Podemos extraer muchas enseñanzas del pavoroso incendio que se inició el viernes 13 de mayo en el vertedero de neumáticos de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid). Enseñanzas de cómo no se deben gestionar los residuos, de qué forma el urbanismo y las infraestructuras se han plegado solo a los intereses de unos pocos, de la manera en que se ignoran sistemáticamente las advertencias y denuncias de los grupos ecologistas, o de cómo se da prioridad a trasmitir un vano mensaje de tranquilidad para que no cunda la alarma frente a la necesaria protección de la salud de la población. Hagamos un pequeño repaso de todo ello.
El macrovertedero surgió en 1990 como depósito temporal de neumáticos, a la espera de ser reciclados, pero acabó convirtiéndose en un enorme almacén permanente, carente de autorizaciones. En 2003 el vertedero fue declarado ilegal por no respetar las normas medioambientales. Ya en 2005 hubo varias sentencias en contra, que nadie ejecutó, como tantas veces ocurre en casos medioambientales. La empresa que gestionaba el depósito, denunciada ante la justicia, abandonó el lugar y en 2010 una decisión judicial declaró los neumáticos “bienes abandonados”, dejándolos a disposición del Ayuntamiento de Seseña. Desde entonces se han producido varios anuncios de actuación por parte de las diferentes administraciones implicadas, pero la realidad es que no se ha hecho nada.
El alcalde de Seseña que dio licencia a Francisco Hernando, Paco El Pocero, para construir nada menos que 13.500 viviendas –al final se concluyeron 7.500– en una zona desgajada del núcleo urbano, fue el mismo que dio licencia al vertedero, a pesar de que las casas y los neumáticos quedaban a 400 metros. Y sin olvidar que entre ambos trascurría la R4, una de las autopistas de peaje quebradas por falta de demanda y que rescataremos con dinero público. Toda una imagen de lo peor de nuestra burbuja inmobiliaria y de infraestructuras.
Las 11 hectáreas donde se acumularon más de 100.000 toneladas de neumáticos se extendieron desde el término municipal de Seseña hasta el vecino Valdemoro, convirtiéndolo en el mayor vertedero de España. Y la pelota ha ido pasando este tiempo de unas a otras administraciones sin que nadie solucionase el problema, sin bien justo es reconocer que se estaba ultimando un plan para resolverlo –otro asunto distinto es que las medidas planteadas fueran adecuadas–. Las principales responsables han sido tanto la Junta de Castilla-La Mancha como la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Seseña y el Gobierno central, que adolece de una clamorosa falta de liderazgo a la hora de abordar situaciones como esta.
Pero si algo no faltó en este tiempo fueron las denuncias sobre el riesgo que implicaba la instalación. Ecologistas en Acción llevaba años alertando sobre ello. Pero algunos avisos fueron mucho más serios: el verano pasado ardieron durante 25 días 12.000 toneladas de neumáticos cerca de León, generando un problema de contaminación de grandes dimensiones, aunque los datos de calidad del aire, que nuestra organización exigió desde el primer momento, no se hicieron públicos hasta 4 meses después.
También llama la atención que ni siquiera existiese un plan de actuación y de extinción en caso de que ocurriera lo que tantas veces se había advertido. Efectivamente, aunque la imagen que se ha querido dar es de coordinación, lo cierto es que mientras los bomberos de la Comunidad de Madrid echaron gran cantidad de agua en su parcela (algo contraindicado, puesto que aviva el incendio) los de Castilla-La Mancha usaron otras técnicas. Unas y otras resultaron ineficaces, pues no se disponía ni de los conocimientos ni del material adecuado para apagar un fuego de estas características. De hecho, durante varios días se han tenido paradas las labores de extinción, esperando que se consumieran los neumáticos, aunque desde el domingo pasado parece que ha cambiado el criterio y se ha optado por acelerar la combustión para que el incendio, y con él la emisión de humos tóxicos, termine antes.
La cantidad de contaminantes que se han vertido a la atmósfera es brutal. La Junta de Castilla-La Mancha estima que se puede estar quemando el 70% del vertedero. Según esto, se emitirán nada menos que 7.945 toneladas de partículas de menos de 10 micras, PM10, equivalente al 6,5% de lo que se emite en un año completo en el Estado español, y no hay que olvidar que estas partículas provocan más de 25.000 muertes prematuras cada año en nuestro país. Por su parte, las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP (muchos de ellos cancerígenos, como el benzo-a-pireno) llegarían a 238 toneladas, es decir, una cantidad equiparable a lo que se emite a lo largo de un año en todo nuestro territorio. Un completo desastre.
La principal crítica que hemos realizado los ecologistas desde que se inició el fuego ha sido la de que no se hayan extremado las medidas de precaución hacia la población, así como por la escasez y mala calidad de la información facilitada. Efectivamente, a juicio de Ecologistas en Acción la urbanización de El Quiñón debería haberse mantenido evacuada como se hizo solo en un primer momento, apenas un día. Pero se ha optado por mandar mensajes tranquilizadores: “la calidad del aire es normal”, cuando en realidad depende de la dirección que tome el viento. De hecho, numerosos estudios demuestran que en las proximidades del incendio la cantidad de contaminantes que arrastra el viento es claramente nociva. También seguramente habría sido prudente evacuar otras zonas de la parte madrileña, como el Pau de la Montaña, en el término de Aranjuez, que han registrado importantes picos por algunos contaminantes.
De igual modo la información que han ido trasmitiendo las distintas administraciones ha sido contradictoria: un día se abren los colegios, otro se cierran; se afirma que el aire es normal, pero al poco se recomienda a las personas que permanezcan confinadas en las viviendas; se mandan mensajes tranquilizadores, mientras a la gente le pican los ojos y la garganta. Se ha tratado de que la situación pareciera bajo control, cuando en el fondo la calidad del aire que se respira depende de la dirección del viento.
¿Y qué va a ocurrir cuando se apague el incendio? Pues lo primero que habrá que hacer es limpiar muy bien toda la zona, con técnicas adecuadas que eviten la recirculación de los tóxicos. En especial hay que prestar mucha atención a los suelos, los acuíferos y los cultivos, en los que se puedan haber depositado sustancias peligrosas para la salud. Y la descontaminación puede ser muy larga y costosa. Queda mucha faena por delante.
Y otro asunto por zanjar será el qué hacer con las casi 30.000 toneladas de neumáticos que es posible que no se quemen. La solución que se está apuntando no deja de ser paradójica: incinerarlos usándolos como combustible en cementeras. Siempre se dice que esto se hace con todo tipo de controles y filtros, pero luego está la realidad: en el caso de la mayor cementera del Estado español, la de Portland Valderrivas en Morata de Tajuña, que lleva quemando residuos y neumáticos desde 2013, ha provocado que las mediciones de dioxinas, unas de las sustancias más tóxicas que existen en la naturaleza, hayan aumentado un 729% en los alrededores de la fábrica.
En definitiva, estamos ante otro caso más de cómo la desidia administrativa y el hecho de ignorar una y otra vez los riesgos ambientales nos conduce a situaciones muy complicadas y difíciles de gestionar. El incendio de Seseña es también una muestra de la importancia de una disciplina, la planificación territorial, sacrificada a los intereses especulativos. Y por último, resulta un magnífico ejemplo de como para nuestros gestores es más importante no generar alarma social que la propia salud de la población. Así nos va.
