Solo un 12% de los países tiene medidas para proteger a las mujeres del impacto social y económico de la pandemia
La mayoría de los países del mundo no está tomando las suficientes medidas para proteger a las mujeres y las niñas de las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la COVID-19. Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, que muestran que la respuesta a la pandemia en materia de protección social y puestos de trabajo ha pasado por alto en gran medida las necesidades de las mujeres.
Su mecanismo de seguimiento de la respuesta mundial de género a la COVID-19 analiza 206 países y territorios que han adoptado 2.517 medidas gubernamentales contra la pandemia. De ellas, ha identificado 992 medidas en 164 países y territorios con perspectiva de género. Se fijan en acciones en tres áreas: las que abordan la violencia contra las mujeres y las niñas, las que apoyan a quienes proveen trabajo de cuidados no remunerado, y las que refuerzan la seguridad económica de las mujeres, según explican ambos organismos de Naciones Unidas.
Los resultados muestran que solo 25 países, el 12% del total, han introducido medidas con perspectiva de género que abarcan estas tres áreas, como la creación de líneas telefónicas de ayuda, albergues o mecanismos judiciales para contrarrestar el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas durante la pandemia, así como las prestaciones económicas dirigidas directamente a las mujeres, la oferta de servicios de guardería infantil o la baja remunerada por motivos familiares o por enfermedad.
España es uno de los 25 países que, según los resultados, cuentan con medidas sensibles al género en las tres áreas analizadas, según el mecanismo de ONU Mujeres y el PNUD, y uno de los que mayor número tienen, 16 en total (10 sobre violencia de género, una sobre seguridad económica, y cinco sobre el apoyo a los cuidados). Algunas acciones españolas que se tienen en cuenta son el teléfono 016, el derecho a la reducción de jornada, el ingreso mínimo vital o el plan de contingencia contra la violencia de género durante el confinamiento.
