El Gobierno de Peña Nieto, acusado de espiar a periodistas y activistas mexicanos
El Gobierno mexicano ha hecho uso de un sofisticado software para espiar a periodistas, activistas y grupos anticorrupción que trabajan para denunciar algunos de los casos de corrupción, crímenes y abusos de autoridad más infames del país.
Estas personas recibieron mensajes sms con enlaces que parecían legítimos pero que llevaban a páginas falsas y a la instalación de un malware en sus teléfonos móviles, según ha revelado una investigación de la organización de libertad de prensa Artículo 19 y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
El malware, que registra las teclas pulsadas y pone en peligro la listas de contactos, ha sido utilizado contra varios objetivos: desde activistas que abogan por el impuesto a los refrescos, periodistas que informan sobre supuestos casos de atrocidades en el Ejército, en incluso contra los abogados que representan a las familias de los 43 maestros secuestrados por la policía.
El spyware, producido por el grupo israelí NSO, se vende únicamente a gobiernos, lo que lleva a los investigadores a pensar que el espionaje fue una operación dirigida por el Estado mexicano. Aun así, advierten que no hay “evidencias concluyentes que atribuyan estos mensajes a agencias gubernamentales específicas de México”.
El escándalo ha provocado indignación en México, donde los ataques a la prensa y a los activistas acaban a menudo impunes y donde seis periodistas han sido asesinados en 2017.
“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo para intimidar a los defensores de los derechos humanos, a los activistas y a los periodistas”, afirma un comunicado de las víctimas. “Permite controlar el flujo de información, así como los abusos de poder”, añade.
El caso de espionaje empeora la ya de por sí tensa relación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y su Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la sociedad civil mexicana.
Peña Nieto ha promovido una imagen internacional de México como un país progresista y reformista, además de denunciar activamente el deterioro de la democracia en Venezuela. Pero los críticos cuestionan su expediente interno y apuntan al espionaje de activistas y periodistas como uno de los peores excesos de la Administración, como el escándalo de la Casa Blanca, en el cual la primera dama compró una mansión a un empresario amigo.
“Tienen tendencias autoritarias”, explica Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), un think tank, y uno de los que recibió los enlaces con malware.
IMCO ha luchado por la creación de un sistema anticorrupción y una iniciativa para hacer público el patrimonio de los políticos. Su director, Juan Pardinas, declaró a the New York Times que su mujer había recibido mensajes equivocados con supuestas historias de aventuras extramatrimoniales o de individuos armados en la puerta de su casa como una tentación para hacer click en el enlace de activación.
La periodista Carmen Arístegui, cuyo equipo destapó el escándalo Casa Blanca, afirma que recibió falsos correos cuyo remitente se hacía pasar por la embajada estadounidense en México. Su hijo Emilio, de 16 años, también fue uno de los objetivos, lo que lleva a su madre a preguntarse: “¿Qué iba a hacer el gobierno de Peña Nieto con información de un joven estudiante?”.
Gerardo Priego, expolítico del conservador Partido de Acción Nacional, asegura que el espionaje no es nada nuevo en México. Las embarazosas conversaciones privadas de políticos se filtran constantemente. Muchos en política y campañas electorales utilizan el teléfono móvil y el correo electrónico lo mínimo posible en sus comunicaciones, dado que saben que es probable que haya alguien escuchando. La práctica se extiende ahora a activistas y periodistas, cuenta, porque los movimientos a favor de los derechos humanos y contra la corrupción están ganando terreno.
“A menudo hay gente más peligrosa para el establishment político entre la ciudadanía rebelde que en la propia política”, explica Priego. “Los miembros de los partidos siguen haciendo cola para darse un banquete con este pastel gigante hecho de poder y dinero, por eso [los ciudadanos] son más peligrosos para el Gobierno y políticos”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
