Tras meses de negociaciones, el Gobierno no ha conseguido sacar adelante este miércoles en el Consejo Interterritorial la estrategia con la que pretende reformar el modelo de residencias de mayores. Después de haber superado los peores momentos de la pandemia, que convirtió a los centros de mayores en la zona cero de la emergencia sanitaria durante la primera ola, el Ministerio de Derechos Sociales apuesta por modificar el sistema de dependencia.
Con gran parte de las comunidades oponiéndose al último borrador elaborado por el departamento de Ione Belarra, su equipo ha tomado la decisión de “posponer la votación” prevista para este miércoles porque “algunas” autonomías habían “mostrado muchas dudas”, apuntan fuentes del Ministerio. Entre esas regiones que habían anunciado su voto en contra, no solo había Ejecutivos del PP –como Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia–; Euskadi y Catalunya también han mostrado su disconformidad junto a gobiernos socialistas como el de Castilla-La Mancha y el de Extremadura. Asturias, también gobernada por el PSOE, ha anunciado que se abstendría en caso de que se produjese una votación, apuntan fuentes presentes en la reunión.
“Entendemos que el Ministerio contaba con sacar este acuerdo, al haberlo llevado hoy [por este miércoles] al Consejo Interterritorial”, indican las fuentes consultadas. Por su parte, desde el Ministerio de Derechos Sociales se limitan a asegurar que “han acordado” junto a las comunidades “posponer la votación” a “la espera de cerrar los últimos detalles”.
A lo largo del próximo mes, el departamento de Ione Belarra confía en alcanzar un acuerdo “en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de quince personas como máximo”, señalan fuentes del Ministerio.
Meses enredados en negociaciones
Gobierno y comunidades autónomas llevan meses negociando un nuevo modelo residencial. Entre los temas que se han puesto encima de la mesa se encuentra el número máximo de plazas para los centros de mayores. El límite de usuarios dependerá de la ubicación del centro, según el último documento enviado a los ejecutivos regionales. El Gobierno planea que las residencias tengan una capacidad que oscile entre las 75 y las 120 plazas. Además, prevé que los recursos de nueva construcción “dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble”.
En esos borradores que se han intercambiado comunidades autónomas y Gobierno, también se ha planteado dar un margen de tres años a los centros para aprobar un “plan de atención libre de sujeciones”. Esta estrategia debía contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.
El documento que se está debatiendo establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas, aquellas que atienden a personas reconocidas por el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD). Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales y de equipamientos y de calidad, que deberán ser evaluados periódicamente. Otra de las novedades que incorpora el proyecto en el que trabaja el Ministerio consiste en que el resultado de las inspecciones deberá ser público.
Castilla-La Mancha pide más financiación
Ante estas modificaciones, comunidades socialistas, como la de Castilla-La Mancha, han pedido al Ministerio que aporte financiación. “La ingenuidad ya se ha acabado. O hay dinero, o hay trigo, o predicar queda en humo”, ha llegado a indicar Emiliano García-Page. En la misma línea se manifiesta su consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que lamenta que estas medidas carezcan “de memoria económica y de financiación”, aunque pone en valor el “esfuerzo” realizado por el Ministerio para “que exista diálogo”. Además, ha destacado que el Gobierno haya impulsado la “financiación de la ley de dependencia en 2021 y 2022” y “espera” que esta dinámica se mantenga en 2023.
A pesar de que el Ministerio ha llevado este miércoles al Consejo Interterritorial su estrategia para modificar el modelo residencial, García Torijano explica que en “en la comisión delegada” que se celebró hace unos días “varias autonomías ya manifestaron su voto en contra”.
Comunidades del PP en contra
En la misma línea que Castilla-La Mancha se ha manifestado Extremadura, según las fuentes consultadas. En una nota de prensa, el ejecutivo de Guillermo Fernández Vara se ha limitado a asegurar que la mayoría de comunidades han “avalado la necesidad de un diálogo civil para alcanzar un acuerdo que eleve la calidad asistencial”. Por su parte, el Gobierno asturiano sostiene que “existe margen para sumar y propiciar un acuerdo amplio”.
Junto a Extremadura y Castilla-La Mancha se han pronunciado comunidades del PP. La consejera gallega, Fabiola García, ha asegurado que las pretensiones del Gobierno central son “inasumibles” porque “no garantiza el financiamiento para llevarlo a cabo”. Andalucía y Murcia también han mostrado su disconformidad con el borrador de Derechos Sociales.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que este documento “tampoco resuelve el problema de la falta de financiación del sistema de dependencia por parte del Estado, que sigue sin superar un 20% de aportación”. Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Castilla y León aseguran que se han abstenido en este procedimiento.
Alegando motivos de invasión de competencias, Catalunya y Euskadi también se han posicionado en contra. Más allá del panorama político, el texto ha recibido además las críticas de la patronal. También de sindicatos y colectivos que aglutinan a residentes y familiares de usuarios, pero por considerar que se queda corto en sus exigencias.