El choque político pone en peligro el cumplimiento de las medidas sanitarias y se vuelve "un atajo" para saltárselas

Manifestante en contra del confinamiento decretado por el Gobierno

La tensión política está poniendo a prueba minuto a minuto el aguante de la ciudadanía madrileña. El último capítulo del enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central se vivió este miércoles con el ministro de Sanidad anunciando unas medidas restrictivas "de obligado cumplimiento" en Madrid y el consejero autonómico minutos después anunciando su desobediencia por considerarlas "no válidas".

Las diferencias entre ambas administraciones tienen una pátina epidemiológica, pero la pugna ideológica asoma por detrás cada fuego cruzado, reunión infructuosa y acuerdo roto. Las consecuencias de esto no son solo sanitarias –los epidemiólogos advierten de que las restricciones deberían tomarse "en cuestión de horas" para evitar un confinamiento como el de marzo– sino también sociológicas, puesto que influye en la reacción de la población ante las políticas anti COVID-19.

"La gente no va a aguantar un segundo confinamiento y menos después del espectáculo de los últimos días", opina el politólogo Pablo Simón. "En marzo existía un horizonte, teníamos que aplanar la curva y poco a poco ir recuperando la normalidad. Se sabía dónde empezaba y dónde iba a acabar", compara. Ahora, el desgaste psicológico, los datos contradictorios y la batalla política provocan "que el apoyo a las medidas de confinamiento vaya ser mucho menor". Lo peor: "La sensación de que no hay nadie al volante".

Los sociólogos entienden que existe consenso entre la población española respecto a las medidas. Mucho más que en otros países como EEUU o Alemania, donde las mascarillas o las limitaciones de movimiento han provocado una evidente polarización a pie de calle. En cambio, en España "la confrontación tiene más que ver con el quién que con el qué", sintetiza Simón. Un punto en el que confluye el experto en análisis social de la Universidad Carlos III de Madrid, Vicente Díaz, para quien el problema llega "cuando se le da al ciudadano la posibilidad de elegir".

"No confían de la misma forma en lo que dice un político que otro. Estamos convirtiendo un asunto que debería ser de consenso homogéneo en algo individualista y en lo que se impone una distancia ideológica", explica el sociólogo. "Cuando dos posturas encontradas aseguran que están aplicando criterios científicos objetivos, alguna miente, y eso provoca que la gente se informe por su propia cuenta y que distorsione la realidad por encima de la posición de los científicos".

La administración no es ajena a este riesgo. En el Gobierno ya admitieron que su primera postura conciliadora con Madrid, a pesar de no estar de acuerdo con sus criterios, respondía a una estrategia hacia la ciudadanía. "Deslizaban que ir en contra de eso podía iniciar una batalla política que polarizara a la población y disminuyera el seguimiento de cualquier tipo de medida restrictiva", revelaban fuentes del Ejecutivo sobre las negociaciones.

Llegados a este punto, ¿es posible una vuelta atrás para que eso no ocurra en Madrid? "Tienen que ser muy imaginativos e iniciar un escenario en el que haya cero reproches. Pero ahora mismo han construido una trampa en la que, por fuerza, uno de los dos tiene que perder", piensa el politólogo Pablo Simón. "En lugar de hacer una suma positiva, han subido la tensión y ya da igual quién se mueva, pero quien lo haga pierde. Si Ayuso toma medidas más restrictivas, dará la razón al Gobierno y lo asumirá como un coste político. Pero si no hace nada y Sanidad interviene, su postura será de que el Gobierno no respeta el Estado autonómico y que tiene tintes autoritarios", explica el también profesor. Y, en el medio, "ambos han convertido a los ciudadanos de Madrid en rehenes de su lucha".

Confinamientos a la izquierda y a la derecha

A raíz del inicio de la desescalada, donde se pasó de un confinamiento general impuesto por el Gobierno a un sistema de fases en el que las comunidades avanzaron a distinta velocidad, el conflicto político se recrudeció y tuvo su reflejo en la calle. Algunos barrios ricos de la capital se movilizaron en contra de la negativa de Sanidad para que Madrid pasara de fase y muchas veces alentados por Ayuso, que lo definió como un "ataque político". La mecha que prendieron algunas de esas zonas acomodadas se extendió por otras iguales en todo el país.

Las caceroladas y banderas de España que salían reclamando "libertad" tuvieron su réplica, pero en el espectro ideológico contrario, en los barrios más pobres de Madrid después de que la comunidad anunciase los confinamientos perimetrales. Para los sociólogos, sin embargo, "son fenómenos bastante diferentes respecto a lo que se manifiesta" aunque ambos criticasen medidas sanitarias similares.

"En el caso de los barrios del sur, hay un componente socioeconómico importante y elementos que perjudican a una parte de la población por encima de la otra. Se manifiestan para reivindicar otras cuestiones sociales", distingue el sociólogo Vicente Díaz. En el primer caso, en cambio, había una reivindicación de las supuestas libertades vulneradas. "Ahí las personas no se reunían por tener una posición socioeconómica similar, era algo latente, sino por la no intervención del Estado", explica.

"Las protestas han ocurrido siempre y los electorados siguen respetando las medidas", cree Simón. "Las manifestaciones que se organizaron contra el Gobierno en el estado de alarma, las de Núñez de Balboa, fueron menos secundadas de lo que el ruido mediático nos dio a entender. Y las de ahora no son de gente que se rebela contra las medidas ni deja de acatarlas, sino contra la tendencia de los barrios olvidados", defiende.

Para ambos expertos, la nueva estrategia de división de la Comunidad de Madrid consiste en hacer elegir a la población entre la economía o la salud, "entre papá o mamá", según Díaz. "El dilema desaparece si la pandemia estuviese controlada, porque la economía la tendrían controlada. Si hubiesen contratado a sanitarios y rastreadores, no se tendrían que tomar medidas gravosas", comparte Simón. Otra forma de "escurrir el bulto y desquitarse responsabilidades" para el politólogo, pero que a efectos prácticos "no ayuda a mejorar el sistema".

"Los decisores públicos son políticos y toman decisiones que no van solo a maximizar la salud y la economía, sino a ser reelegidos", opina Carol Galais, politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso provoca que se tomen decisiones tibias, no orientadas al bien común, sino "a caer bien". Lo que por supuesto supone, para la experta, un riesgo para la Salud Pública.

"El umbral de tolerancia es menor"

No obstante, aunque es posible que la gente lea las futuras medidas en clave política y actúe para "castigar a los otros y refrendar a los suyos", el segmento de población que más preocupa a los sociólogos son los desafectos. "Para el ciudadano de a pie, que no sigue las noticias día a día, la percepción es que ambas administraciones son culpables", cree Simón. Ese sentimiento de desafección y cinismo político, "coloca a todos dentro del mismo saco, lo que es bastante problemático porque no solo lleva al incumplimiento de las normas sino que pueden ser capitalizado por fuerzas antidemocráticas y antisistema", advierte el politólogo.

"Si no confías en tus instituciones, sigues menos las medidas que decretan", resume. Una certeza que ha estudiado Carol Galais a través de diversas encuestas relacionadas con el cumplimiento de las normas en el estado de alarma. "En un contexto de polarización, como el de ahora, la identificación partidista se vuelve un atajo muy importante para saltarse las normas", cree la experta. Para que eso no ocurra, la proporcionalidad de la norma es clave si se quiere que la gente las cumpla. "Es muy importante no pasarse de frenada al diseñarlas y que no parezca que requiere mucho esfuerzo al ciudadano para un beneficio común que no queda muy claro", explica ella. Un ejemplo que se cumple con la marcha atrás que ha dado el Gobierno con el cierre de los parques infantiles en su última orden ministerial.

"Con el shock del estado de alarma, todo el mundo tuvo miedo y estuvo dispuesto a tomar restricciones durísimas en su propia vida. Ahora la gente se preocupa por los datos, claro, pero el umbral de tolerancia es menor. La situación económica es mucho más incierta. Y la gente tiene la percepción, con buen tino, de que no se han puesto los raíles para estar mejor preparados mientras que ellos han cumplido con su parte", piensa Pablo Simón.

También para Vicente Díaz, en marzo el drama se impuso sobre el egoísmo. "Hoy es otra cosa, hoy la gente ya no está de acuerdo con todo", explica. "Los movimientos social y político van de la mano, si en el Congreso dicen que el confinamiento no es necesario, la gente recibe ese impulso por encima incluso de lo que recomiendan los científicos", piensa el sociólogo de la Universidad Carlos III. En su opinión, si la ciencia tuviera una voz más independiente y más potente en este país, "la gente cuestionaría menos las medidas".

Hasta entonces, la guerra política y ciudadana "dependerá del virus". "Si se atenúa, como en verano, quedará en un segundo plano, pero si la situación empeora, habrá más choque entre las posturas existentes", opina Díaz. "Están perdiendo de vista el objetivo de que controlar la pandemia da rédito político", precisa Simón. "La gente agradece la certidumbre, agradece que le digan qué va a pasar en las próximas dos semanas, o el próximo mes, o que le cuenten las cosas como son, sin paños calientes", continúa. "Que les hagan sentir mayores de edad, en definitiva".

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Publicado el
30 de septiembre de 2020 - 22:49 h

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