Los votantes de derechas rechazan las restricciones de tráfico para rebajar la contaminación a las que obliga la ley

Tanto se ha usado como palanca política que, al final, las restricciones de tráfico para rebajar la contaminación del aire que respiramos se han convertido en una posición ideológica. Aunque las zonas de bajas emisiones (ZBE) cuentan con un respaldo general de la población, los votantes de derecha las rechazan, según un sondeo de Simple Lógica para elDiario.es.

Así que mientras el 51% de los encuestados están de acuerdo con la implantación de estas zonas en las ciudades y el desacuerdo se queda en el 44%, cuando se revisa por votantes se observa que el 53% de los simpatizantes del PP se muestran contrarios a la medida y hasta el 85% de los votantes de Vox se oponen a limitar el coche para tener un aire más limpio. Cuanto más a la derecha, más rechazo.

En el otro lado del espectro, son los votantes de Sumar los que más responden estar muy o bastante de acuerdo con las ZBE: hasta un 75%. Entre los simpatizantes del PSOE, un 67% respalda sin dudas la aplicación de esta medida.

Cuanto más poblada es la ciudad en la que vive el encuestado, más apoyo recibe limitar el tránsito de los tubos de escape en parte de sus calles. Si en urbes de entre 50.001 a 100.000 habitantes el respaldo es de un 49% de los consultados (y un 47% en contra), en aquellas poblaciones con más de 100.000 ciudadanos el apoyo se va hasta un 53% (diez puntos más que el desacuerdo, que se queda en un 43%).

Las ZBE con restricciones al coche son una medida obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes –además de las islas–, marcada en la ley de Cambio Climático. Entre otros objetivos, la norma busca “contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, resultando en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de vida urbana”.

Para contextualizar, el transporte en general emite a la atmósfera un 25% de los gases de efecto invernadero que España inyecta a la atmósfera. Esos gases son responsables de la crisis climática. De ese porcentaje, casi todo corresponde al transporte por carretera en el que están los coches, camionetas o camiones –la aviación se contabiliza aparte–.

Por el otro lado, la contaminación del aire es la principal causa de muertes prematuras en la Unión Europea (se le atribuyen unos 25.000 fallecimientos anuales en España). Contaminación y cambio climático comparten mucho de las causas (las emisiones de gases contaminantes) y de las consecuencias: son un problema de salud pública que afecta a la ciudadanía, como insiste la Organización de la Naciones Unidas, entre otros organismos.

Las mujeres están más dispuestas a la instalación de estas zonas de tráfico restringido –4 puntos porcentuales más que los hombres– y, por edades, la franja en la que más apoyo encuentran es la de los mayores de 65. Solo en dos franjas etarias el rechazo a las ZBE es mayoritario: en la de 25-34 años y en la de entre 45 y 54, con un 54,5% y un 52,8%.

Apenas 18 de 149 que deberían estar funcionando

Sin embargo, la implantación de las zonas de bajas emisiones no va a buen ritmo. La ley establecía el 1 de enero de 2023 como fecha tope para poner en marcha las restricciones que deben incluir “prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”, según establece el decreto que regula las ZBE. Es cierto que el desarrollo normativo tardó hasta el 27 de diciembre de 2022, pero tras, más de un año vencido el plazo legal para que las urbes activen sus zonas, la implementación es exigua.

A mediados de febrero de 2024, solo hay vigentes 18 zonas de bajas emisiones de las 149 que tendrían que estar actuando, según el recuento actualizado del Ministerio de Transición Ecológica. Muchas están bajo el epígrafe “en trámite” y otro puñado en el apartado “pendientes”.

Resistencia política

Este panorama viene tras toda una línea de actuación política tanto del PP como de Vox opuesta a las restricciones al tráfico de vehículos contaminantes. Desde que Eperanza Aguirre calificara en 2016 de “cochófobos” a los diseñadores de la ZBE Madrid Central –secundada luego por la entonces candidata electoral Isabel Díaz Ayuso con su “nadie ha muerto de esto” dedicado a la polución– hasta la secuencia de marchas atrás de proyectos de bajas emisiones que ya estaban en marcha en multitud de municipios tras las elecciones municipales de mayo de 2023.

El investigador del Institut de Ciència i Tecnología Ambientals de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jordi Honey Roses, ya explicaba a elDiario.es que la derecha y la ultraderecha “están tomando como bandera” la tensión que genera sacar coches del espacio público. Lo están utilizando para alimentar una “conspiración de control”.

No se trata de una corriente singularmente española sino que se extiende por Europa. Sin ir más lejos, el primer ministro británico, Rishi Sunak, presentó el pasado 30 de septiembre un Plan para conductores sobre el que declaró: “Somos una nación de conductores. Muchos de nosotros usamos el coche todos los días y la vida sería más difícil sin él. Pero, demasiado a menudo, los conductores se sienten atacados. Eso cambia hoy”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trajo a un mitin de la campaña andaluza de 2022 la idea de “fundamentalismo climático” que se ha sintetizado hace bien poco en el Congreso de los Diputados cuando tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el de Vox, Santiago Abascal, utilizaron el pasado 7 de febrero el término “dogmatismo ambiental” para criticar las políticas verdes.

Así que en muchos municipios en España que debían implantar su ZBE como marca la ley, al cambiar de color político tras los comicios del año pasado, se ha producido la cristalización de este discurso: en Valladolid, Elche, Logroño, Málaga, Palma, Gijón, Castellón o Valencia se están gastando estos meses para aguar las áreas de tráfico restringido hasta el punto de, por ejemplo, en Badalona –que consta como ZBE activa–, el nuevo alcalde Xavier García Albiol, afirmó que retrasaría las sanciones por no respetar los límites del área restringida. Sin embargo, los proyectos de ZBE han recibido una gran cantidad de dinero desde los fondos europeos. No menos de 1.500 millones de euros han llegado a los municipios, por lo que el Gobierno ha expresado que si no se utilizan para activar zonas de bajas emisiones, exigirán su devolución.

Y eso que la revisión de la normativa de calidad del aire que está por salir del Parlamento Europeo rebaja los niveles máximos de concentración de tóxicos con lo que “muchas ciudades que ahora están cumpliendo la normativa dejarán de hacerlo”, recuerda la organización Ecologistas en Acción, que cada año presenta el estado de la calidad del aire en España. Según su análisis más reciente, en 2022, 7,6 millones de personas respiraban aire con exceso de contaminantes según la normativa europea. “Si se toman los niveles de protección marcados por la Organización Mundial de la Salud, sería toda la población española”.

La propuesta de nueva directiva europea rebaja, grosso modo, a la mitad los umbrales permitidos de dióxido de nitrógeno, micropartículas PM 2,5 y PM10.

Lo que sí que parece más seguro es que activar una zona de bajas emisiones con prohibiciones a los coches es una apuesta para promover el transporte público colectivo. Hasta un 62% de los encuestados por Simple Logica afirman que utilizará el transporte público para acceder a esas áreas.

Es, con mucho, la opción favorita sin muchas distinciones entre posiciones políticas. La segunda alternativa es acercarse a pie (un 22%) mientras que la posibilidad de cambiar de coche para tener un vehículo menos contaminante todavía es muy débil: apenas un 2,8% optan por esta opción.  

Gráficos: Victòria Oliveres