Wert comienza su reforma universitaria con un polémico cambio: grados más cortos y másters más largos

Para no perder la costumbre, contra el criterio de los rectores, los sindicatos educativos, la oposición política y la práctica totalidad de la comunidad educativa —aunque cada uno por sus propios criterios—, el Gobierno ha sacado adelante una nueva reforma educativa. Esta vez le toca el turno a la universidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta misma tarde un Real Decreto por el que abre la puerta a que los grados universitarios pasen de tener cuatro años (más un quinto de máster, optativo u obligatorio según la carrera) a tres años (más dos de máster). De momento será voluntario y dependerá de cada universidad aplicarlo o no. El objetivo de Educación: “Flexibilizar” los grados y converger con Europa, donde “se optó mayoritariamente por la fórmula 3+2”.

Para los sindicatos es el principio de “una reforma encubierta” que incluye otros dos decretos sobre la creación de nuevos centros y la acreditación de profesores. “No confundamos las cosas”, relativizan los rectores agrupados en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), aunque no están nada contentos con el cambio aprobado por el Ministerio porque no han tenido tiempo de evaluar cómo ha ido la actual fórmula.

La oposición política denuncia el “ataque a la universidad pública” y el encarecimiento de los estudios superiores que puede suponer esta medida, toda vez que los másters son notablemente más caros que los grados y ahora duplican su duración. El secretario general de la federación de enseñanza de CC OO, Francisco García, se ha mostrado esta mañana dispuesto a convocar un paro de 48 horas, con el apoyo de las asociaciones de estudiantes y la Marea Verde.

El Ministro de Educación, José Ignacio Wert, defendió tras el Consejo de Ministros que en realidad la medida va a suponer un abaratamiento de la educación superior. El argumento de Educación es que solo un 20% de los estudiantes cursan másters que no son obligatorios para poder ejercer su profesión, una proporción “muy pequeña”. De esta manera, dice Wert, la inmensa mayoría de las familias lo que verán será el ahorro de un curso universitario, que cifró en un coste global de 150 millones de euros.

En la rueda de prensa se le objetó al ministro que, siendo esto cierto, también lo es que “la realidad” es que los grados de tres años perderán parte de su valor (pasan a tener un carácter “básico y generalista”, según el propio decreto) y que sin un máster de especialización –cuando no sean obligatorios– “no serán suficientes para adquirir la cualificación imprescindible” para introducirse en el mercado laboral de alta cualificación, con lo que la medida supondrá un encarecimiento.

Wert se enrocó en que “el requisito de titulación” que se exige habitualmente es el grado, y que, si no en cualquier caso, “la experiencia dice” que los jóvenes cursan másters ya una vez incorporados al sistema laboral. Los máster llamados habilitantes (obligatorios para ejercer ciertas profesiones, como la abogacía) quedan fuera porque el precio del crédito es el mismo que en el grado.

En plena caída de la financiación

Y todo esto en una situación en la que las universidades están perdiendo financiación (un 24% en cuatro años, unos 1.500 millones de euros, de 10.100 millones de euros en 2010 para los centros públicos a 8.600 en 2014, según un estudio de CCOO) y trabajadores (8.100 puestos en dos años). Y con las cuantías medias de las becas universitarias cayendo (al menos 300 euros en la última convocatoria), lo que refuerza el argumento de que se endurecen las condiciones de acceso a la universidad.

Cuando se implantó en el curso 2009-10 el espacio de educación superior europeo, conocido como Plan Bolonia, en España se decidió que el formato de las nuevas carreras sería de cuatro años de grado más un quinto de máster –opcional en muchos casos, obligatorio en ciertas profesiones para ejercer, como los abogados– (para un total de 300 créditos).

Pero ahora, sólo cinco años después de haber elegido este sistema –con el anterior Gobierno–, el Ministerio de Educación plantea que esta organización va a contracorriente de Europa y aprueba este cambio al formato más habitual en el continente de tres años de grado más dos de máster de especialidad o habilitante (300 créditos también en total). Pero ante el rechazo de los rectores ha ofrecido un cambio voluntario: que cada universidad lo aplique o no según considere.

Los rectores no acaban de entender que se hable de cambiar todo el sistema sin saber si lo que hay ha funcionado o no, y piden tiempo. Gaspar Roselló, secretario ejecutivo de la Comisión Académica Sectorial de la CRUE explica que justo este año comienza la acreditación (evaluación) de los títulos que se iniciaron con Bolonia, que licenciaron a sus primeros estudiantes el curso pasado. “Necesitamos analizar más lo que se está realizando” antes de tomar decisiones, explica. Y considerar las consecuencias que podría tener un cambio. “¿Qué quiere decir un título de tres años? ¿Qué competencias da? ¿Qué significa respecto al mismo título pero de cuatro años que da la universidad vecina?”, plantea algunas dudas que pueden surgir.

El precio del crédito de los másters es bastante más caro que el del grado, diferencia que a priori tendría que asumir un estudiante. Un máster cuesta entre 2.700 y 7.000 euros al año, según IU, que se opone al cambio. Si duran dos cursos, el estudiante tendrá a priori que pagar el doble, entre 5.400 y 14.000. “Y como las ayudas y becas se han reducido significativamente muchos no podrían acceder a los máster”, alerta Julio Serrano, responsable de Universidad de CCOO. “Con lo que estaríamos reduciendo el sistema universitario público, que quizá es lo que quiere el ministerio”.

La CRUE coincide en que “no se puede cargar esto al estudiante”. “Hemos sido muy tajantes con eso y el Ministerio valora la posibilidad de abrir la horquilla para que no resulte tan caro, por ejemplo haciendo un 3+1 más asequible para el estudiante”, explica Roselló. Wert explicó que otorga libertad a las universidades para que decidan si los máster durarán un curso o dos.

De momento Educación deja a la libre voluntad de cada universidad decidir si aplican el 4+1 o el 3+2. Según los plazos esto podría empezar a ocurrir ya el próximo curso. “Para un cambio tan grande debe haber un liderazgo mayor desde las Comunidades” y no dejar la elección en manos de cada centro, opina Roselló. Wert afirmó que serán las autoridades educativas de cada Comunidad y las universitarias las que decidirán cómo realizan el cambio.

Los estudiantes también opinan que “no es el momento” de implantar grados de tres años, según un informe de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), que agrupa a 800.000 del 1,5 millones de estudiantes universitarios en España. Creup opina que los grados de tres años implicarían “de manera implícita” estudiar un máster también, con los problemas, sobre todo económicos, que esto plantería. “Produciría un daño irreparable en la equidad de los estudiantes en el acceso y permanencia”, aseguran.