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El Gobierno eliminará las carreras de tres años que implantó José Ignacio Wert

El ministro de Universidades, Manuel Castells. EFE/ Chema Moya/Archivo

Mónica Zas Marcos

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El Gobierno pulveriza las carreras universitarias de tres años y determina que todas duren cuatro, a excepción de los estudios sanitarios, técnicos o títulos conjuntos con otros países europeos, que pueden extenderse más. Es lo que dispone el borrador del nuevo decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La cartera de Manuel Castells quiere poner fin al polémico sistema 3+2 (tres años de grado y dos de máster) que vio la luz junto al Plan Bolonia durante el mandato del exministro de Educación del PP, José Ignacio Wert. En consonancia con lo aplicado en otros países europeos, se permitió en 2015 que las universidades optasen de forma voluntaria entre 180 y 240 créditos (3 y 4 años, respectivamente) para facilitar supuestamente la internacionalización de los egresados españoles en Europa, ya que es donde está generalizado el sistema 3+2.

Ahora, los centros que los oferten (en su mayoría privados) tendrán un plazo de cuatro años para adaptar sus modalidades de Grado de 180 créditos ECTS a la de 240, de forma que no afecte a los alumnos que habían empezado a cursarlos.

Mayoría en Catalunya, donde critican la medida

Según ha informado el Ministerio de Universidades en rueda de prensa, estas carreras son minoritarias y apenas representan 70 -la mayoría en Catalunya- de las casi 3.000 titulaciones que se ofertan en España. Casi todas pertenecen a la rama de tecnologías y diseño digital, pero también se permitió establecer la fórmula en titulaciones de nueva creación como Gastronomía o Estudios Globales. Con esta medida, Castells pretende frenar la proliferación de grados cortos, centrados en la pronta incorporación al mercado laboral y que ofrecen formación básica de un área que luego se puede especializar durante dos años más.

La propuesta no ha gustado nada a la Generalitat, cuya Secretaría de Universidades puso las bases desde el principio para que los campus fuesen creando grados de tres años si así lo consideraban. Ahora mismo, en Catalunya son 17 de 180 las titulaciones que se imparten con solo 180 créditos –equivalente a tres cursos–, lo que supone un 9,5% sobre el total, aunque a nivel de alumnado sería un porcentaje mucho menor porque se trata de estudios todavía con pocas plazas.

“El borrador va en la dirección opuesta a la que deberíamos ir”, señalan fuentes de la Secretaría de Universidades catalana, que defienden que el sistema debería ser lo suficientemente “flexible” como para permitir la existencia de estudios de tres años siempre que cumplan “los requisitos de calidad”. También las mismas fuentes rebaten el argumento económico al señalar que en Catalunya trabajan para igualar los precios de máster y grado en el modelo 3+2. De momento, los estudiantes pagan lo mismo solo en el primer curso de máster.

El Ministerio ha pedido a los gobiernos autonómicos que reduzcan las tarifas de los másteres, que reclaman más financiación para compensar la bajada, sin lo cual este sistema beneficia a los estudiantes con más recursos.

El 3+2 ha sido una fórmula criticada debido a la diferencia entre el precio de las matrículas de los grados universitarios y los másters, que en este caso resultaban convenientes a efectos de completar la formación. Comisiones Obreras ha criticado a menudo un sistema que, en su opinión, “castiga a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades privadas”. Así, el decreto de Universidades apuesta por el modelo '4+1', cuatro años de carrera y uno de máster voluntario.

Respecto a la estructura esencial del modelo universitario español, se mantienen las tres etapas, que consisten en Grados de 240 créditos; Másteres de 60, 90 y 120 créditos; y el Doctorado, al que se accede habiendo superado los 300 créditos en las dos etapas formativas anteriores.

Según el departamento de Castells, la experiencia acumulada por las Universidades durante los últimos años y el trabajo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y del conjunto de agencias de calidad de las comunidades autónomas, “ha guiado un replanteamiento procedimental con el objetivo de, asegurando la calidad de la oferta académica, simplificar los procesos administrativos y la documentación necesaria, para focalizarse en aquellos temas que efectivamente constituyen el núcleo del proyecto académico formativo que es un título oficial de Grado, Máster o Doctorado”.  

En este sentido, ha defendido que la evaluación institucional de los centros “se configura como una pieza esencial en el engranaje del aseguramiento de la calidad de la oferta formativa universitaria y de desburocratización de los procedimientos implicados en el mismo”.

CSIF critica los cambios de postura del Ministerio

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido un comunicado criticando la “política improvisada del Ministerio de Universidades” a la par que exige un “modelo de enseñanza universitaria homogéneo en todo el país”. Aseguran que el borrador de Castells “no introduce ninguna de las reformas más urgentes” del sistema y dicen no entender “sus continuos cambios de opinión que solo generan confusión e inseguridad en la comunidad educativa”.

El sindicato se refiere a que el año pasado el Ministerio no incluyó entre sus planes eliminar el modelo '3+2', sino todo lo contrario. “Mantener estos dos modelos en paralelo puede provocar desigualdad entre el alumnado de distintas comunidades autónomas y problemas de homologación” en los países de la UE.

“Desde CSIF, reclamamos una regulación unitaria, que garantice la igualdad de oportunidades del alumnado con independencia de la CCAA de la que proceda y un sistema de precios públicos que les permita completar sus estudios”, abunda el colectivo.

Información realizada con la colaboración de Pau Rodríguez, desde la edición de Catalunya.

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