Los cotos privados se resisten al fin de la caza en los parques nacionales tras agotar la prórroga que les otorgó el PP

Rayones junto a un jabalí adulto.

Raúl Rejón


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El sábado 5 de diciembre queda prohibida por ley la caza deportiva en los parques nacionales, pero los grandes cotos privados donde aún se organizan cacerías, como los que ocupan casi la mitad del parque de Cabañeros, se resisten. Han consumido los seis años de prórroga otorgada en 2014 para adaptarse a la normativa y ahora pretenden que se les amplíe de nuevo la autorización.

Los cazadores matan casi el triple de ciervos y jabalíes que hace diez años: pasan de abatir 227.000 a 639.000 animales

Los cazadores matan casi el triple de ciervos y jabalíes que hace diez años: pasan de abatir 227.000 a 639.000 animales

La caza deportiva es una actividad “incompatible” con estos espacios protegidos, según indica su regulación. Sin embargo, el Partido Popular modificó la normativa en 2014 con la idea de permitir que los cotos privados incluidos en los parques nacionales pudieran mantener el derecho a organizar sus cacerías. Finalmente, se autorizó una prórroga de seis años. Los parques a los que afectaba eran Doñana, Picos de Europa, Sierra Nevada y, especialmente, Cabañeros.

Ese plazo debía servir para que los cotos se adaptaran a la norma mediante acuerdos con la administración, pero, a 24 horas del vencimiento, fincas particulares que suman 97.700 hectáreas siguen igual que cuando se publicó la ley y fuerzan así un proceso de expropiación también previsto legalmente.

Parques Nacionales explica que ha requerido información a los propietarios para redactar los acuerdos indicados en la ley y  así “evitar acudir a las expropiaciones forzosas”, según fuentes del organismo. Sin embargo, “se han recibido pocas respuestas de los propietarios”. El Gobierno ha firmado 36 acuerdos de este tipo que abarcan más de 100.000 hectáreas “la mayoría con Ayuntamientos porque están más concienciados con estos espacios protegidos”. Con todo, dejar de cazar dentro de los parques nacionales es un pérdida ínfima de terreno cinegético en España. El 87% del territorio está declarado de aprovechamiento cinegético lo que suma 44 millones de hectáreas. Todos los parques nacionales suponen el 0,75% del suelo español.

Monterías de alto 'standing'

El meollo del problema se sitúa en el Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real y Toledo). Un hábitat especialmente apreciado por la caza mayor de venados y jabalíes y en el que el 44% del territorio está ocupado por cotos privados anteriores a la declaración del parque en 1995. 25 años después, toca el momento del fin de las monterías que abaten centenares de ciervos o cerdos salvajes cada temporada.

En Cabañeros hay 15 fincas cinegéticas privadas. Un buen puñado son propiedad de grandes fortunas como los Aznar-Oriol, Alberto Alcocer o Alberto Cortina que regentan cotos como Cabañeros, El Avellanar o Las Cuevas. Otros terrenos célebres entre las monterías de alto nivel son Chorrera de Muelas, El Maíllo o Torre de Abraham.  

Tras agotar la prórroga que les concedió la enmienda introducida por el PP hace seis años, los dueños quieren ahora que les dejen seguir explotando las tierras a base de cacerías. Se han agrupado en una asociación de afectados cuyo presidente es el naviero Alejandro Aznar (esposo de la ex presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol). Sin embargo, la sociedad titular de su coto, Inmobiliaria del Bullaque, no ha querido ofrecer a elDiario.es sus razones.

El también propietario y empresario cinegético Gonzalo Palomo sí ha confirmado a este diario que han pedido una prórroga de la prórroga que, de momento, no ha sido contemplada. “Nos han dicho que el día 5 se acaba la caza como la hemos conocido toda la vida. Nosotros queremos seguir con la actividad como hasta ahora y los abogados de la asociación están al habla con el Ministerio, pero nos han dicho que nada”.

Sin acuerdo y con la prohibición ya en vigor lo que queda es la expropiación y la indemnización. Tampoco hay sintonía. Gonzalo Palomo dice que “cada finca es un mundo. No es lo mismo lo que está cuidada una que otra. No son los mismos venados los que hay en una que en otra. No pueden juzgarse todas por igual. No puede ser que se calcule a tanto la hectárea y ya está”. Lo cierto es que en el Ministerio indican que las indemnizaciones se calcularán “caso a caso”, aunque con criterios técnicos elaborados por la Administración y con los datos que deben aportar los propietarios, aseguran.

Poblaciones sobredimensionadas

Precisamente sobre los datos que manejan los dueños de los cotos, un informe independiente encargado por Parques Nacionales ha puesto de manifiesto cómo la mayoría de los que operan en Cabañeros han estado inflando las poblaciones de jabalí y ciervo que gestionan a la hora de calcular cuánto se puede cazar cada temporada.

El informe es un documento pensado para diseñar un plan que aborde la superpoblación de ungulados en Cabañeros que causa daños al ecosistema por este desequilibrio ecológico. La superpoblación es fruto, según los técnicos, de la agricultura intensiva, la falta de depredadores y la industria cinegética que ha promovido la abundancia de piezas para sus cacerías deportivas.

Con todo, el Gobierno contempla que puedan realizarse “controles de población”, es decir, caza selectiva, en los parques nacionales por motivos justificados. La organización Ecologistas en Acción contrapone que esto puede ser una especie de puerta de atrás que “permita a los titulares de las fincas seguir cazando y se lucren del producto de sus cacerías” bajo el paraguas de la “gestión de ungulados”. Para este grupo, la caza debe terminar en todas sus modalidades y el exceso de población manejarse con otras fórmulas como las capturas en vivo. 

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