La investigación de los casos de pederastia en la Iglesia realizada por el Defensor del Pueblo ha echado a andar. El órgano encargado de realizar estas pesquisas contará con expertos en Derecho, en atención a las víctimas, psicoterapeutas, fiscales y también estará presente el coordinador del proyecto de la Archidiócesis de Madrid para asistir a los denunciantes de abusos. A pesar de que también fueron invitados a participar, los obispos se han desmarcado de estas actuaciones, ha asegurado Ángel Gabilondo en el Congreso este lunes.
“La Iglesia que se ha negado a formar parte de esta comisión es la Iglesia institucional”, ha añadido el Defensor, que ha destacado que otros sectores católicos sí que se han mostrado a favor de investigar los casos de pederastia en las instituciones católicas. En esa misma línea, Gabilondo ha insistido en que a la Iglesia hay que pedirle “una ejemplaridad extraordinaria”.
Según ha detallado por primera vez Gabilondo, en total, 20 personas formarán parte de la comisión asesora encargada de realizar un informe “con propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”.
Encargo del Congreso de los Diputados
El Congreso encargó en marzo al Defensor del Pueblo la misión de investigar los abusos sexuales en la Iglesia. De esta forma, las denuncias de casos de pederastia en las instituciones católicas serán analizadas por primera vez con un mandato de la Cámara Baja. Tras años de reivindicaciones de las víctimas, esta iniciativa salió adelante con 286 'síes', 51 'noes' y dos abstenciones.
Después de meses trabajando con discreción, Gabilondo ha dado cuenta este lunes del avance de estas labores ante todos los grupos parlamentarios. En su intervención, el Defensor del Pueblo ha explicado cómo se va a articular esta investigación. A partir de ahora, la institución realizará esta misión a través de “tres ámbitos de actuación”: una comisión asesora de expertos, un foro de diálogo con las asociación de víctimas y una unidad técnica dedicada a la atención a las víctimas y de apoyo a la investigación.
En su intervención, Gabilondo ha explicado cómo se va a constituir y quién va a formar parte de cada uno de los organismos impulsados por su institución. La comisión asesora estará formada por 20 personas, “de las cuales 17 son asesores externos que pertenecen al ámbito profesional o académico con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en victimología”, ha destacado la institución.
Foro de diálogo con las asociación de víctimas
Los perfiles escogidos por Gabilondo para investigar los abusos en la Iglesia incluyen a catedráticos como Xabier Arzoz Santisteban, María Elena Olmos, Alejandro Saiz Arnaiz, Josep María Tamarit; los abogados Letizia De la Hoz y Julián Carlos Ríos; los fiscales María Vilches Fernández y María Jesús Raimundo; profesores universitarios, como Gema Varona, Olga Belmonte García y Noemí Pereda y la psicoterapeuta Araceli Medrano Samaniego.
Junto a ellos también estará Juan Carlos González, miembro de Eshma, organización para el acompañamiento a supervivientes de abusos sexuales; Lourdes Menacho, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales; Paula Merelo, autora del libro Adultos vulnerados en la Iglesia; Ana Laura Zugaza, miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y Miguel García-Baró, coordinador del proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. A esos especialistas se sumarán el propio Gabilondo, la adjunta primera del Defensor, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena.
“No se trata de constituir un tribunal”
“No se trata de constituir un tribunal ni de llegar a elaborar una sentencia”, ha apuntado Gabilondo sobre las funciones y objetivos de esta comisión. Su misión final consistirá en elaborar un informe, que “será un primer paso para el reconocimiento y la reparación” de las víctimas. Con este trabajo se debe situar a los denunciantes en el centro del trabajo encomendado por el Congreso, ha añadido el Defensor, que destaca que la comisión empezará a funcionar a principios de julio y que no se ha determinado una fecha final para entregar las conclusiones a las Cortes.
Teniendo en cuenta este enfoque, el segundo órgano que se va a articular es el foro de asociaciones. Un órgano que “se concibe como un espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas, entre ellas y con la persona o personas de la Comisión que se determine, compartan sus experiencias y posiciones”, ha señalado Gabilondo.
La tercera pata de esta investigación será la unidad técnica de trabajo para la atención a las víctimas. Este departamento estará formado por “gente contratada para realizar un procedimiento de escucha activa” y trabajarán “en una oficina específica en las inmediaciones de las dependencias de la institución”. Su labor consistirá en asistir a la comisión asesora y “estará compuesta fundamentalmente por psicólogos, criminólogos y abogados”.
Colaboración de la Iglesia
El papel que va a tener la Iglesia en esta comisión ha articulado gran parte de la intervención de Gabilondo. El compareciente no ha evitado este asunto. Ha recordado que él ha abogado por que representantes de la Iglesia estén presentes en esta investigación y que se ha encontrado con la negativa de los obispos. Para Gabilondo la presencia de miembros de la Conferencia Episcopal Española (CEE) contribuiría a conseguir un informe “más fecundo” y con “más alcance”.
Finalmente, y tras “diferentes conversaciones” con el secretario general y el presidente de la CEE, Luis Argüello y Juan José Omella, “la Iglesia como institución desestimó formar parte de la comisión asesora”, aunque aseguraron que “ello no supondría dejar de colaborar, siempre, dentro de la ley”. Según ha detallado Gabilondo, esa fue la respuesta textual que obtuvo por parte de la CEE. Un posicionamiento que, para el compareciente, “parece indicar alguna circunstancia de los límites” de la colaboración que los obispos van a prestar al Defensor del Pueblo.
Aún así, ha querido poner en valor el posicionamiento de otras instituciones católicas sobre este asunto, como el de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), cuyo presidente, Jesús Díaz Sariego, “ha mostrado la voluntad de colaborar”. Además, ha insistido en que “la Iglesia católica debe ser la primera interesada en que esto se haga bien y se haga seriamente”.
En paralelo al trabajo encargado por el Congreso, la CEE encargó al despacho del abogado Javier Cremades una auditoría sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Gabilondo ha asegurado que “respeta” estos trabajos, aunque considera que “no está mal que una institución pública se ocupe de estos asuntos”.
La iniciativa liderada por Gabilondo fue propuesta en el Congreso por PSOE y PNV. Esta propuesta obtuvo un gran consenso en el Congreso. Salió adelante con el apoyo de Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, PNV, PP, Ciudadanos y miembros del grupo mixto como el BNG. Únicamente Vox se posicionó en contra. Los trabajos de investigación estarán coordinados por el Defensor del Pueblo, que realizará esa labor a través de una comisión independiente que tendrá el encargo de elaborar un informe.