El Supremo tumba el último intento de los Aznar Oriol de librarse de la multa por construir en un parque nacional

Fin de trayecto. Más de cuatro años después de hacer obras sin permiso dentro del Parque Nacional de Cabañeros (Castilla La Mancha), la familia Aznar-Oriol tendrá que afrontar la sanción de 200.000 euros por una “falta muy grave” impuesta en 2015. El Tribunal Supremo ha rechazado su último intento de dejar sin efecto la multa por construirse, sin autorización, un aparcamiento de 16 plazas y una explanada donde eviscerar trofeos en su mansión de caza.

En una providencia firmada el 18 de enero a la que ha accedido eldiario.es, el Supremo ni siquiera admite el recurso de casación presentado por la sociedad a cuyo nombre está inscrita la finca: Inmobiliaria del Bullaque. Entre otras cosas, los magistrados reprochan que acudan al Tribunal Supremo sin tener su caso “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”. Los propietarios finales del terreno, la mansión y los anexos (por los que fueron condenados) son el matrimonio del naviero Alejandro Aznar y la expresidenta del Círculo de Empresarios Mónica Oriol.

Aznar también dirige las bodegas Marques de Riscal y es jugador de polo. Incluso se montó una cancha privada de este deporte en el corazón del parque regional del Curso Medio del Guadarrama en la Comunidad de Madrid. En la zona de máxima protección ambiental. Mónica Oriol se hizo célebre en 2014 al afirmar que preferiría contratar a mujeres que no puedan quedarse embarazada. Fue consejera del grupo Indra hasta 2015 y de OHL hasta mayo de 2018.

El resultado de todas las obras (las que tenían permiso y las que no) ha sido la creación de una especie de complejo cinegético al que poder acudir en vehículo privado hasta la propia casa convertida en residencia con piscina y la transformación del entorno para mejorar las partidas de caza.

Así, las reformas de unas viviendas preexistentes derivaron en mansión. Apareció una pileta que, según los expedientes, no figuraba en el proyecto. Pero, además, se tocaron diversos cortafuegos en el monte sin permiso en lo que parecen más bien clareos en la vegetación utilizados en las monterías. También se ensanchó y asfaltó un camino –destruyendo flora– quedando convertido en una carretera de acceso a la residencia. Estas dos últimas actuaciones merecieron otra sanción, también recurrida y confirmada por la justicia.

El complejo quedó completado con la construcción del aparcamiento al que llegaba la carretera irregular para 16 vehículos. Y una campa de 1.000 metros cuadrados donde hacer la junta: una explanada para destripar los venados o jabalíes cazados y quedar formada lo que en argot cinegético se llama alfombra: un tapiz de reses muertas. Estas dos obras se hicieron sin pedir licencia. Fueron detectadas por un inspector en noviembre de 2014. Tanto el arquitecto del proyecto como los representantes de la propiedad durante la inspección admitieron que no había permisos. Se solicitaron el 5 de diciembre de ese año, según sentencia de la Audiencia Nacional.

Todos los elementos añadidos permanecen allí en Cabañeros. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente expedientó a los dueños por empezar a construir por su cuenta, las instalaciones fueron consideradas finalmente adecuadas. Tras la denuncia de las organizaciones Ecologistas en Acción, WWF y SEO, el Ministerio impuso una sanción por falta muy grave, pero con la multa mínima de 200.000 euros. Con todo, la propiedad, que cuenta con los elementos que planeó construir, recurrió para ahorrarse el pago de la multa. La Audiencia Nacional confirmó que debía abonarla. No estuvieron de acuerdo y el caso se llevó al Supremo.

La empresa ha afirmado tras el último revés judicial que “la impresión que tenemos es la misma que hemos tenido siempre: ha sido una denuncia injusta. La justicia, a veces, no le da la razón a quien la tiene”. El último fallo les impone las costas procesales que deben pagar al Estado y a la Sociedad Española de Ornitología que se opusieron a la admisión del recurso.

SEO-Birdlife analiza al final de todo el proceso legal que mantenido contra la propiedad de la finca que “la acumulación de resoluciones judiciales condenatorias contra la actitud de esta familia debe abrir un periodo en que la actividad de estos propietarios muestre un mayor respeto por el Parque Nacional de Cabañeros”.

Sin Plan de Uso y Gestión 23 años después

El Parque Nacional de Cabañeros tiene una peculiaridad: una buena parte de su terreno está conformada por fincas privadas. Muchas son grandes cotos de caza. Esto ha hecho, por ejemplo, que el PP en el Senado incorporara una cláusula de última hora en la remodelación de la ley de parques nacionales de 2014 para permitir la caza deportiva hasta 2020.

Cabañeros es un espacio de máxima protección que no cuenta con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Se trata del documento legal que especifica qué puede y qué no puede hacerse dentro de sus lindes. Acumula un retraso de 23 años ya que la ley que declaró Cabañeros parque nacional en 1995 estableció que el PRUG se redactara un año después.

El borrador salió a información pública en 2016. “Las administraciones no han tenido prisa y los propietarios hacen presión para que no salga”, analiza Theo Oberhuber de Ecologistas en Acción. De hecho, en los recursos ante los tribunales para intentar librarse de las multas por sus obras sin permiso, la sociedad que representaba los intereses de los Aznar Oriol aducía que, al no haber PRUG, el espacio natural “carece de referentes ordenancísticos propios para definir las conductas infractoras peculiares del Parque y sus sanciones”.

El Ministerio para la Transición Ecológica explica que el PRUG “no está parado. Una vez recibidas las alegaciones al primer texto se está teniendo reuniones con las instituciones y los dueños de fincas para tener un borrador definitivo lo antes posible”.