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La muerte del Congreso

Pablo Casado y los portavoces del PP, durante la sesión de control de este miércoles.ajas sobre el 'caso Ábalos'

Elisa Beni

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"La ley es ahora una mera continuación de la política por otros medios"

Lord Jonathan Sumption. Exmagistrado del Tribunal Supremo británico

Les diría que estoy de duelo si no fuera porque ya estoy convencida de que el asesinato de las formas más sagradas de la democracia es una tendencia internacional y probablemente irrefrenable que nos obliga a replantearlas o a asumir que en un futuro habrá más países con un régimen iliberal y anticipatorio, tipo China, que países con una democracia liberal y parlamentaria tal y como la conocemos.

La sesión de control parlamentario de este miércoles en el Congreso no es sino una muestra más. Una constatación que en nuestro país ya viene alimentada por las sesiones de investidura, por las broncas, y por la conversión del hemiciclo en un inmenso plató en el que se habla a las cámaras y no a los otros diputados. Sin cámaras las cosas serían de otra manera pero -esto también es un hecho- ya es imposible sacarlas de allí como lo es reeducar a los parlamentarios, alterar las nuevas consignas de los spin doctors o tan siquiera cambiarnos a nosotros mismos y nuestros sesgos cognitivos, que cada vez consumen más simpleza y más rapidez y más polarización.

Por eso el Congreso agoniza y está siendo sustituido por los platós de televisión y por los tribunales de Justicia. No cabe duda de que la mayor parte de los líderes políticos actuales han captado esta arriesgada tendencia del siglo XXI ni tampoco de que la oposición de las tres derechas está dispuesta a ser consecuente con ambas cosas. Por eso ha convertido el acto parlamentario de control al Gobierno, un eje de la democracia parlamentaria, en una mera plataforma de mensajes de marketing político para ser consumidos audiovisualmente y en las redes por su propio público. De ahí que las preguntas presentadas no sean tales sino la apariencia formal que pide el sistema para emplearse luego en lanzar su cúmulo de eslóganes, convenientemente preparados para ser utilizados, en directo o en diferido, para otra guerra distinta. El resultado es un disloque parlamentario en el que la figura más importante de control político ha perdido todo su significado.

El significado de la acción de preguntar al Gobierno reside en la necesidad de controlar que la tenencia de una mayoría no permita que ésta se haga con el cien por cien del botín político. Todas las democracias han implementado sistemas de control de las mayorías: uno es la política representativa, con la deliberación parlamentaria, y el segundo es la ley. Ahora vemos como ambos sistemas son pervertidos, a hoz y coz.

El hecho de que el pueblo elija a sus representantes -que son representantes y no empleados del pueblo, como ha intentado malvender el neoliberalismo- nos procuraba la posibilidad de que estos pudieran actuar generando consensos y pactos que, en puridad, conseguirían un catálogo de políticas mejores que la suma de los meros intereses individuales. Esa disfunción es la que apreciamos con la aplicación del referendum como mecanismo para resolver problemas complejos. Lo que democráticamente se entiende es que esos representantes -que tienen más información y un enfoque más reflexivo- podrán deliberar y pactar acciones políticas más beneficiosas para el común de los ciudadanos.

Eso es lo que se podía entender como acción de los llamados partidos de Estado, antes de que eso también se convirtiera en un concepto sin contenido para los líderes políticos. James Madison, redactor de la Constitución estadounidense, decía: “Bajo una regulación así, bien puede suceder que la voz pública, emitida por los representantes del pueblo, sea más acorde con el bien público que si la pronuncia el pueblo mismo”. Pero para que eso sea así, Casado y el resto de la oposición deberían asumir que tienen un papel en la asamblea deliberativa de la nación y que ésta que tiene un interés común más allá del de devolverles a ellos el poder. Ayer volvimos a ver claro cómo la oposición en pleno está dispuesta a seguir por la vía de la ruptura de los principios de la democracia parlamentaria representativa.

La otra quiebra se produce en el segundo sistema de control que es la ley. Es también una deriva transnacional que el PP, Vox y Ciudadanos están aprovechando como si fuera viento en sus velas. “Como los políticos han perdido su prestigio, los jueces no han dudado en mostrarse dispuestos a cubrir ese vacío (...) los tribunales han desarrollado un concepto más amplio de lo que es el imperio de la ley, uno que va bastante más allá de su papel tradicional y que se adentra en las esferas de la política legislativa y gubernamental” y esto no lo digo yo sino un prestigiosísimo exmagistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido, Lord Jonathan Sumption, al que han llamado “el hombre más inteligente de Inglaterra”. Eso que él explica tan bien, y que en España sucede de una forma tan exacerbada y combativa que hemos dado en llamarlo “Brigada Aranzadi”, es una peligrosa evolución que las tres derechas conocen y el motivo por el que han verbalizado sin complejos que van a llevar a cabo la oposición en los tribunales. El simple hecho de tenerlos copados por personas afines no garantizaría las posibilidades de éxito si no se diera de forma simultánea con esta deriva.

Ahora los partidos políticos o los grupos de presión sólo tienen que ponerles los asuntos delante, y a eso se están dedicando, Como dice Lord Sumption, con todo conocimiento de causa: “Si la judicatura reivindica el poder de otorgar efecto legal a sus opiniones y valores ¿qué es eso sino la reclamación del poder político sin responsabilidad política?” Por eso nos invita a todos a preguntarnos si son los tribunales los lugares donde han de resolverse las diferencias de opinión sobre cuestiones que en realidad son políticas. La respuesta de la oposición es sí, y ya les he contado otras veces por qué están convencidos de que a ellos les va a venir bien que la justicia sea ahora la continuación de “su” política por otros medios. Este es el verdadero problema al que nos enfrentamos y no esa simplificación de la politización de la Justicia o de la judicialización de la política. Es un fenómeno de más calado y sustancialmente más peligroso para el fondo de la democracia liberal. El poder sin responsabilidad aterra.

No soy optimista. Sólo un empuje conjunto podría insuflarle vida al núcleo de la democracia que no es sino el Parlamento y, la verdad, no creo que haya patriotas suficientes para hacerlo.

Mientras, ¡que siga el espectáculo!

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