Malestar entre diputados del PSOE, Cs y Podemos: Moncloa mantiene congelada la ley de protección a filtradores de corrupción

La ley para proteger a las personas que denuncian irregularidades o casos de corrupción está parada. Hace más de dos años que comenzó a negociarse en el Congreso. Tras muchos sufrir muchos problemas para arrancar, el proceso se ha congelado del todo con el cambio de Gobierno, provocando el malestar de los diputados más interesados en sacar adelante esta norma en Ciudadanos y Podemos, e incluso dentro del grupo parlamentario del PSOE.

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras la acumulación de casos de corrupción del PP, culminados por la sentencia de la Gürtel. Tres semanas después de tomar posesión, un colectivo de unos 30 denunciantes de corrupción e irregularidades se concentraron frente al Congreso para pedir a Sánchez que impulsara de una vez por todas la ley destinada a protegerles frente a las represalias de los corruptos. Han pasado ocho meses de aquello. Según ha podido comprobar eldiario.es, los diputados que participan en las negociaciones no son optimistas. Todo está a la espera de un informe que el Gobierno de Sánchez se comprometió a redactar y del que nadie en el Congreso sabe nada. “Pensamos que en diciembre podía estar... pero no estuvo”, explica Artemi Rallo, portavoz del PSOE en las negociaciones.

Es un nuevo frenazo en un camino plagado de baches desde que Ciudadanos presentó hace más de dos años la propuesta inicial para proteger a los denunciantes, que también había sido una promesa electoral de PSOE y Podemos. Según los diputados, el responsable de que las negociaciones hayan vuelto a deternerse, 28 meses después, es el propio Ejecutivo.

“¿Qué ocurre? Que llegó la moción de censura, cambió el Gobierno y el nuevo tenía que fijar un criterio”, expone Rallo. “Mantuvimos reuniones con el Gobierno y también con el resto de los partidos, y nos dimos cuenta de que había una gran novedad: el proyecto de directiva europea de protección a los denunciantes que se había presentado en abril”, continúa en conversación con eldiario.es.

“No tenía sentido aprobar un texto deprisa y corriendo que no hiciera un esfuerzo de adecuación a esa propuesta de directiva, que de aprobarse, sería derecho vivo y obligaría a España a aprobar una norma en línea con ella. Es ahí donde entra el encargo al Gobierno para que preparara una propuesta que sumara la posición de los grupos y conciliara el nuevo contexto y ese proyecto de directiva”, justifica.

“Y ese es el punto en el que estamos”, señala.

Según han explicado varias fuentes a eldiario.es, el Gobierno decidió esperar a que la propuesta de directiva de protección a los denunciantes presentada por la Comisión pasara el filtro del Parlamento Europeo para elaborar su informe a partir de ese dictamen. En el proceso legislativo comunitario, es Bruselas la encargada de presentar los borradores para las nuevas normativas, sobre los que luego la Eurocámara se posiciona. Finalmente, se negocia un texto definitivo entre estas dos instituciones y el Consejo Europeo, formado por los ministros de cada estado miembro, que se somete a una votación final del Pleno del Parlamento.

En el caso de la directiva de protección a los denunciantes, la Eurocámara emitió su dictamen en noviembre. Este consolidó y añadió algunas medidas de salvaguarda al borrador de la Comisión, que ya había sido muy aplaudido por las organizaciones de la sociedad civil que presionan para que la UE legisle en favor los filtradores y denunciantes de corrupción.

Tres meses después de la publicación del dictamen de la Eurocámara, en el Congreso nadie sabe nada de la propuesta que debía elaborar el Gobierno.

El sueño de los justos

“La posición del PSOE ha cambiado, es lógico, pero deberían hacer que la ley avance ya en algún sentido”, pide Ángela Ballester, voz de Unidos Podemos en las negociaciones: “El Gobierno va a alegar que la ley de Ciudadanos toca demasiadas cosas y abarca demasiadas reformas. Es algo que ya habíamos advertido en nuestras enmiendas, aunque a nosotros no nos importaba impulsar una ley ambiciosa”.

El texto inicial de presentado por Ciudadanos en 2016 recibió una gran contestación por parte de los grupos que entonces ocupaban la oposición parlamentaria, e incluso por organizaciones de la sociedad civil que empujan para que se proteja a los alertadores. Acusaron a los de Albert Rivera de presentar deliberadamente una norma con agujeros que impedían una correcta protección.

Además de asegurar la seguridad del empleo de los denunciantes o el apoyo jurídico o psicológico, la ley de Ciudadanos incluía la creación de un organismo independiente que supervisara su cumplimiento, pero cuyas funciones no quedaban claras. Sobre el papel, permitía que la administración investigara sin orden judicial. A su vez, la norma no amparaba las denuncias anónimas y solo protegía a los denunciantes del sector público. Pese a ello, las negociaciones con PSOE y Podemos limaron diferencias y la posibilidad de formar una mayoría parlamentaria capaz de aprobar la ley apareció en el horizonte.

De momento, parece que era un espejismo. “El proyecto era poco fino”, afirma Rallo, que señala que el hecho de hubiera que reformar un paquete de siete u ocho leyes para encajarlo en el ordenamiento complicaba las cosas. “A nosotros nos gustaría ir más rápido, pero el problema es el pecado original, haber pretendido aprobar una ley integral que hace que, bueno, que haya que ir por partes. Si se hubiera acotado la negociación a la protección de los denunciantes, a lo mejor ya estaría aprobada”, acusa el diputado socialista.

“¿Demasiado ambiciosa? La Ley es tan ambiciosa como el problema que aborda”, responde Nacho Prendes, responsable de Ciudadanos. “Una ley que proponga soluciones reales tiene que ser así, no emplear discursos parciales y abordando el problema de manera tangencial. La corrupción es uno de los grandes problemas que tiene España y esta ley absolutamente prioritaria para Ciudadanos”, resume.

“Pero somos solo 32 diputados, tampoco tenemos tanta fuerza como para impulsarlo sin el apoyo de, al menos, otros dos partidos”, recuerda Prendes.

Unidos Podemos pide a ambos un esfuerzo más. “Esta ha sido la legislatura en la que hemos echado a Rajoy por la corrupción del PP. Hay una serie de medidas clave para que no vuelva a pasar a pasar algo similar, y esta es una de ellas”, afirma Ángela Ballester: “Además ahora tenemos una mayoría en la cámara capaz de hacerlo posible. Si en la próxima legislatura se da un escenario como el andaluz a nivel estatal haría que todo lo que se ha hecho pero no hemos conseguido aprobar quede en nada”.

España, farolillo rojo

“No soy capaz de decirle a alguien que está viviendo un caso de corrupción que denuncie. El castigo que supone te destroza la vida”, exponía el pasado junio frente al Congreso Azahara Peralta, testigo del caso Acuamed. Peralta pelea actualmente en los tribunales para que su despido de la empresa pública tras negarse a encubrir prácticas corruptas sea considerado nulo.

España es uno de los pocos países que no ofrece ninguna protección a los filtradores ni mediante una ley específica ni en el articulado de otras leyes. La mayoría de estados de la UE contemplan salvaguardas como el blindaje del puesto de trabajo o el pago de la asistencia jurídica para aquellos que denuncian a corruptos. En un estudio de 2018, la organización Blueprint for Free Speech puntuó a España con 0 puntos de un máximo de 756 en base a nueve estándares comunitarios e internacionales sobre el nivel de protección que proporciona a sus alertadores.

“España podría liderar toda Europa con la mejor ley hasta el momento, en línea con los avances en Bruselas al respecto. Sin embargo, el tiempo es esencial”, señala Bruno Galizzi, portavoz de Blueprint for Free Speech. “Mientras tanto, muchos (demasiados) alertadores están sufriendo graves represalias y otros abusos; y España sigue siendo uno de los Estados Miembro de la Unión Europea sin un mecanismo claro para proteger a los que reportan crímenes e irregularidades en aras del interés público”.