El Gobierno levanta las trabas burocráticas que lastraban a los centros de investigación

Durante los últimos años, varios organismos públicos de investigación (OPI) han manifestado públicamente su oposición a las trabas administrativas que lastran el sistema de I+D. El pasado año, hasta cuatro de estos organismos publicaron una carta abierta en la que denunciaban el colapso de la ciencia española, debido, entre otros factores, a los mecanismos de control de gasto que impedían a los grupos de investigación ejecutar el presupuesto que se les había concedido para desarrollar sus proyectos de investigación. Hoy, un Real Decreto publicado por el gobierno ha puesto fin a algunos de estos trámites burocráticos.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha presentado tras el Consejo de Ministros un paquete de medidas para reducir las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo de los proyectos científicos, agilizar la contratación de investigadores o aumentar los medios para evitar retrasos en las convocatorias. Según Duque, estas medidas suponen un punto de inflexión para el sistema de I+D+I y universidades, que ha soportado en los últimos años normativas que dificultaban el normal desarrollo de proyectos científicos.

Parte de los problemas provienen de la normativa presupuestaria que el Ministerio de Hacienda introdujo en 2014, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, para controlar el gasto de los organismos públicos, incluidos los de investigación. Entre las medidas destacaba lo que se conoce como intervención delegada previa, una herramienta mediante la cual cada gasto de un centro de investigación tenía que pasar por la aprobación de un inspector de Hacienda, lo que provocaba meses de retrasos. Este mecanismo, junto a otros problemas, provocó que España solo gastase el 30% de todo el presupuesto destinado a I+D en 2017.

En mayo del pasado año, la portavoz del grupo de coordinación de OPIs, la investigadora del Centro Nacional de Epidemiología, Julia del Amo, aseguraba en una entrevista que la prioridad para la supervivencia de algunos proyectos no estaba en un aumento de la financiación, sino en la eliminación de estas trabas burocráticas. “Tenemos muchos inconvenientes para ejecutar el presupuesto y, en ocasiones, incluso tenemos que devolver el dinero a las agencias financiadoras”, afirmaba Del Amo.

El Gobierno ha reaccionado a esta reclamación de la comunidad científica y el nuevo Real Decreto elimina la intervención previa en los OPIs, recuperando la situación de 2014, en la que estos organismos eran sometidos a un control financiero permanente.

Agilizar la contracción indefinida

El retraso a la hora de obtener la autorización de los gastos también provocó toda una serie de problemas para contratar personal investigador. Los científicos que suelen encadenar contratos temporales asociados a distintos proyectos se vieron en la situación de tener que pasar varios meses en paro entre la finalización de un contrato y la aprobación del siguiente.

Aunque en 2016 la secretaria de Estado logró reducir los tiempo de espera a cinco meses, la situación seguía siendo crítica, según los investigadores. “Al final, el tiempo va pasando sin que se pueda contratar al investigador y los que están pendientes de estos contratos se acaban marchando”, afirmaba del Amo. “En España estamos sufriendo un éxodo de investigadores muy importante y estamos perdiendo gente con vocación científica porque no les podemos ofrecer un contrato, aunque sea temporal, en un plazo razonable”.

La pérdida de capital humano ha sido otro de los grandes retos del sistema de I+D español durante los últimos años. Según un informe publicado el pasado año por el Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, España ha visto reducido su número de investigadores en más de un 9% en los últimos años, lo que supone una pérdida de más de 12.000 científicos desde 2010.

El RD presentado por el gobierno modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. El RD también recoge medidas para agilizar la compra de material por parte de los grupos de investigación, como la posibilidad de ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros, y otras destinadas a que la Agencia Estatal de Investigación pueda contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación.

Mayor atención a la conciliación

Entre las modificaciones de la Ley de la Ciencia, también se incluye un nuevo a apartado para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica.

En los procesos de evaluación que deben pasar los científicos a la hora de optar o renovar plazas o proyectos se suele hacer una revisión de los méritos o los objetivos conseguidos durante un plazo determinado. Sin embargo, al revisar estos objetivos no se tienen en cuenta los periodos de baja.

“Omitir este supuesto de interrupción hace que compitas en desventaja”, explicaba el pasado año la investigadora María de la Fuente, una de las impulsoras de la campaña #oCientíficaoMadre, creada por varias investigadoras para visibilizar la discriminación que sufren las mujeres científicas a la hora de afrontar la maternidad.

El RD también recoge mejoras para los afectados por los préstamos Renta-Universidad que puso en marcha el Gobierno de Zapatero en 2007, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo, una medida que se prevé podrá beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de los créditos, algunos de los cuales se han enfrentado a situaciones de impago. Esas eran las condiciones iniciales de estos créditos del ICO con condiciones ventajosas. Sin embargo, las condiciones fueron endureciéndose gradualmente en sucesivas convocatorias hasta tener que devolver el préstamo aunque no se haya encontrado trabajo, según han denunciado los afectados a lo largo de los años.