La persona que sustituya a Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación –que en la noche del martes no tenía nombre– tiene una misión y solo una: aprobar el estatuto docente. Si lo consigue podrá dar por buena su estancia en la calle de Alcalá de Madrid, a decir de los sindicatos del sector. Como bonus extra, sumará puntos si está. Si, a diferencia de su antecesora, tiene “presencia” y habla con las partes, coinciden organizaciones tan a priori dispares como CSIF, CCOO o Escuelas Católicas, la patronal de la Iglesia que gestiona sus centros educativos.
Los últimos tres ministros de Educación, incluida la saliente Alegría, han sido también portavoces del Gobierno de turno, recuerda CSIF. Un dato significativo sobre cómo valoran los presidentes este ministerio, opina Mario Gutiérrez, responsable de Educación del sindicato: “La portavocía es una función muy compleja que necesita preparación, y eso hace que el ministerio sea secundario. Alegría ha sido portavoz, ministra y candidata [para las elecciones en Aragón, motivo por el que deja Educación] y de las tres creo que el ministerio es la que menos le interesaba”, sostiene.
No es el único que lo cree, desde todas las ideologías posibles. “La enseñanza concertada se ha sentido desatendida, especialmente por la ausencia de espacios estables de diálogo y de reuniones de trabajo con el Ministerio”, valora Escuelas Católicas. “Creemos que se va sin entender la escuela pública y sus profesionales”, sostiene Teresa Esperabé, responsable de Educación en CCOO. El sindicato Anpe, de tendencia conservadora, espera “que el Gobierno designe a una persona que sitúe entre sus prioridades el impulso y la aprobación del estatuto docente; es imprescindible un interlocutor/a con voluntad política y capacidad de diálogo y negociación”.
En general, Alegría suspende. “Su labor no es de aprobado en absoluto”, evalúa CSIF. “No llega al suficiente”, coincide CCOO. “Deja en el aire compromisos fundamentales”, se moja menos Anpe. La evaluación de Escuelas Católicas es “claramente crítica por la falta de avances y de interlocución”.
Tres etapas
Abunda en el sector la idea de que el Ministerio de Educación había entrado en los últimos ejercicios en una fase de inactividad que solo ha abandonado recientemente para empezar a abordar la negociación del estatuto docente.
El departamento ha tenido en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez tres etapas diferenciadas. Los primeros años fueron intensos alrededor de la negociación, tramitación y ulterior aprobación de la Lomloe, la ley educativa que vino a acabar con la despreciada –por la mayoría del arco parlamentario– Lomce del PP. Aquel proceso, que lideró Isabel Celaá y remató Alegría, fue de gran desgaste por todos los lados: hubo serios enfrentamientos con las patronales de la educación concertada, que se echó a la calle por el supuesto ataque que la ley validaba contra este modelo (un ataque que ha resultado no tener muchas consecuencias), pero también con una izquierda que reprochaba al Ejecutivo que no iba lo suficientemente lejos en acotar ciertas prácticas de los centros privados subvencionados (el tiempo demostró, por ejemplo, que la ley no consiguió acabar con la cesión de suelos públicos a centros concertados, uno de sus objetivos).
A ese periodo intensivo le siguió una cierta paralización de la actividad. Se aprobaron la reforma de la FP y de las enseñanzas artísticas, sí, pero estas normas no tenían la carga simbólica e ideológica de la ley educativa básica –se aprobaron prácticamente sin votos en contra– y tampoco han tenido apenas tiempo de desplegarse. La reforma de la Selectividad para adaptarla a la Lomloe generó más tensiones, pero como el ministerio no tenía que pactarla con nadie pudo sacarla adelante sin mayores complicaciones.
En los últimos meses, Educación ha retomado la actividad para intentar aprobar por fin el ansiado (por el profesorado) estatuto docente, una norma que debe regular la carrera docente y que los profesionales llevan esperando 30 años, según recuerdan los sindicatos. El texto, o los diferentes textos –Educación decidió que iría aprobando la norma por partes según fuera alcanzando acuerdos–, debe abordar cuestiones como la formación inicial (reformar el grado de Magisterio y el máster de profesorado de Secundaria, principalmente), el acceso a la profesión (las oposiciones) o el desarrollo de una carrera docente que en este momento apenas ofrece incentivos a sus profesionales.
Alegría puede presumir de que deja enfiladas dos cuestiones de impacto directo en el aula y reivindicadas desde hace años por el profesorado: la bajada de las ratios de alumnado por clase y de las horas lectivas
Alegría puede presumir de que deja enfiladas dos cuestiones de impacto directo en el aula y reivindicadas desde hace años por el profesorado: las ratios de alumnado por clase o las horas lectivas (de docencia directa) semanales. Tras una negociación en la que el ministerio ha escuchado al menos algunas de las reivindicaciones sindicales, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de noviembre el anteproyecto de ley para bajar ambos aspectos. Menos estudiantes en cada clase y menos clases que preparar e impartir deberían permitir a los docentes mejorar su situación laboral de manera directa cuando se aprueben.
Pero hasta ahí. Desde que se pactó esta reforma las negociaciones han quedado paralizadas, lamentan los sindicatos. “Esta iba a ser la 'legislatura del profesorado' y el profesorado hasta el momento sigue siendo el gran olvidado de la legislatura”, sostiene CCOO.
Lo que falta
Ratios y horas lectivas son solo el principio, según recuerdan las organizaciones de representación del profesorado. CCOO lista todas las cuestiones pendientes en el marco del estatuto: que todos los cuerpos docentes suban de nivel para ser grupo A1 en la escala funcionarial; jubilación anticipada, voluntaria e incentivada; regulación específica docente de la salud laboral, incluyendo los riesgos psicosociales; mejora de la formación inicial; formación permanente con recursos y dentro del horario laboral; una “verdadera carrera profesional, atractiva, articulada y bien incentivada”; revisión del ingreso y acceso primando aspectos pedagógicos con una fase de prácticas con recursos, realmente formativa y bien planificada; concreción de las funciones del profesorado para evitar la acumulación de tareas y el exceso de burocracia; y la mejora y homologación al alza de las condiciones retributivas y laborales del profesorado, enumera el sindicato.
Fuera del estatuto, el Gobierno ha hecho una apuesta fuerte por impulsar la Formación Profesional, etapa que durante este Gobierno se ha quitado probablemente el sambenito de ser la hermana pobre de la universidad, o el primer ciclo de Infantil, de cero a tres años, una etapa que está en máximos históricos en cuanto a matriculaciones, pero que presenta una fuerte desigualdad en cuanto a quién accede.
Pero esta apuesta, reforzada a base de inyectar miles de millones de euros, no ha conseguido revertir o al menos parar la alta privatización de ambas etapas, donde buena parte de la oferta sigue siendo privada ante la alta demanda, que las administraciones públicas no están atendiendo.
Escuelas Católicas añade a la lista de debes la promesa incumplida de estudiar el coste real del puesto escolar, reivindicación histórica de las patronales concertadas para que el Gobierno actualice el módulo que paga a los centros privados a cambio de contar con sus servicios educativos como parte de la red pública, una “promesa pública” que realizó el ministerio pero nunca cumplió.
Estadísticas a favor... a medias
Algunas estadísticas sí sonríen a Alegría, aunque sea a medias. Por ejemplo la inversión, que tras años de estancamiento derivados de los recortes posteriores a la crisis de la década de los 2010, en 2020 por fin volvió a las cifras absolutas de que presentaba en 2008 y se ha disparado en el último quinquenio, la mayoría de él bajo su mandato.
Entre 2021, cuando entró Alegría, y 2023, últimos datos disponibles, el gasto en educación ha pasado de 59.772 millones de euros a 68.065 millones, una subida del 13,8% para llegar a la partida más alta en la historia del país. Peor parado sale el dato si se analiza, como establecen las comparativas internacionales, en relación al PIB: ahí la evolución es negativa, del 4,84% al 4,54%, lejos del 7% que le exigen algunos sindicatos y que marca la cifra de los países que más invierten. La ministra también le ha dado un impulso a las becas. Cuando entró se repartían 2.150 millones de euros, este curso la partida se va hasta los 2.544 millones, una subida del 18%.