El Gobierno convoca este lunes un encuentro con asociaciones de víctimas de la Iglesia antes de que esta apruebe su plan

Este martes, la Conferencia Episcopal española ha convocado una Asamblea Extraordinaria para aprobar su Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos (PRIVA), un documento que quiere marcar los procesos para indemnizar a los supervivientes de la pederastia clerical en casos prescritos, y adelantarse a las medidas anunciadas por el Gobierno de España.

Sin embargo, desde Moncloa, en un nuevo giro de guion, se ha buscado tomar la iniciativa, y este lunes, a las 12.30, se ha convocado a varias de las asociaciones de víctimas para escuchar sus reivindicaciones, asegurarles su apoyo y, en su caso, anunciar nuevas medidas. Una reunión que se mantenía con discreción y ha hecho pública este sábado el diario ABC.

El encuentro, tal y como ha podido confirmar elDiario.es, tendrá lugar este lunes en el complejo de Presidencia del Gobierno, y ha sido convocado por la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo. Entre los asistentes, varias de las principales asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia, como Infancia Robada, Lulacris, Ava, Anva, Manes Petits, ACACI o Viqui Bernardet. También se ha contactado con Betania y Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat.

Como se recordará, el pasado mes de abril el Ministerio de Presidencia presentó su “Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos', un plan que asume buena parte de las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, y que se aprueba sin que Ángel Gabilondo haya podido presentarlo ante la Cámara Baja. y que motivó una dura respuesta por parte de la Conferencia Episcopal, al producirse días después del primer encuentro entre el presidente Argüello y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

¿Qué busca este plan? Reparar integralmente a las víctimas, especialmente a aquellas cuyos casos hayan prescrito y, también, en el caso “no deseable” de que la Iglesia se niegue a hacerlo. Así, el documento advierte la importancia de que “la reparación no dependa de las decisiones de las diversas entidades religiosas o de profesionales contratados por ellas, debido a los peligros que entrañan de desigualdad, arbitrariedad, opacidad y encubrimiento y que han formado parte de las dinámicas del abuso”.

Para ello, se han previsto dos escenarios: el primero, con la colaboración de la Iglesia; el segundo, sin ella. En el primer caso, se apunta a la creación de un órgano mixto entre el Estado y la Iglesia para asumir las compensaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento del victimario. Un órgano independiente, integrado por especialistas y de carácter temporal que tendría como finalidad la reparación de las víctimas. En este caso, sería la Iglesia quien se hiciera cargo “de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”.

En el segundo escenario, se habla de “un proceso administrativo” que reconozca la condición de víctima y “las medidas reparadoras que sean adecuadas”, en colaboración entre las distintas administraciones. El periodo inicial de vigencia del plan será entre 2024 y 2027.