Un total de 17 familias con menores, desalojadas de un edificio okupado en el municipio tinerfeño de Granadilla
Un grupo de vecinos del municipio tinerfeño de Granadilla (en el sur de la isla), en el barrio de San Isidro, han sido desalojados esta mañana, por decisión judicial y con amplia presencia de la Guardia Civil, de las viviendas okupadas en un edificio radicado en ese lugar, en este caso sin presencia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, gobernado por CC, PP y Cs.
Un total de 17 familias con cinco menores a su cargo, entre ellos un niño de 13 meses, han tenido que desocupar el edificio en el que vivían. La oposición política en el Ayuntamiento sureño y la Plataforma Montaña Clara denuncian que a muchos de esos vecinos no se les permite empadronarse en la localidad, a pesar de llevar viviendo casi 20 años en él y tener una situación clara de arraigo.
Israel Ojal, de la Plataforma Montaña Clara, denuncia que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, o sea, el llamado banco malo) solo ha ofrecido alternativa habitacional a cuatro de las 17 familias que han sufrido el desahucio, aunque señalan que desconocen “en qué condiciones”.
Ojal explica que tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Granadilla son “copartícipes” del desalojo, pues se han desentendido del problema y no han ofrecido una vivienda alternativa a esas personas.
En un comunicado del Ayuntamiento de Granadilla difundido este mismo martes, se asegura que de las 17 familias que han salido del edificio Óliver por orden judicial solo hay siete en situación de vulnerabilidad debido a que disponen de escasos recursos económicos y tienen menores o mayores a su cargo.
A esas siete familias, asegura la nota de prensa, se les ha buscado una opción de realojamiento en otras viviendas o en centros, en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo de Tenerife.
El área de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Granadilla afirma que se ha atendido a la gente y se ha actuado desde el primer momento. También se han mantenido reuniones tanto entre las administraciones supramunicipales como con los afectados, siempre para dar respuesta a las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad, se recoge en el comunicado de esa Corporación local.
En relación con este mismo asunto, Félix Hernández Miranda, concejal de Izquierda Unida en Granadilla, advierte de que el desalojo se produce incumpliendo los acuerdos establecidos por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife en materia de vivienda, que, por lo que se ve, son papel mojado, y sostiene que “el Ayuntamiento debería garantizar que esas familias tuvieran una alternativa habitacional”.
El concejal de izquierdas señala que el pasado mes de abril se produjeron reuniones para intentar conseguir una alternativa habitacional a los vecinos desalojados esta mañana del edificio Oliver. Según explica Miranda, en estas reuniones había representantes del proyecto Base 25 (gestionado por la ONG católica Cáritas), del Cabildo Insular de Tenerife, del Ayuntamiento de Granadilla y del Gobierno de Canarias.
“A pesar de ser un cargo público y concejal en el Ayuntamiento, no me permitieron estar presente en esas reuniones”, insiste Hernández Miranda, en las que, finalmente, no se ha conseguido obtener una opción residencial para las familias.
El representante de Montaña Clara y el concejal de Izquierda Unida coinciden en que ningún responsable del Consistorio local, de CC-PP, se ha acercado esta mañana al lugar del desahucio ni se ha preocupado por la situación de las 17 familias.
El consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife Julio Concepción, presente en el desalojo, explica que, entre los integrantes de las familias afectadas, se encuentran menores, incluso un niño de 13 meses. Concepción destaca que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento son responsables, junto a la Sareb, de la situación de estas familias, ya que actúan en “connivencia”.
