Una década perdida: España recupera los niveles de inversión en ciencia previos a la crisis
La inversión española en ciencia ha recuperado, una década después, los niveles previos a la crisis económica, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector privado ha sido el que ha impulsado la recuperación, superando los niveles de inversión y de empleo que había antes de la crisis. Sin embargo, la inversión pública sigue lastrando esta recuperación, al crecer menos que el PIB y no haber recuperado los niveles de inversión y empleo de 2009.
En 2018, España invirtió en I+D algo más de 14.900 millones de euros, una cifra superior a la de 2008, que rondaba los 14.700 millones. Este dato supone, además, un incremento de unos 800 millones de euros con respecto a 2017, lo que implica un crecimiento de un 6,3%. El avance es superior al crecimiento del PIB, que en el mismo periodo fue del 3,5%.
Esto significa que la ciencia ha ganado peso respecto al PIB por segundo año consecutivo, pasando del 1,2% de 2017, al 1,24% el pasado año. Aun así, este dato sigue muy lejos del 1,4% alcanzado hace una década y aún más lejos del 2% en el que está la Unión Europea y que había sido marcado como objetivo por los sucesivos gobiernos españoles de cara al año 2020.
“Yo ya no pienso en alcanzar el 2% como la Unión Europea, simplemente pido que se doble el Plan Nacional de Investigación”, cuenta a eldiario.es Luis Serrano, presidente de la alianza Somma, que agrupa a 25 centros de investigación y 23 unidades universitarias. “Eso solo serían 400 millones, pero permitiría que los grupos de investigación sobrevivieran, que se contrataran becarios, que se publicaran más patentes y, en definitiva, que volviéramos a ser competitivos”.
Pérdida de científicos y de competitividad
La pérdida de competitividad de la ciencia española, provocada por los recortes iniciados en 2009, se ha reflejado en una disminución “muy importante” de artículos de alto impacto de científicos españoles. También se ha registrado una reducción de cerca del 60% en el número de patentes producidas, según recogió el Informe sobre la ciencia y la tecnología en España presentado el pasado año en el Congreso de los Diputados.
“En los grandes centros se ha notado la pérdida de competitividad con respecto a otros centros semejantes a nivel internacional, pero en los centros más pequeños y en las universidades ha sido un desastre”, cuenta Serrano, que también es director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. “Ha habido grupos de investigación en los que prácticamente solo se ha quedado el jefe de grupo”, lamenta este investigador.
La falta de inversión en I+D se ha notado también en el número de científicos, algo sobre lo que ya advirtió la Comisión Europea en 2017 al alertar de que España había “reducido considerablemente su base investigadora” en los años posteriores a la crisis. Según un informe del Observatorio de Investigación e Innovación, hasta ese mismo año España había perdido unos 12.000 científicos, lo que suponía “un retroceso en sus recursos humanos a los niveles del año 2007”.
En los últimos dos años se ha producido, sin embargo, un repunte en la contratación, y el número total de personas empleadas a tiempo completo en actividades de I+D superó en 2018 las 225.000. A pesar de estos datos, aún no se han recuperado los niveles previos a la crisis económica y el sector público cuenta hoy con 8.660 efectivos menos que en 2010.
Con el fin de comenzar a recuperar el empleo perdido en años anteriores, el Gobierno publicó a principios de año una oferta extraordinaria de más de 1.400 plazas destinadas a personal investigador en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y, pocas semanas después, anunció el levantamiento de algunas de las trabas burocráticas que dificultaban la contratación.
La ciencia como algo “residual”
Sin embargo, pasados más de seis meses del anuncio de las medidas de urgencia, los científicos se quejan de que éstas no están resolviendo sus problemas de contratación ni ofrecen más agilidad a los centros. “Retirar la intervención previa sí que ha servido para los OPIs, pero hay otra serie de normas que sacaron que necesitan una aclaración”, afirma Serrano. “El problema de fondo”, resalta este investigador, “es que se trata a la ciencia de forma residual y hay toda una serie de normas que se han desarrollado sin pensar en el efecto que podían tener sobre el sistema de I+D”.
La falta de políticas específicas de I+D es algo que también critica la profesora de economía de la Universidad Carlos III Aurelia Modrego, coordinadora de una comisión de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que se dedica a hacer un seguimiento continuado de la política científica.
“Debemos apostar por una política científica que vertebre y articule todas las políticas públicas y que no sea tratada como algo residual”, afirma esta profesora. Aunque “ha sido una iniciativa con buena voluntad”, argumenta Modrego, el Ministerio de Ciencia no ha tenido el peso suficiente para poner a la investigación al nivel que debe estar“.
España se descuelga de Europa
Además, Modrego lamenta que, a pesar de que “el pequeño aumento en la inversión es una buena noticia”, hayan tenido que pasar diez años para volver a los valores de 2008. “Ha sido una década perdida, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos, porque nos hemos alejado de Europa”.
Las cifras ofrecidas por el INE dejan claro el abismo que existe entre la financiación de la ciencia española y la del resto de países de nuestro entorno, cuya inversión en I+D no ha dejado de crecer durante esta última década.
Según un análisis de estos datos elaborado por la Fundación Cotec, la inversión en ciencia en España durante el periodo 2009-2018 apenas ha crecido un 2,5%, mientras que el resto de la Unión ha aumentado un promedio de un 22% hasta 2017, últimos datos disponibles. Esto ha dejado la inversión per cápita en España en menos de la mitad de la media de los países de nuestro entorno: 302 euros anuales frente a 622.
Además, España es uno de los cinco países europeos que todavía no ha recuperado los niveles de inversión pública previos a la crisis junto a Bulgaria, Croacia, Eslovenia y Hungría. “Los datos consolidan la tendencia observada hace años, un sector público estancado que se compensa con el dinamismo del sector empresarial”, asegura Jorge Barrero, director general de Cotec. “Necesitamos cuanto antes un nuevo gobierno y unos presupuestos adecuados para que la investigación pública no se descuelgue de la recuperación”.
