El Defensor del Pueblo advirtió el pasado viernes al Ministerio del Interior de que el acuerdo entre Marruecos y España, al que se sigue aferrando Fernando Grande-Marlaska para defender las devoluciones de menores desde Ceuta, exige cumplir la legislación española e internacional en cada uno de los retornos practicados. En la argumentación de su recomendación, publicada este miércoles, Francisco Fernández Marugán ya alertaba al ministro de que las expulsiones de los niños y adolescentes, tal y como se han llevado a cabo en los últimos días, no son legales.
“A la vista de las actuaciones realizadas, esta institución está en condiciones de afirmar que el procedimiento seguido en el día de hoy para devolver a Marruecos a un grupo de menores, cuyo número se desconoce, no cumple con los requisitos legalmente establecidos”, indicó Fernández Marugán en el texto del recordatorio enviado el viernes a Interior, en el que pedía la suspensión de estas repatriaciones. Al Defensor le preocupa “muy especialmente” el “incumplimiento de la obligación de escuchar al menor, y la ausencia de informe previo de los servicios de protección de menores y del ministerio fiscal”.
Escribe Gabriela Sánchez.