invadir sus competencias, con estas pruebas como uno de los elementos centrales.

Las pruebas de la ESO y Bachillerato serán imprescindibles para obtener el título de la etapa (no la de Primaria) y la de Bachillerato además sustituirá a la actual Selectividad como prueba de acceso a la universidad. Esta medida fue muy criticada en su momento por la comunidad educativa, con los rectores a la cabeza, por considerar que la Prueba de Acceso a la Universidad (nombre oficial de la Selectividad) imponía condiciones similares en toda España y homogeneizaba los temarios.

¿Habrá clasificaciones de colegios?

La LOMCE, además de suprimir la PAU por ser una "anomalía" a nivel europeo, según Wert, deja abierta la puerta a que las universidades que así lo deseen puedan realizar también sus propias pruebas de acceso en paralelo, hecho que los rectores rechazan con argumentos tan simples como que a un alumno puede no darle tiempo material a desplazarse entre universidades si quiere optar a más de una o por romper la equidad al exigir al alumno recursos si quiere estudiar en otra Comunidad y necesita desplazarse previamente para pasar este test.

Otro de los elementos cuestionados es que, según el borrador, "los resultados de las evaluaciones serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores comunes para todos los centros docentes (...) previa consideración de los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto". En otras palabras: se harán clasificaciones de centros, un elemento que profesores, sindicatos educativos y familias rechazan porque estigmatizan a los que tienen peores resultados por causas quizá extra académicas. "La prueba no tiene finalidad educativa, de mejorar el sistema y aprender", resumió la consejera asturiana, Ana González.

Las comunidades que se han levantado de la mesa consideran que el diseño del examen, con preguntas tipo test, vuelve a "la noche de los tiempos" y que no medirá las competencias de los alumnos sino que supone un modelo "memorístico". El ministro Wert ha rechazado tal cuestión, ha explicado que el hecho de que se haya elegido este formato no implica que se midan conocimientos sino el "saber hacer", y ha recordado que PISA se realiza con el mismo método y es una prueba que mide competencias.

Uno de los elementos más graves, en opinión de los consejeros de estas Comunidades, es que el diseño de la prueba invade las competencias autonómicas. "El Gobierno vasco quiere y debe participar en el diseño en el diseño de las políticas, no sólo ejecutar", explicó la viceconsejera vasca de Educación, Arantxa Aurregoetxea. Además, se temen que el motivo para realizar estos exámenes con el formato de un test es para abaratar costes (se pueden corregir en máquinas).

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