El Gobierno califica la caza como “herramienta” frente a la España vaciada en un plan de Agricultura

Raúl Rejón

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El Gobierno considera la caza como una fórmula contra la España vaciada. Una “herramienta de lucha contra la despoblación del medio rural”, según consta en el borrador de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, redactado por el Ministerio de Agricultura.

Los cazadores matan casi el triple de ciervos y jabalíes que hace diez años: pasan de abatir 227.000 a 639.000 animales

Saber más

El texto, que confiere a los cazadores el rol de “pieza fundamental en la gestión de los territorios”, atribuye al colectivo “numerosos beneficios” económicos, de conservación ambiental, reducción de daños agrícolas y... “de fijación de población”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sostenido que “España tiene una realidad rural viva y dinámica, de la que forma parte el mundo de la caza y que debe ser respetado y valorado”.

El borrador llega según se aproxima una movilización amparada por las organizaciones de caza que, precisamente, han adherido sus exigencias a rebufo de las reivindicaciones de la España vaciada. Los cazadores han reclamado desde diciembre pasado derogar partes de leyes o ir en contra de disposiciones de la UE, amnistiar prácticas ahora prohibidas o eliminar la veda de especies que desean abatir como el lobo o la tórtola. Para reivindicar estas peticiones hay una manifestación convocada para el 20 de marzo.

La estrategia del Ministerio detalla que, para que la caza sea un “elemento de lucha contra la despoblación”, deben fomentarse medidas que hagan la actividad atractiva a los jóvenes y las mujeres, eliminar los estereotipos de los territorios rurales, incrementar la atención a esta población y “conservar el papel sociocultural de la caza y como una actividad de ocio de la población en el medio rural”. También hay diseñado un apartado encaminado a “compatibilizar y potenciar la caza como actividad económica dinamizadora” del campo.

Sobre la lucha contra la despoblación, la estrategia de gestión cinegética incorpora ideas como :

  • “Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas, el fomento del emprendimiento, y el asentamiento y fijación de población”
  • “Convertir los territorios cinegéticos en escenarios de oportunidades con una mayor colaboración público-privada”
  • “Iniciativas que mejoren y completen la conectividad territorial en el sector cinegético, a través del despliegue de redes y servicios 5G para proporcionar una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil”

“Patrimonio cultural inmaterial”

Además el documento afirma que “la actividad cinegética mantiene y transmite costumbres y tradiciones que forman parte del patrimonio inmaterial cultural de nuestra sociedad”. El análisis de Agricultura expresa que esto crea “lazos sociales, arraigo y vínculo con la localidad de origen” por lo sirve para paliar la despoblación.

Pero, la realidad, reconocida en la propia estrategia, es que la caza interesa cada vez menos y la practica cada vez menos gente. Es una actividad, sobre todo, masculina ya que, entre los objetivos está atraer a las mujeres, según consta en el texto ahora en consulta pública.

De hecho, dentro de las debilidades del sector, detectadas en este borrador, se enumeran “la elevada edad media del cazador, la disminución del número de licencias y la disminución del colectivo”. Las licencias oficiales han caído un 16%, en diez años: de 800.000 a 669.000 permisos vigentes, según la Estadística Anual de Caza que solo está actualizada hasta 2018.

Más allá de la pérdida de afición que denotan las cifras de licencias, esta estrategia nacional señala que existe una “mala imagen” que “la sociedad tiene de la actividad cinegética”. Esta imagen, argumenta el documento, menoscaba las bondades que asigna a la caza.

A la hora de explicar las causas de este deterioro, Agricultura achaca el problema a una “sociedad mayoritariamente urbana con gran desconocimiento de hábitos y prácticas del mundo rural”. Y llega a señalar que “los beneficios que generan los cazadores no son reconocidos por la sociedad, estando incluso [la actividad] denostada”.

No indica entre las posibles causas de la mala imagen dos de las deficiencias que sí aparecen en el análisis de debilidades: por un lado malas prácticas como “el furtivismo” y por otro, el posible descontrol que indica la “dificultad de controlar el número de capturas exactas en tiempo real en todo el territorio”, es decir, saber cuánto se mata cada temporada. En este momento no es posible conocer el volumen de animales abatidos en 2019, 2020 y 2021. La serie –que deben alimentar las comunidades autónomas– se estancó en 2018.

Campaña de marketing: sin cazadores subirían los impuestos

Así que, este mismo documento contiene una especie de campaña de imagen de la caza. “Se ha de dar a conocer a la población en general las características naturales y culturales de la caza, así como la necesidad de la existencia del cazador”, redacta.

De hecho, Agricultura cree que, sin los cazadores, habría que subir impuestos para atender y gestionar el medio natural. Lo expresa así: “La falta de cazadores provocaría la necesidad de gestión de las especies por parte de otros profesionales, que incrementaría la fiscalidad sobre la población general, al no poder ser asumidos estos gastos de control por las Administraciones Competentes”.

Se pide “difundir la imagen del cazador como persona que tiene un elevado conocimiento del medio y ”apoyar su figura de cara a la sociedad“ y su ”necesidad en el futuro para la sostenibilidad“. E insiste en que las cacerías son ”la mejor herramienta para mantener los daños [sobre la agricultura] en niveles económicamente asumibles“. Y repite que los costes ”no pueden ser asumidos por las Administraciones Públicas sin incrementar la presión fiscal a los ciudadanos“.

Sí incluye, a la hora de difundir “buenas prácticas de actuación en redes sociales”, que se muestren imágenes positivas de compañerismo, convivencia y de actividades de conservación. También “mostrar respeto hacia las piezas abatidas en las imágenes y vídeos”. Precisamente esta semana se ha podido ver publicado en Twitter el vídeo de un cazador en Galicia mordiendo y gruñendo sobre un cuerpo de jabalí abatido.

De hecho, el lobby cinegético Fundación Artemisán creó una guía para mostrar trofeos en los que pedía que no se viera la sangre y que el animal estuviera “como dormido”, no muerto.

Las acciones que propone para estos objetivos van desde “promocionar la caza como un bien de interés cultural a preservar” hasta “realizar campañas publicitarias en medios audiovisuales de alcance nacional que difundan los valores de la caza sostenible sobre conservación del medio natural y mitigación de los efectos del cambio climático”.

También resaltar, dice, su valor conservador de “razas de perro autóctonas, modalidades de caza como la montería” al tiempo que se demanda el reconocimiento “del valor cultural de la rehala [las jaurías de perros utilizadas en esas monterías]. Hace unos años, el vídeo de una montería en la que los perros acosan a un venado hasta caer todos por un barranco atrajo la atención sobre estos animales que padecen estrés, aislamiento y desequilibrio, según los etólogos.

Las competencias de caza en España recaen sobre las comunidades autónomas. El Estado se encarga de la coordinación entre las autonomías y la representación internacional. La modificación de 2015 de la ley de Montes obligaba al Gobierno a redactar esta Estrategia Cinegética y un registro de infractores cinegéticos. La estrategia llega siete años después como un guía cuyas directrices “pueden ser incorporadas voluntariamente por las Administraciones competentes en su normativa cinegética”, es decir, los gobiernos autonómicos.

El Gobierno considera la caza como una fórmula contra la España vaciada. Una “herramienta de lucha contra la despoblación del medio rural”, según consta en el borrador de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, redactado por el Ministerio de Agricultura.

Los cazadores matan casi el triple de ciervos y jabalíes que hace diez años: pasan de abatir 227.000 a 639.000 animales

Saber más

El texto, que confiere a los cazadores el rol de “pieza fundamental en la gestión de los territorios”, atribuye al colectivo “numerosos beneficios” económicos, de conservación ambiental, reducción de daños agrícolas y... “de fijación de población”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sostenido que “España tiene una realidad rural viva y dinámica, de la que forma parte el mundo de la caza y que debe ser respetado y valorado”.

El borrador llega según se aproxima una movilización amparada por las organizaciones de caza que, precisamente, han adherido sus exigencias a rebufo de las reivindicaciones de la España vaciada. Los cazadores han reclamado desde diciembre pasado derogar partes de leyes o ir en contra de disposiciones de la UE, amnistiar prácticas ahora prohibidas o eliminar la veda de especies que desean abatir como el lobo o la tórtola. Para reivindicar estas peticiones hay una manifestación convocada para el 20 de marzo.

La estrategia del Ministerio detalla que, para que la caza sea un “elemento de lucha contra la despoblación”, deben fomentarse medidas que hagan la actividad atractiva a los jóvenes y las mujeres, eliminar los estereotipos de los territorios rurales, incrementar la atención a esta población y “conservar el papel sociocultural de la caza y como una actividad de ocio de la población en el medio rural”. También hay diseñado un apartado encaminado a “compatibilizar y potenciar la caza como actividad económica dinamizadora” del campo.

Sobre la lucha contra la despoblación, la estrategia de gestión cinegética incorpora ideas como :

  • “Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas, el fomento del emprendimiento, y el asentamiento y fijación de población”
  • “Convertir los territorios cinegéticos en escenarios de oportunidades con una mayor colaboración público-privada”
  • “Iniciativas que mejoren y completen la conectividad territorial en el sector cinegético, a través del despliegue de redes y servicios 5G para proporcionar una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil”

“Patrimonio cultural inmaterial”

Además el documento afirma que “la actividad cinegética mantiene y transmite costumbres y tradiciones que forman parte del patrimonio inmaterial cultural de nuestra sociedad”. El análisis de Agricultura expresa que esto crea “lazos sociales, arraigo y vínculo con la localidad de origen” por lo sirve para paliar la despoblación.

Pero, la realidad, reconocida en la propia estrategia, es que la caza interesa cada vez menos y la practica cada vez menos gente. Es una actividad, sobre todo, masculina ya que, entre los objetivos está atraer a las mujeres, según consta en el texto ahora en consulta pública.

De hecho, dentro de las debilidades del sector, detectadas en este borrador, se enumeran “la elevada edad media del cazador, la disminución del número de licencias y la disminución del colectivo”. Las licencias oficiales han caído un 16%, en diez años: de 800.000 a 669.000 permisos vigentes, según la Estadística Anual de Caza que solo está actualizada hasta 2018.

Más allá de la pérdida de afición que denotan las cifras de licencias, esta estrategia nacional señala que existe una “mala imagen” que “la sociedad tiene de la actividad cinegética”. Esta imagen, argumenta el documento, menoscaba las bondades que asigna a la caza.

A la hora de explicar las causas de este deterioro, Agricultura achaca el problema a una “sociedad mayoritariamente urbana con gran desconocimiento de hábitos y prácticas del mundo rural”. Y llega a señalar que “los beneficios que generan los cazadores no son reconocidos por la sociedad, estando incluso [la actividad] denostada”.

No indica entre las posibles causas de la mala imagen dos de las deficiencias que sí aparecen en el análisis de debilidades: por un lado malas prácticas como “el furtivismo” y por otro, el posible descontrol que indica la “dificultad de controlar el número de capturas exactas en tiempo real en todo el territorio”, es decir, saber cuánto se mata cada temporada. En este momento no es posible conocer el volumen de animales abatidos en 2019, 2020 y 2021. La serie –que deben alimentar las comunidades autónomas– se estancó en 2018.

Campaña de marketing: sin cazadores subirían los impuestos

Así que, este mismo documento contiene una especie de campaña de imagen de la caza. “Se ha de dar a conocer a la población en general las características naturales y culturales de la caza, así como la necesidad de la existencia del cazador”, redacta.

De hecho, Agricultura cree que, sin los cazadores, habría que subir impuestos para atender y gestionar el medio natural. Lo expresa así: “La falta de cazadores provocaría la necesidad de gestión de las especies por parte de otros profesionales, que incrementaría la fiscalidad sobre la población general, al no poder ser asumidos estos gastos de control por las Administraciones Competentes”.

Se pide “difundir la imagen del cazador como persona que tiene un elevado conocimiento del medio y ”apoyar su figura de cara a la sociedad“ y su ”necesidad en el futuro para la sostenibilidad“. E insiste en que las cacerías son ”la mejor herramienta para mantener los daños [sobre la agricultura] en niveles económicamente asumibles“. Y repite que los costes ”no pueden ser asumidos por las Administraciones Públicas sin incrementar la presión fiscal a los ciudadanos“.

Sí incluye, a la hora de difundir “buenas prácticas de actuación en redes sociales”, que se muestren imágenes positivas de compañerismo, convivencia y de actividades de conservación. También “mostrar respeto hacia las piezas abatidas en las imágenes y vídeos”. Precisamente esta semana se ha podido ver publicado en Twitter el vídeo de un cazador en Galicia mordiendo y gruñendo sobre un cuerpo de jabalí abatido.

De hecho, el lobby cinegético Fundación Artemisán creó una guía para mostrar trofeos en los que pedía que no se viera la sangre y que el animal estuviera “como dormido”, no muerto.

Las acciones que propone para estos objetivos van desde “promocionar la caza como un bien de interés cultural a preservar” hasta “realizar campañas publicitarias en medios audiovisuales de alcance nacional que difundan los valores de la caza sostenible sobre conservación del medio natural y mitigación de los efectos del cambio climático”.

También resaltar, dice, su valor conservador de “razas de perro autóctonas, modalidades de caza como la montería” al tiempo que se demanda el reconocimiento “del valor cultural de la rehala [las jaurías de perros utilizadas en esas monterías]. Hace unos años, el vídeo de una montería en la que los perros acosan a un venado hasta caer todos por un barranco atrajo la atención sobre estos animales que padecen estrés, aislamiento y desequilibrio, según los etólogos.

Las competencias de caza en España recaen sobre las comunidades autónomas. El Estado se encarga de la coordinación entre las autonomías y la representación internacional. La modificación de 2015 de la ley de Montes obligaba al Gobierno a redactar esta Estrategia Cinegética y un registro de infractores cinegéticos. La estrategia llega siete años después como un guía cuyas directrices “pueden ser incorporadas voluntariamente por las Administraciones competentes en su normativa cinegética”, es decir, los gobiernos autonómicos.

El Gobierno considera la caza como una fórmula contra la España vaciada. Una “herramienta de lucha contra la despoblación del medio rural”, según consta en el borrador de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, redactado por el Ministerio de Agricultura.

Los cazadores matan casi el triple de ciervos y jabalíes que hace diez años: pasan de abatir 227.000 a 639.000 animales

Saber más

El texto, que confiere a los cazadores el rol de “pieza fundamental en la gestión de los territorios”, atribuye al colectivo “numerosos beneficios” económicos, de conservación ambiental, reducción de daños agrícolas y... “de fijación de población”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sostenido que “España tiene una realidad rural viva y dinámica, de la que forma parte el mundo de la caza y que debe ser respetado y valorado”.

Caza sostenible, plomo y parques nacionales

La Estrategia de Gestión Cinegética dice promover la caza sostenible, es decir, cuyo ritmo de muertes “no conduzca a la disminución a largo plazo de la diversidad biológica o entorpezca su restauración”. Pretende defender ese modelo de caza, monitorizarlo, integrarlo con las demandas ambientales y mejorar su imagen social. Abarca una batería extensísima de medidas. Algunas serán polémicas:

  • Admite la revisión “del papel de la caza y su gestión en espacios naturales protegidos, en particular en los Parques Nacionales a través de metodología científica”. La prohibición de cazar en estos espacios entró en vigor de manera definitiva en diciembre de 2020 tras la prórroga que les otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy.
  • Promueve una normativa propia para los perros de caza y de rehala “por las especificidades que los diferencian de los animales de compañía domésticos”, ahora que se prepara una ley de Protección Animal.
  • Casi declara una guerra al jabalí por la “sobreabundancia” –en buena parte provocada por la misma caza comercial que favorece las especies que quiere como trofeo a base de alimentación e infraestructuras, según un estudio de la Cátedra Parques Nacionales–: plantea la admisión de cazar con visores nocturnos o con arcos allí donde no pueda usarse armas de fuego, la ampliación de la época de caza o prohibir la introducción de ejemplares.
  • Pide “continuar con la realización de estudios de toxicidad por contaminación por plomo de las especies cinegéticas y no cinegéticas y sus efectos en su ecología y fisiología” cuando la Agencia Europea de Productos Químicos ya estableció que suponen un riesgo de salud publica por la cantidad de munición que queda en los ecosistemas. La Comisión Europea limitó su uso en 2021, pero la Estrategia prevé “ayudas e iniciativas que ayuden a la sustitución gradual de la munición de plomo por otra de materiales no tóxicos”.
  • “Fomentar la caza de las especies cinegéticas en estado silvestre, en detrimento de los ejemplares procedentes de granja”. En 2018, se soltaron 2,4 millones de perdices para alimentar los cotos intensivos de esta especie. Es una de las amenazas que han llevado a las perdices a su mala situación ya que estas aves criadas se cruzan con las silvestres terminando sus líneas genéticas.