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La falta de inversión y la precariedad están detrás de la escasez de médicos de Atención Primaria

Una mujer sale del centro de salud Federica Montseny en el distrito de Puente de Vallecas en Madrid, este martes. EFE/Víctor Lerena

Raúl Rejón

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Hace solo dos años, el Foro de Médicos de Atención Primaria cifraba el déficit de medicina de familia en 2.700 puestos. Es un volumen imposible de cubrir de la noche a la mañana. La mezcla de falta de planificación, recortes y malas condiciones de trabajo ha hecho que la Atención Primaria en España fuera quedándose con menos sanitarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se escudó este lunes en el déficit general de médicos disponibles en nuestro país para justificar la falta de refuerzo en su sistema de Atención Primaria para controlar la pandemia de COVID-19 desde que se inició el desconfinamiento. Lo que ocurre es que la dificultad para convencer a los sanitarios disponibles para que ejerzan en Madrid no es producto de la COVID-19: en noviembre de 2018, el Gobierno autonómico del PP presidido por Ángel Garrido (ahora consejero de Transportes por Ciudadanos) diseñó un plan para recortar el horario de los centros de salud al reconocer que no podían cubrir bien las plantillas.

Los recortes en financiación sanitaria en España hicieron que, durante años, se ofrecieran menos plazas para formar especialistas en Medicina de Familia. Cuando ha hecho falta una inyección, esa tendencia no se había corregido a tiempo: un médico de Atención Primaria necesita unos diez u 11 años para estar totalmente formado desde que ingresa en la facultad de medicina.

El Ministerio de Sanidad calculó en marzo de 2019 que, desde 2012, se habían dejado de convocar 2.500 plazas de Médico Interno Residente. Cada plaza precisa una dotación económica, puesto que estos especialistas en formación trabajan y reciben un salario. Los recortes presupuestarios también llegaron al desarrollo de especialistas médicos. Sanidad estimó entonces que esos recortes habían privado al Sistema Nacional de Salud de tener 1.300 médicos de Atención Primaria. El sindicato CCOO cifró en 1.000 plazas lo que se había dejado de convocar en Medicina de Familia entre 2011 y 2018. A partir de entonces, se han incrementado las plazas habilitadas para 2019 y 2020. El año pasado subieron a 1.914, un 28% más. Y para este curso han sido 2.205 un 15% de subida. Pero todo ese volumen necesitará cubrir toda su formación antes de ejercer en los centros de salud.

Que Atención Primaria iba a necesitar un buen contingente de profesionales no ha sido una sorpresa. Los datos estaban ahí desde hace tiempo. Ya en 2008, la Comunidad de Madrid anunciaba que necesitaría unos 2.500 facultativos en 10 años. Y que el 53% de las jubilaciones se darían en medicina de familia. En 2019, el Ministerio sabía que “Medicina de familia, con sólo un 13% de efectivos menores de 39 años, es particularmente preocupante en cuanto a relevo generacional”, según reflejaba un informe de situación sobre este sector encargado por el Gobierno.

Si embargo, lo que se promocionó fue la creación de facultades de medicina en lugar de ir dotando al sistema de los especialistas que iban a escasear años después. Para 2014, España era ya el segundo país del mundo en número de facultades de medicina por habitante. Había pasado de 28 a 41 (actualmente son 42). Justo ese 2014, las plazas de MIR ofertadas tocaban fondo. La proporción está en 0,95 facultades por millón de ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud considera óptimo 0,5 por millón. Así que cada curso salen unos 7.000 licenciados en medicina mientras se presentan unos 15.000 candidatos a una plaza MIR. Aproximadamente la mitad de los que se examinan se quedan sin plaza. Y, en España, sin haber cubierto los cursos de MIR apenas hay puestos para ejercer medicina. En ningún caso como médicos de Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud.

La falta de financiación en Atención Primaria que ha asfixiado esta disciplina tuvo su repercusión a la hora de dotar la formación de médico. Si en 1982, Primaria suponía el 20,2% de todo el presupuesto sanitario en España, en un declive sostenido, en 2017 se colocó en el 14,2% (9.500 millones de euros de 66.600). La inversión en atención hospitalaria fue 4,6 veces mayor.

Así que según iban reduciéndose el número de nuevos médicos de familia, las condiciones de los que ya estaban en activo iban depauperándose: más pacientes que atender, plantillas sin cubrir completamente (que suman más carga de trabajo) y precariedad laboral. Es decir, contratos temporales, cambios de destino continuados… El informe sobre Atención Primaria encargado por el Ministerio de Sanidad para reestructurar el sector emitido en abril del año pasado decía: “Resulta paradójico que sea precisamente la medicina de familia, que aporta como principal valor añadido la continuidad asistencial y la longitudinalidad, la especialidad que presenta el mayor número de contratos firmados por médico”.

Madrid, a la cola en inversión

Una vez en esta situación, las condiciones que ofrece cada comunidad autónoma también han hecho que los profesionales hayan podido elegir destinos más gratificantes que otros. En este sentido, Madrid está a la cola de las comunidades autónomas en inversión por habitante en Atención Primaria con unos 144 euros, por debajo de la media de 188 euros. Cantabria dedica unos 260 euros por ciudadano y Extremadura más de 250 euros, según los datos acumulados por el Ministerio de Sanidad. Hasta la llegada de la pandemia, Andalucía y Murcia presentaban una media diaria de 32 consultas por profesional sobre un promedio nacional de 28 consultas.

Las malas condiciones laborales que se han instalado en la Atención Primaria han ocasionado episodios alarmantes. En diciembre de 2018, 22 directores de centros de salud en Vigo dimitieron de su puesto como medida de protesta por, dijeron, una situación “insostenible” de “sobrecarga asistencial”. En enero de 2019, tres médicas de Burgos abandonaron su trabajo tras una orden de su consejería para que cubrieran guardias tras completar su jornada ordinaria. Este martes, la médica Cristina Sanz ha descrito en elDiario.es cómo ha decidido dejar la sanidad pública madrileña después de trabajar durante el verano una vez completado su periodo MIR de Medicina de Familia. La precariedad que relata fue advertida por los profesionales cuando la Comunidad de Madrid anunció refuerzos para la Atención Primaria en junio pasado. Entonces, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, contestó: “A todos los que acababan contrato el 31 de mayo se les ha ofertado continuar hasta el 31 de diciembre. Todo el que ha querido seguir ha seguido”.

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