Un juzgado investiga irregularidades en la gestión del hospital de Torrejón

Un juzgado de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz mantiene una investigación abierta en torno al hospital de la localidad, gestionado por Ribera Salud, y las conversaciones desveladas por El País en las que sus directivos ordenaban priorizar intervenciones médicas más rentables económicamente. Según adelantó El Plural el juzgado mantiene diligencias abiertas por una denuncia de Podemos mientras que la Fiscalía ha puesto en manos de los magistrados las denuncias del PSOE, del abogado Javier Flores y de una asociación.

Las grabaciones fueron desveladas por El País el pasado mes de diciembre. Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera que gestiona este hospital público dependiente de la Comunidad de Madrid, explicaba a dos decenas de directivos y mandos del centro que el objetivo era “alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones”, apuntando a priorizar determinadas intervenciones para mejorar los beneficios económicos de la empresa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atribuyó el asunto a “rencillas entre directivos” y buscó minimizar un escándalo que apunta directamente al modelo madrileño de gestión mixta público-privada en grandes hospitales como Torrejón de Ardoz, que tiene una población asignada de más de 150.000 personas. La dirección de este hospital, tal y como reveló elDiario.es en abril de 2025, ha llegado a presionar a su personal para operar a pacientes de otros hospitales de la red pública y obtener mayores beneficios.

Diversos partidos, asociaciones y particulares presentaron denuncias por estas grabaciones ante la Fiscalía y los juzgados y ahora existen diversas investigaciones abiertas que, previsiblemente, centralizará un mismo Tribunal de Instancia de la localidad del Corredor del Henares. Este tribunal mantiene unas diligencias penales abiertas desde finales del año pasado tras una denuncia interpuesta por Podemos y la Fiscalía ha anunciado que remitirá las otras que ha analizado en las últimas semanas: del PSOE, del abogado Javier Flores y de la asociación del Defensor del Paciente.

En sus escritos de gestión de todas estas denuncias la Fiscalía ya deja claro que considera que detrás de esas grabaciones y esas afirmaciones del directivo de Ribera Salud puede haber un delito. “Estimando que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, se acuerda la incoación de diligencias”, explicó la fiscal Mónica Arias, fiscal jefe de Alcalá antes de remitir todas las denuncias al mismo juzgado.