Facua pedirá al titular de Consumo llevar ante la Justicia los abusos de las empresas

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha celebrado la creación de un Ministerio de Consumo, y ha anunciado que pedirá al nuevo ministro que lleve a los tribunales a las empresas que cometan abusos si no cesan sus prácticas tras ser emplazadas a ello, algo que hasta ahora solo hacen las asociaciones de consumidores.

En un comunicado tras conocer que el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, estaría al frente de un ministerio de Consumo en el nuevo Gobierno, Facua ha calificado de “muy buena noticia” la creación de este departamento y ha confiado en que ese “gesto” revitalice las políticas de protección de los derechos de los consumidores y lucha contra el fraude, “inertes” durante décadas.

Además de actuaciones en los tribunales contra los abusos de las empresas, como segunda prioridad, FACUA planteará una reforma de la ley para que el Ministerio de Consumo asuma competencias sancionadoras porque consideran que “para luchar contra los fraudes masivos, es necesario que el Ministerio competente tenga la capacidad de imponer multas disuasorias”.

La legislación de defensa de los consumidores, promulgada por primera vez a mediados de los años 80, plantea que las competencias sancionadoras son exclusivas de las comunidades autónomas, lo que provoca que cuando una irregularidad se produce en toda España es necesario un expediente sancionador en cada una de las comunidades autónomas, explica FACUA.

Por ello, proponen que las competencias pasen a ser compartidas, de manera que cuando un fraude afecte a consumidores de varias comunidades, pueda ser el ministerio el que emprenda las actuaciones sancionadoras.

FACUA subraya que “los consumidores llevan décadas siendo víctimas de multitud de fraudes masivos que cometen con impunidad grandes empresas de una larga lista de sectores, desde el de las telecomunicaciones hasta el eléctrico, pasando por bancos, aseguradoras, aerolíneas o firmas del sector alimentario”.

Se trata de fraudes que “perjudican gravemente a la economía de las familias, que ven como numerosas compañías les cobran precios superiores a los anunciados, incumplen sus compromisos de calidad, introducen todo tipo de cláusulas abusivas en los contratos o aplican ilegalmente subidas tarifarias”, lamenta FACUA.