“Nunca había visto un intento de asfixia como este” en el CSIC
La semana pasada, un hombre vestido con bata blanca y cara de preocupación se apoyaba contra la pared de un flamante edificio científico en Madrid. Se trataba del nuevo animalario del Centro de Investigaciones Biológicas, un complejo que triplica en tamaño el viejo animalario de este centro y que justo en esos momentos estaba siendo inaugurado por las autoridades. Dentro del edificio estaban Emilio Lora-Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones (CSIC), al que pertenece el CIB, la directora del centro, y un reducido grupo de autoridades. Afuera, bajo un sol de justicia y retenidos por un vigilante de seguridad que les impedía el acceso al nuevo edificio, unos 50 investigadores protestaban con pancartas que denunciaban el “corralito” impuesto en el CSIC y que ha supuesto la cancelación de fondos que los investigadores ya habían recibido.
El hombre que se apoyaba contra la pared del animalario se llama José Manuel Andreu y es uno de los más afectados por ese “corralito”. La medida es paradójica pues castiga a los mejores grupos de investigación del CSIC (aquellos que obtienen más fondos competitivos públicos y contratos con empresas) y que además han sido ahorradores a la hora de gastar sus fondos para poder sobrevivir en tiempos de escasez. En una medida impuesta por Lora-Tamayo, parte de esos fondos, los anteriores a enero de 2012, deben ser cancelados y no se podrá acceder a ellos hasta nueva orden. En el caso de Andreu y su grupo de investigación, la medida afecta a 79.000 euros obtenidos por su grupo a través de convenios con empresas, asegura el investigador. “Ese dinero es el presupuesto de funcionamiento de nuestro grupo durante un año”, lamentaba el investigador a las puertas del animalario. De esta forma, las medidas extraordinarias impuestas en el CSIC debido a la escasez de presupuesto castigan una de las actividades que el Gobierno actual quiere primar pese a la crisis: la colaboración público-privada en ciencia.
El grupo de Andreu estudia cómo operan los compuestos antitumorales y otros fármacos. Uno de ellos, el PM060184, propiedad de la farmacéutica PharmaMar, se está probando ya en pacientes con tumores sólidos en EEUU, Francia y España. El equipo de Andreu fue el encargado de analizar el mecanismo por el que actúa ese compuesto sacado del mar. Era parte de un contrato con Pharmamar que revirtió en ingresos extras para su equipo y que en parte se ahorraron en forma de remanentes para ser usados cuando fuese necesario. Ahora, el investigador se ha visto privado de los fondos que logró con este tipo de contratos anteriores a enero de 2012 y que han podido ser usados para pagar sueldos y otros gastos ante la alarmante escasez de presupuesto en el CSIC, el mayor organismo público de investigación del país. Andreu señala que, por ahora, nadie en el CSIC le ha dicho qué pasará con esos ahorros anteriores a 2012. El organismo tampoco ha contestado a las preguntas de Materia a este respecto.
Parte de los 79.000 euros hubieran servido para cofinanciar el sueldo de investigadores como Marian Oliva, una bioquímica que hace dos años logró un contrato Ramón y Cajal. Este tipo de contrato está destinado a recuperar cerebros del extranjero y Oliva volvió de la Universidad de Cambridge para sumarse al equipo de Andreu, según explicaba ella misma hace una semana a las puertas del animalario. Ahora ve peligrar parte de su sueldo y señala que, si este se reduce, se tendrá que marchar al extranjero. “No tenemos dinero para hacer las investigaciones que queremos hacer, a veces me arrepiento de haber vuelto”, explicaba Oliva.
Al igual que Andreu, cientos de investigadores en los 125 centros de investigación que el CSIC tiene por toda España han visto desaparecer parte de sus fondos hasta nueva orden. En 2012, el CSIC tenía vigentes más de 4.500 convenios con empresas e instituciones por valor de 60 millones de euros, según la memoria anual del organismo. Desde que estalló esta última crisis, el Consejo no ha detallado cuánto dinero de proyectos y convenios ha quedado “cancelado”.
Tal es la emergencia que 100 directores de centros han alertado por carta al Gobierno de que sus investigaciones se pueden frenar en seco en “semanas”. Hoy un grupo de investigadores del CSIC ha acudido al Ministerio de Economía y Competitividad, que tiene las competencias de I+D, para entregar una petición “para salvar al CSIC” apoyada con más de 220.000 firmas.
El Gobierno ha dicho en varias ocasiones que una nueva inyección de líquido llegará después de verano y la secretaria de Estado de I+D, Carmen Vela, ha asegurado que el organismo tendrá “tendrá lo que necesite” y que se va a “resolver” el problema de su financiación. Pero en los laboratorios del CIB y otros centros ya se sienten las restricciones sobre el consumo de material básico de laboratorio como guantes de látex o reactivos así como la compra de ordenadores y otros equipos, según denuncian varios investigadores del centro. Se da la situación paradójica de que los investigadores tienen dinero en sus cuentas, pero no tienen permiso para gastarlo.
El CSIC que quedará
“Nunca había visto un intento de asfixia como este, que se transmite a través de la cadena Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Secretaría de Estado de I+D, presidencia del CSIC, directores de centros hasta el punto de que ya no puedes trabajar”, lamenta Andreu, que lleva en el CSIC desde finales de los 70 y asegura no haber visto nada parecido desde entonces. “No creo que sea intencionado, pero esto es lo mejor que se puede hacer para estrangular la producción científica”.
Este año Andreu dice que podrá cubrir gastos con la financiación que consiguió a través del Plan Nacional de Investigación, que otorga el Gobierno, pero asegura que las restricciones que le han impuesto ya afectan en su laboratorio a la hora de comprar equipo nuevo, como, por ejemplo, un aparato para medir la interacción de proteínas por calorimetría que, si estuviera en funcionamiento, tal vez le permitiera conseguir más contratos con empresas privadas. “Dudo que el CSIC cierre, pero no sé cuántos vamos a quedar después de todo esto, y lo que más me preocupa son los más jóvenes”, señala.
